La fiscal penal de Salta imputó a la propietaria del predio donde el 23 de marzo se hizo una polémica boda en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate.

La información fue confirmada por el sitio www.fiscalespenalesalta.gob.ar: no difundieron la identidad, pero sí la imputación por parte de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, de «una mujer de 36 años por la presunta comisión de los delitos de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso, en el marco de una investigación iniciada tras detectarse irregularidades en la autorización presentada para la realización de un evento en la Quebrada de las Conchas».

Quien se identificó como dueña del predio cuando estalló el escándalo fue Lucía Grajales Soriano. El caso tuvo repercusión nacional luego de que se conocieran, a través de redes sociales, las imágenes del casamiento de Nicole Pocovi y Federico Maran.

La ceremonia y la fiesta se realizó en el entorno protegido de la Quebrada de las Conchas, una impactante formación rocosa que integra el recorrido de la llamada la ruta escénica, que tiene unos 80 kilómetros de extensión, y serpentea los valles Calchaquíes en la región de Cafayate.

Pero el escándalo creció aún más cuando la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta denunció que la autorización que habían presentado los dueños del predio para la realización del evento era falsa.

El gobierno salteño aclaró entonces que las actividades en áreas naturales protegidas están amparadas en la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas”. Las normas establecen que “cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”.

La resolución de la fiscal Rojas detalla que la fiscalía «consideró que existen indicios suficientes para sostener, en esta etapa inicial, que la imputada habría confeccionado y/o utilizado un documento público falso con el objetivo de simular una autorización oficial para la realización del evento, conducta que encuadra provisoriamente en los delitos previstos en los artículos 292 y 296 del Código Penal».

Y agregó que «a imputada, manifestó su intención de declarar por escrito, para lo cual cuenta con un plazo de 48 horas, conforme lo establece la normativa vigente».

La investigación de la Justicia apunta a la propietaria del predio, no a los novios que organizaron una lujosa boda XL de cuatro días a la que llamaron «Cafayate Fantasy».

La novia, hija de Marcelo Pocovi —ex marido de Zulemita Menem— y dueña de una marca de anteojos de diseño, se había desligado de las responsabilidades y cargó justamente contra los dueños del lugar.

«El espacio donde se realizó el evento es una propiedad privada que pertenece a la familia Soriano desde hace más de 60 años y nosotros lo alquilamos directamente a ellos”, dijo en un mensaje que envió a un programa televisivo.

«Según tenemos entendido este permiso debe ser gestionado por el propietario del inmueble. Nuestro contrato establece que deben garantizar todas las habilitaciones necesarias. Nos confirmaron que el trámite estaba realizado y por nuestra parte no es habitual que el cliente verifique los permisos”, se defendió la empresaria.