Esta semana el fiscal penal de Mendoza Juan Gabriel Ticheli tomará declaración testimonial al pediatra y otros profesionales de salud que detectaron el intento de fraude al Estado de grupos antivacunas para evitar ser multados por no cumplir con el calendario oficial y seguir recibiendo planes sociales y beneficios de escolaridad.

La sospecha recae sobre dos enfermeros y un grupo de familias, de la ciudad de San Rafael y del Valle de Uco, que habrían pagado por certificados truchos que acreditaban que sus hijos habían recibido las dosis de vacunas que exige el calendario oficial para bebés y chicos de hasta 11 años.

La maniobra delictiva permitía a estas familias continuar cobrando planes alimentarios y sociales, y otros beneficios como acceso a la educación pública. Además, los padres y madres de estos chicos evitaban ser multados y denunciados en la Justicia por el Gobierno mendocino por no cumplir con el esquema oficial de vacunas.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal 3 de Delitos Económicos de Mendoza, a cargo de Juan Ticheli, quien ordenó allanamientos en un centro de salud de Las Heras y casas particulares.

La denuncia inicial la hizo una funcionaria del Ministerio de Salud de Mendoza, que se enteró de la maniobra a partir de la declaración de un pediatra de San Rafael que detecta que sus pequeños pacientes, de familias declaradas antivacunas, aparecían con el registro de las dosis colocadas en centros de salud alejados del lugar donde residen.

Cuando el Ministerio de Salud comienza a investigar, detecta que los certificados y el registro de las vacunas fueron cargados por dos enfermeros del Centro de Salud 22 de Las Heras, ubicado en El Pastal, a más de 250 kilómetros de San Rafael y a 100 kilómetros, en el caso de las familias de Valle de Uco.

En Argentina el plan de vacunación es gratuito y obligatorio. Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la protección colectiva enfrenta un escenario de fragilidad por el descenso sostenido en la aplicación de vacunas fundamentales en niños y adolescentes.

A los recién nacidos es obligatorio colocar Hepatitis B (dentro de las primeras 12 horas de vida) y BCG (antes del egreso de la maternidad). En el primer año de vida, Rotavirus (a los 2 y 4 meses), Quíntuple: difteria, tétanos, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis (a los 2, 4 y 6 meses); IPV (antipoliomielítica inactivada, a los 2, 4 y 6 meses), Neumococo conjugada (a los 2, 4 y 12 meses), Meningococo (a los 3 y 5 meses) y Antigripal (a partir de los 6 meses)

El calendario oficial de vacunas continúa a partir del año con Triple viral, sarampión, rubéola y paperas; refuerzo de Meningococo, Varicela, Fiebre amarilla (a los 18 meses, en zonas de riesgo), Hepatitis A y completar esquema de todas las dosis anteriores. A los cinco años y a los 11, vuelven a ser vacunados.

Mendoza fue la primera provincia en denunciar en la Justicia a las familias que incumplen el calendario oficial de vacunas, con posibles multas y hasta días de arrestos, según la normativa vigente en la provincia.

«Los padres de los niños no vacunados ofrecían dinero al enfermero para que hiciera figurar como inmunizados en el sistema informático estatal», señala la denuncia.

«La gravedad del caso no es sólo que un enfermero pueda estar implicado, sino que los padres hayan participado de la maniobra. Pagaron para que no fueran inmunizados con dosis de, por ejemplo, pentavalente, poliomielitis, neumococo y rotavirus”, dijo Sandra Gómez, funcionaria del Ministerio de Salud de Mendoza.

Por el momento no hay imputados. La Fiscalía tomará esta semana indagatorias y espera el resultado de los allanamientos para proceder a las imputaciones por posible cohecho y fraude a la administración pública.