En detalle | Lo que sabemos hasta ahora del peaje por cruzar el estrecho de Ormuz que reclama Irán
Irán ha incluido en su documento de 10 puntos para negociar una paz definitiva la exigencia de que se garantice su «control» sobre el estrecho de Ormuz. La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní ha aprobado ya un proyecto de ley de peajes y lo ha remitido al pleno de la cámara para su debate, según la agencia estatal iraní Mehr. Pero la norma no hace sino codificar lo que ya ocurre en el agua: la Guardia Revolucionaria aplica de facto un sistema de peajes antes de permitir el paso, según Al Jazeera. ¿Es esto legal?
¿De quién es el estrecho de Ormuz? El estrecho baña las costas de dos países: Irán y Omán. Ambos tienen soberanía sobre esas aguas, pero esa soberanía tiene límites. La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar establece que en los estrechos considerados vitales para la navegación internacional rige el llamado derecho de tránsito. Esto significa que cualquier embarcación puede atravesarlos libremente siempre que el paso sea rápido e ininterrumpido y no amenace la seguridad del país ribereño.
¿Cuánto cobraría Irán? El texto aprobado por la comisión parlamentaria no detalla la cuantía, pero la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, apunta dos opciones: un pago fijo de dos millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento de cada barco, similar al del Canal de Suez. Tasnim estima que Irán podría ingresar unos 100.000 millones de dólares anuales, una cifra superior a sus ingresos por ventas de petróleo, estimados en 80.000 millones.
¿Puede Irán cobrar por ese paso? No, según los expertos en derecho internacional consultados por EL PAÍS. La Convención de la ONU estipula que solo se puede cobrar a un buque por servicios concretos que el país le preste, como el uso de esclusas. No es legal imponer un peaje por el mero tránsito. «Algo que, de hecho, remite casi a un concepto mafioso», señala Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco.
¿Y si un acuerdo de paz lo autorizara? Tampoco tendría respaldo legal. Jaume Saura, catedrático de la Universidad de Barcelona, matiza que si finalmente se autorizara algún tipo de compensación por los daños de la guerra, esta solo debería aplicarse a buques de Estados Unidos e Israel, los países que iniciaron el conflicto, y no a toda la comunidad internacional.
¿Qué precedente sienta esto? Uno preocupante, según Félix Arteaga, investigador del Real Instituto Elcano. «Ha puesto en evidencia lo fácil que es, con la tecnología moderna, interrumpir el derecho de tránsito en aguas internacionales». El experto advierte de que el riesgo mayor es que, en el futuro, sean grupos no estatales los que exploten esa vulnerabilidad, «como hicieron en tiempos los piratas».
