El destino de unos cuantos fridas, riveras y orozcos tiene en vilo a México, hasta el punto de convertirse casi en una cuestión de Estado. Desde el anuncio a principio de año de la cesión de la colección Gelman al Banco Santander, se ha despertado una formidable polvareda que ha forzado la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para intentar aclarar el embrollo. Parte del sector del arte mexicano acusa al Gobierno de trato de favor, opacidad y desprotección de una colección cuyo corazón está blindado por una estricta ley de patrimonio, que limita las salidas del país de las obras emblema, en un delicado equilibrio con los negocios privados. EL PAÍS ha seguido los pasos de los últimos movimientos del conjunto, valorado en 356 millones de dólares. Esta es la historia de cómo un movimiento millonario y habitual en el mercado del arte ha acabado convirtiéndose en un fenomenal enredo con tres protagonistas: el propietario mexicano, el banco español y el Gobierno, encargado de supervisar las obras protegidas. Incluido un préstamo por 150 millones de dólares concedido por el Santander al coleccionista mexicano, por el cual el acervo (156 obras) aparece como garantía del crédito.

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