La noticia saltó poco antes de Semana Santa, con un titular tan espectacular que, 12 años después de la desapiración de los normalistas de Ayotzinapa, volvió a atraer la atención. En la bodega de una funeraria en Iguala, lugar del ataque, las autoridades habían encontrado restos óseos de 2014, año en que ocurrió la embestida. Un testigo señalaba además ese lugar desde hacía años. Los dueños del establecimiento habían sido detenidos meses atrás y las autoridades habían encontrado registros de comunicación entre ellos y el grupo criminal que lideró la cacería de estudiantes, Guerreros Unidos. Los huesos hallados de 2014 cerraban un poco más el círculo: ¿el caso Ayotzinapa avanzaba a una resolución?
La tesis de las funerarias llevaba meses instalada en la mesa de las autoridades: la idea de que el grupo Guerreros Unidos, respaldado por una extraordinaria red de apoyo institucional, había acabado con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y se había deshecho de sus cuerpos en hornos crematorios de funerarias. Así lo había dicho el testigo protegido alias Neto, que en sus declaraciones señalaba el uso de dos hornos, el de funerarias Urióstegui y el de “Los Verdes”, que luego identificó como el crematorio de funerarias El Ángel. Era una nueva vía, una explicación alternativa a la primera hipótesis sobre lo ocurrido, el relato que armó el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que decía que Guerreros Unidos había matado y quemado a los estudiantes en un basurero en Cocula, cerca de Iguala.
Aquella versión, derivada de los peritajes de la vieja Procuraduría General de la República (PGR), chocó enseguida con los estudios de los equipos de investigación independientes. Tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), líder en su campo, como el GIEI, el grupo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandó a México para investigar el tema, señalaron que el basurero en cuestión no había albergado una hoguera de las características necesarias para reducir a los 43 a cenizas. Aquel choque ocurrió un año y medio después del ataque. Y desde entonces, ni la PGR, ni los diferentes equipos de investigación que se han sucedido en tres sexenios distintos han dado con una hipótesis certera de lo ocurrido.
La tesis de las funerarias ocupó espacio en la prensa y en el radar de las autoridades en las semanas posteriores al ataque, pero el asunto perdió vuelo pronto. Fue durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) cuando cobró nueva relevancia. Y todo por el testigo Neto, cuyas afirmaciones acabaron incluso en las páginas del libro que el mandatario dedicó a su Gobierno, titulado Gracias. El hecho de que colocara el testimonio de Neto en aquellas páginas implicaba que López Obrador creía en las hipótesis de las funerarias, posibilidad que siempre había sido marginal, al borde del descarte.
Luego llegó el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Salvando las distancias con lo ocurrido en años de Peña Nieto, cuando la ruptura entre el Ejecutivo y las familias de los estudiantes era total, el sexenio de López Obrador había concluido con el ambiente enrarecido. Las familias exigían que el Ejército entregara una serie de documentos de espionaje que podrían contener información del ataque, de los días posteriores y, por tanto, del destino de los muchachos. El Ejército y López Obrador aseguraron que todo lo que había en los archivos se había entregado. Las familias acusaron al Gobierno entonces de simular, de apoyar una investigación que, en el fondo, socavaba.
Con Sheinbaum, unos y otros hicieron tábula rasa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ganó relevancia en las pesquisas, en detrimento del equipo de la Secretaría de Gobernación, liderado por Arturo Medina, y de la unidad especial de la Fiscalía General de la República (FGR), heredera de la PGR, en manos de Mauricio Pazarán. Los primeros exprimieron el vasto campo de las comunicaciones que todos los actores implicados en el ataque, víctimas y victimarios, mantuvieron antes, durante y después del ataque. El equipo de Medina hizo lo propio con las funerarias, y así llegó la primavera de 2026, cuando el cruce entre una y otra madeja de hilos abonaba a la idea de una posible resolución.
Sin embargo, los milagros, en el caso Ayotzinapa, aunque existen, son más bien escasos. “Las autoridades insinuaron que esos restos eran de los estudiantes”, explica Isidoro Vicario, representante de las familias, en referencia a las bolsas rotuladas con “2014”, halladas recientemente en funerarias El Ángel. “Y las familias decían, ‘bueno, pero no es posible’, así decían”, añade. Era mediados de marzo y los equipos de Medina y Pazarán llevaron a las familias a la casa mortuoria, en las afueras de Iguala. Les explicaron que los restos habían aparecido en unas bolsas, rotuladas con esa fecha, “2014″, en un galpón de la empresa. La incredulidad de las familias apuntaba precisamente al envoltorio. ¿Qué tipo de criminales habrían matado a 43 muchachos y se habrían molestado en guardar sus restos en bolsas rotuladas?
Las autoridades tienen estos días el predio de El Ángel patas arriba. Incluso han levantado el concreto de la rampa de entrada, según ha podido saber EL PAÍS, con la esperanza de hallar entierros clandestinos debajo. Según Vicario, el EAAF analizará los restos de la bolsa de 2014. Pero las esperanzas son pocas y están preñadas, además, de suspicacia. “En caso de que encontraran un positivo, la situación sería muy cuestionada, porque, ¿cómo es que estuvieron ahí desde 2014 y nadie los vio?”. A estas dudas se añaden otras, sobre el pasado de la funeraria. “En 2014, esa funeraria no estaba ahí, estaba más para Mezcala”, dice Vicario, en referencia a un antiguo predio, a unos cientos de metros del actual. “Luego la movieron, porque había quejas de olores de una escuela de al lado”, añade.
Así, la tesis de las funerarias abre más incógnitas. Si Guerreros Unidos usó de verdad crematorios de El Ángel en 2014, ¿cuáles fueron? Porque en 2014, El Ángel realizaba su actividad en el predio viejo, no en el nuevo, donde el testigo Neto dice que llevó cuerpos de los 43 para quemar. Luego están las llamadas entre presuntos integrantes del grupo criminal y los responsables de la funeraria, ahora detenidos. ¿De qué hablaron? ¿Acaso tenía que ver con el ataque? A casi 12 años del ataque, las dudas siguen dominando el paisaje. Y el caso, lejos de resolverse, parece ir de pantano en pantano.
