La continua agresión que el presidente Javier Milei ejerce sobre el periodismo volvió a tener más capítulos este fin de semana, y fueron rechazadas por instituciones vinculadas a la prensa. Por un lado, la Academia Nacional de Periodismo publicó un artículo en el que recopila expresiones dirigidas contra trabajadores de prensa durante los primeros diez meses de 2026, indicando que a los continuos agravios se sumó una directa «amenaza de muerte». Por otro, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó también los nuevos agravios del mandatario contra periodistas y medios de comunicación.
Esos pronunciamientos se conocieron en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la prensa, atravesado por descalificaciones públicas, cuestionamientos al trabajo de los medios y cruces en redes sociales. Ambos pronunciamientos pusieron el foco en las consecuencias sobre el ejercicio del periodismo y la convivencia democrática.
Academia Nacional de Periodismo
Bajo el título “La violencia institucional afecta a la democracia”, la Academia Nacional de Periodismo publicó un mensaje en el que lleva una cuenta de las expresiones y publicaciones dirigidas contra periodistas entre enero y octubre de 2026. El material, con un número en 862, advierte sobre la cantidad y la gravedad de los agravios y señala que, a los insultos del Presidente contra profesionales de prensa, se sumó una amenaza de muerte.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Fue cuando el Mandatario, en un discurso enh la Fundación Faro, en alusión a los periodistas señaló «los hijos de put* se tienen que quemar en la hoguera».
La recopilación busca poner en perspectiva la sucesión de agresiones verbales registradas durante ese período y advertir sobre el clima en el que desarrollan su trabajo los profesionales de la comunicación. La entidad enmarca el problema en una cuestión que excede las diferencias entre el Gobierno y determinados medios: el impacto de la violencia institucional sobre la democracia.
El planteo adquiere relevancia por la posición que ocupa quien emite los mensajes. Las expresiones de un presidente tienen una repercusión pública diferente de las de cualquier otro usuario de redes sociales, tanto por la autoridad que representa como por la capacidad de sus publicaciones para instalar temas y profundizar enfrentamientos.
En ese sentido, los ataques contra periodistas abren una discusión sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de los funcionarios. Las críticas a una cobertura, una investigación o una opinión forman parte del debate democrático, pero las descalificaciones personales y las expresiones violentas plantean un escenario diferente cuando provienen de quienes ejercen responsabilidades institucionales.
La advertencia de la Academia Nacional de Periodismo apunta precisamente a ese vínculo entre el trato hacia la prensa y la calidad de la vida democrática. El ejercicio del periodismo implica investigar, informar y cuestionar a quienes ocupan cargos de poder, una tarea que requiere condiciones para desarrollarse sin intimidaciones ni amenazas.
Después de pedir que sean «quemados en la hoguera», Milei le dice a «Sore» que no pise periodistas
ADEPA rechazó los nuevos agravios de Milei
En paralelo, ADEPA cuestionó los ataques de Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación durante la cena de la Fundación Faro. El pronunciamiento de la entidad se refirió a las descalificaciones dirigidas contra profesionales y organizaciones periodísticas que cubrieron el caso $LIBRA, una investigación por la que el Presidente fue sobreseído judicialmente.
La asociación sostuvo que los nuevos agravios se sumaron a una escalada de las últimas semanas, que ya había sido objeto de advertencias por parte de la organización. El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de ADEPA en la red social X.
En su pronunciamiento, la entidad defendió la posibilidad de responder a las críticas y cuestionamientos mediante argumentos, sin recurrir a los agravios personales. “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica”, expresó.
La declaración puso el acento en la diferencia entre discutir el contenido de una información y descalificar a quienes la producen. En una sociedad democrática, los funcionarios pueden cuestionar las publicaciones periodísticas, refutar datos y responder a las investigaciones que los involucran. Sin embargo, esa discusión requiere argumentos y no debería transformarse en una sucesión de ataques personales.
El pronunciamiento también se inscribió en una discusión más amplia sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación. Desde el comienzo de su gestión, Milei mantuvo enfrentamientos públicos con periodistas y empresas periodísticas, a quienes cuestionó en reiteradas oportunidades a través de sus redes sociales y declaraciones públicas.
La difusión de esos mensajes suele generar repercusiones que exceden el intercambio original y trasladan la discusión a las redes sociales, donde las críticas al trabajo periodístico se mezclan con cuestionamientos personales y posicionamientos políticos. En ese escenario, las advertencias de las organizaciones periodísticas buscan mantener el foco en las condiciones necesarias para el ejercicio de la profesión.
El insulto como estrategia política: los agravios de Milei y la algoritmización de la democracia
Los pronunciamientos de la Academia Nacional de Periodismo y ADEPA coincidieron en señalar la gravedad de las agresiones contra trabajadores de prensa, aunque lo hicieron a través de materiales diferentes: una recopilación de expresiones registradas durante varios meses y un rechazo puntual a los agravios pronunciados por el Presidente durante una actividad pública.
El artículo de la Academia pone el foco en la reiteración de insultos y la alusión a la violencia, mientras que ADEPA cuestiona que el intercambio entre el poder político y los medios quede desplazado por las descalificaciones.
La discusión también involucra el papel que cumplen los periodistas en el sistema democrático. La cobertura de las decisiones gubernamentales, la investigación de posibles irregularidades y la formulación de preguntas a los funcionarios constituyen parte de la tarea de control que ejerce la prensa. Por eso, las tensiones entre los gobiernos y los medios no se limitan a una disputa entre actores políticos y empresas periodísticas, sino que también pueden involucrar el derecho de la sociedad a acceder a información.
