El conflicto salarial que involucra a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Córdoba ingresa en una semana clave. Se espera una oferta del gobierno, pero si no llega o es insuficiente, se profundizarán las medidas gremiales y podrían presentarse acciones administrativas personales o grupales. Por el momento, el servicio de justicia se resiente, especialmente en las Unidades Judiciales donde acude el ciudadano a denunciar o pedir protección.
Este año, el reclamo excede a un mero aumento de haberes. Los incrementos salariales otorgados se evaporaron con la decisión del gobierno de subir los aportes a la Caja de Jubilaciones —vía emergencia previsional— y al Apross, la obra social de la que son cautivos y que atraviesa una débil situación económica.
¿Por qué se siente aún más el impacto? La situación se asemeja a la frazada corta. Se extienden los beneficios por un lado mientras se quitan por otro. Y la inflación sigue carcomiendo los haberes.
Los que antes podían soportar porque reciben las remuneraciones más elevadas —jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios— hoy no aceptan la situación. Ni qué decir la enorme mayoría de empleados —la base de la pirámide— que, si bien consiguieron un nuevo escalafón el año pasado, la pretendida equiparación con sus pares federales se debería cumplir en tramos y el último es recién en 2028. Piden que esa meta se ejecute íntegramente este año.
Lo característico e inusual del conflicto actual es que aunó a todos: el personal y los funcionarios y magistrados, están a la par. Entre estos últimos surgió un movimiento de “autoconvocados” que se hace sentir en los pasillos y salones centrales de las sedes tribunalicias. Martes y jueves, después del mediodía, salen de sus despachos, se reúnen, aplauden y así visibilizan el descontento.
Fuentes de ese grupo fueron consultadas por Perfil CÓRDOBA y señalaron que el próximo martes resolverán las acciones administrativas “algunos a título personal y otros en forma colectiva”. Si no hay oferta oficial, serán acciones legales dirigidas al gobierno provincial.
La mentada equiparación se desmoronó
Por ley, los salarios judiciales provinciales deben representar el 90% del de sus pares federales. Para funcionarios y magistrados rige desde noviembre de 2015. A partir de entonces, las remuneraciones se ajustan con los mismos índices de actualización definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La equiparación para los empleados llegó recién el año pasado, en cuatro tramos que culminarán en 2028. Pero distintas reformas posteriores la dinamitaron.
La primera modificación significativa llegó en diciembre de 2023, cuando las leyes número 10724, 10928 y 10955 dispusieron un aumento en los aportes al Fondo Solidario de la Caja de Jubilaciones, más un incremento adicional en los descuentos de Apross. El resultado fue inmediato: la equiparación efectiva cayó del 90% al 85,43%.
El golpe final lo asestó la Ley de Equidad Jubilatoria número 11087, vigente desde diciembre de 2025. Esta última tuvo impacto en todos los haberes: empleados, magistrados y funcionarios. La equiparación real volvió a caer y se ubicó en apenas el 77%.
Hay que atender el contexto de base. Desde que asumió el presidente Javier Milei, todos los salarios en Argentina sufrieron una erosión del 29% y nunca fueron compensados. En el caso de los judiciales, los aumentos posteriores que da la Corte se aplican sobre esa base ya depreciada. Estas causas hacen que el conflicto salarial en la Justicia provincial escale sin freno.
Por su parte, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) convocó a una asamblea extraordinaria para el martes 2 de junio, con un mandato de consenso que apunta a dos paros —primero de 60 horas y luego de 72— con movilizaciones al TSJ y al Panal. Ese día se reunirán delegados de toda la provincia.
Las medidas se sienten en tribunales y, particularmente, en las Unidades Judiciales. Son un punto caliente porque son la puerta de ingreso de denuncias o reclamos de ciudadanos. El servicio está afectado y tensionado al máximo.
La Asociación de Magistrados pidió audiencia al Gobernador
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba lleva meses golpeando puertas con escasos resultados.
El 23 de abril pasado elevó una solicitud formal al presidente del TSJ, Domingo Sesin, reclamando la implementación inmediata de medidas para cumplir cabalmente con la Ley 9725. Entre las propuestas técnicas: bajar la alícuota de aportes personales del 26% actual al nivel del régimen federal, reducir el aporte a Apross al 4,5%, hacer la afiliación optativa en lugar de compulsiva y ampliar el cómputo de antigüedad eliminando el tope de 30 años y aumentando el porcentaje anual del 2% al 3%.
El 8 de mayo, luego de 15 días de silencio, la entidad volvió a la carga con un pedido de informes sobre el estado de las gestiones ante el Poder Ejecutivo, ratificando la urgencia de medidas concretas y describiendo el “profundo malestar” ante el “flagrante incumplimiento” de la ley.
Finalmente, el 21 de mayo solicitó una audiencia directa con el gobernador Martín Llaryora a través del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, para trasladar la preocupación de la comunidad judicial.
El gremio va a la asamblea extraordinaria.
La Agepj no baja los brazos y profundiza el plan de lucha. El gremio de los empleados judiciales reclama que se adelanten este año los tramos de equiparación salarial que en el acuerdo de 2025 estaban pautados para 2027 y 2028. Esperaban una propuesta oficial, pero el TSJ comunicó en la mesa de diálogo que aún estaba gestionando fondos para formular una oferta. Por eso no se interrumpieron las medidas de acción directa: el viernes 22 y el martes 26 de mayo realizaron un paro de actividades de 48 horas.
La asamblea extraordinaria convocada para el martes 2 de junio, a las 13 horas, será clave para definir los próximos pasos. El mandato que se discutirá implica escalar la presión con dos paros de 60 horas y luego de 72 horas, acompañados de movilizaciones al Tribunal Superior y a la Casa de Gobierno provincial.
