Las pruebas forenses hablaban por sí solas y el cerco investigativo no dejó ninguna salida posible. Acorralado por una autopsia irrefutable y para evitar el banquillo de un juicio por jurados, Gustavo Olguín decidió romper el silencio para confesar el crimen más atroz. El hombre admitió haber abusado y asesinado a su propia hija de dos meses en 2023, por lo que la Justicia mendocina lo condenó a prisión perpetua.
El oscuro episodio comenzó a destaparse en agosto de aquel año en una humilde vivienda de la localidad de Las Heras. En plena madrugada, un llamado desesperado al 911 alertó sobre una beba con severos problemas respiratorios. La pequeña Emma ingresó de urgencia al Hospital Notti, donde los médicos lograron estabilizarla tras un paro cardíaco, pero descubrieron evidentes y dolorosos signos de abuso en su cuerpo.
El cuadro clínico empeoró drásticamente y la menor falleció a las 48 horas de su internación en terapia intensiva. El informe posterior del Cuerpo Médico Forense constató que la víctima sufrió una severa hemorragia cerebral producto de un violento zamarreo. Además, los peritos detectaron marcas compatibles con golpes de una varilla en todo el torso y confirmaron que la niña padeció un brutal abuso sexual con acceso carnal.
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Durante la primera etapa de la instrucción penal, los fiscales imputaron a la madre de la beba bajo la firme sospecha de complicidad. Sin embargo, la mujer logró su sobreseimiento definitivo en junio de 2025 tras presentar una sólida coartada documental. Las autoridades comprobaron que, al momento del ataque, ella se encontraba en una guardia odontológica y la niña había quedado bajo el exclusivo cuidado del padre.
Sin margen para mayores maniobras legales, la defensa oficial y la fiscalía sellaron el acuerdo final en una de las salas del Polo Judicial. El Tribunal Penal Colegiado N° 2 dictó la pena máxima al hallarlo culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.
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El escándalo de la morgue y el hermano a salvo
En medio de la urgencia inicial por esclarecer la dinámica violenta de la familia, la Justicia ordenó de manera inmediata la revisión médica del hermano mayor de Emma, un niño de apenas un año y medio. Afortunadamente, el equipo de pediatría del Estado descartó cualquier riesgo físico y confirmó que el menor no presentaba signos de violencia ni rastros de haber sufrido abusos.
Más allá del aberrante accionar del asesino, el expediente destapó un profundo escándalo institucional que sacudió los cimientos del sistema mendocino. Un año después del homicidio, en agosto de 2024, un gravísimo error administrativo de la Morgue Judicial provocó que los restos de la beba fueran entregados por equivocación a una funeraria privada que procedió a su cremación.
La imperdonable destrucción de pruebas y del cuerpo generó una oleada de indignación social que obligó a las altas esferas a tomar medidas de impacto. El escándalo derivó en la renuncia indeclinable del entonces director del Cuerpo Médico Forense, Javier Salinas, sumando un doloroso capítulo de pura negligencia estatal a la tragedia que terminó con la corta vida de la niña.
TC cp
