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Esta semana, Nassau, la capital de las Bahamas, será la ciudad anfitriona de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4 de Escazú), primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo diseñado para proteger a las personas defensoras del ambiente. Sin embargo, el balance sigue siendo el de una región que necesita pasar del papel a la acción.

En la COP4, los 19 Estados Parte darán seguimiento a los objetivos planteados en la COP3 de 2024 y reportarán cómo han implementado el tratado en sus países. Entre los temas centrales figuran el balance del plan de acción regional sobre defensoras y defensores ambientales; el registro de emisiones y transferencias de contaminantes; la participación del público en los procesos de toma de decisiones relativos a proyectos y actividades que puedan tener impacto ambiental significativo; el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del acuerdo.

Pero más allá de la agenda formal, la pregunta que sobrevuela Nassau es: ¿cuánto de lo acordado se ha convertido en realidad concreta en los territorios?

Argentina: marcada por retrocesos

Si bien Argentina cuenta con un Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, aprobado a fines de 2023, en la práctica los avances son nulos. Desde la COP3, los cambios fueron en sentido contrario a los compromisos asumidos. A través del Decreto 780/2024 —publicado en septiembre de 2024—, se restringió el acceso a la información pública, ampliando las facultades discrecionales de los funcionarios para decidir qué información brindar y estableciendo sanciones para quienes la solicitan reiteradamente.

La participación pública también se ha visto afectada. Un ejemplo reciente es el proceso de audiencias públicas convocadas por la modificación de la Ley de Glaciares, caracterizado por restricciones a la participación social, donde había más de 100.000 personas inscritas para participar, pero menos de 200 pudieron hacer uso de la palabra.

A su vez, el cuadro de retrocesos es amplio: desaparición de estructuras dentro del Ministerio de Ambiente, derogación de herramientas para energías renovables, modificaciones legales que habilitan reemplazar audiencias públicas por mecanismos alternativos, eliminación del Fondo de Bosques Nativos y el traspaso del sistema de manejo de incendios al Ministerio de Seguridad.

En comparación regional, Argentina tiene los instrumentos formales, pero los retrocesos normativos y la falta de avances la ubican en un escenario preocupante en materia de cumplimiento de los compromisos asumidos.

Colombia: implementación incierta

Colombia es el caso más reciente de incorporación al acuerdo. Tras años de dilaciones y una campaña de desinformación durante la fase de debates en el Congreso de la República, logró su ratificación a partir del reconocimiento de su constitucionalidad para integrar este instrumento en el marco normativo nacional. Es un avance político significativo, pero el camino que sigue es largo.

El historial colombiano en materia de protección de defensores ambientales no es alentador: la violencia contra líderes socioambientales persiste; el actual Gobierno de Gustavo Petro, pese a ser progresista y priorizar la protección de personas defensoras, no ha logrado generar cambios de fondo como la necesaria reestructuración de la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de definir las rutas de prevención y protección de estos liderazgos. A la fecha, es una entidad que no cuenta con un enfoque diferencial en su política y está desconectada de otras entidades a nivel nacional, como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En el ámbito normativo, el Ministerio de Ambiente avanzó a comienzos de 2026 con una hoja de ruta de 23 acciones prioritarias para implementar el Acuerdo de Escazú, enfocado en fortalecer el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. También ha establecido el sistema de gobernanza del tratado, que será liderado desde la Comisión Intersectorial del Acuerdo de Escazú. Si bien es destacable que la consolidación de la hoja de ruta y la Comisión se realizara en articulación con organizaciones de la sociedad civil, aún se encuentra en una fase muy inicial de ejecución.

Chile: déficit real

Pese a liderar las negociaciones del acuerdo, Chile no lo suscribió cuando se abrió a firma en 2018 y recién en septiembre de 2022 se incorporó. En 2024, se convirtió en el primer Estado Parte en contar con una hoja de ruta formal, que compromete 271 medidas distribuidas en cinco líneas estratégicas. Ese mismo año, en noviembre, recibió la primera visita del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, demostrando los esfuerzos del país por retomar el liderazgo que había perdido al demorar su ratificación.

En la formalidad, hay varios elementos que sitúan a Chile sobre la media regional en materia de institucionalidad ambiental: es uno de los pocos países de la región que cuenta con tribunales ambientales especializados; tiene un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes operativo; dispone de una Ley de Acceso a la Información Pública y una Ley Marco de Cambio Climático, entre otros instrumentos. Sin embargo, la distancia entre ese marco formal y su implementación efectiva es preocupante.

Entre los principales desafíos identificados están: la dificultad para que la información sea accesible y comprensible; una participación ciudadana que no logra incidir desde etapas tempranas en los procesos de decisión; una justicia ambiental costosa y con tribunales que operan con vacantes sin cubrir entre sus miembros; y una conflictividad socioambiental creciente que convive con una tendencia a la criminalización y el hostigamiento hacia las personas defensoras ambientales.

Nassau: una nueva oportunidad

Este panorama regional llega a la COP4 en un momento donde el contexto global tampoco ayuda: estamos frente a un debilitamiento de instituciones multilaterales, líderes que cuestionan abiertamente el cambio climático y los compromisos ambientales, y una tendencia regional hacia la centralización del poder que reduce los espacios de participación.

Pero no todo es camino sinuoso; en julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la Opinión Consultiva 32 sobre emergencia climática y derechos humanos, solicitada por Chile y Colombia, estableciendo obligaciones concretas para los Estados, como abstenerse de retroceder en la protección climática y de derechos humanos, tal como se plantea en el Acuerdo de Escazú.

La COP4 tiene entonces una oportunidad concreta: convertir lo establecido por la Corte en mecanismos de exigibilidad más robustos, fortalecer el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, y generar presión política real sobre los países que carecen de avances. El Acuerdo de Escazú no es solo un tratado: es la apuesta de nuestra región para fortalecer la democracia ambiental y los derechos humanos.