El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha anotado este lunes un triunfo político después de que la actual fiscal general y principal opositora al Gobierno, Consuelo Porras, perdiera su batalla por la reelección en Guatemala. Porras deberá entregar el cargo el próximo mes, luego de quedar fuera de la lista de finalistas que buscan presidir el Ministerio Público para el periodo 2026-2030.

Una comisión de postulación, integrada por decanos de Derecho de las diferentes universidades, representantes del Colegio de Abogados y dirigida por una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, votó este lunes la nómina que será enviada al presidente y de la que deberá escoger al próximo fiscal general del país. Porras ha quedado fuera luego de cuatro rondas. Las perdió todas con nueve votos en contra y seis a favor, lo que muestra el recelo que despierta la figura de la controvertida fiscal.

Javier Monterroso, doctor en derecho constitucional, catedrático universitario y exsecretario privado del MP, explicó que Porras podría, al igual que cualquier otro candidato, impugnar las decisiones de la comisión tanto ante la propia comisión de postulación como ante los órganos jurisdiccionales correspondientes para buscar ser incluidos en la nómina.

La comisión ha nominado a Beyla Adaly Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Julio Rivera Clavería, César Augusto Ávila Aparicio, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Néctor Guilebaldo de León Ramírez. De entre ellos deberá escoger el mandatario a un nuevo fiscal tras un largo enfrentamiento con Porras, señalada de perseguir a voces críticas y mantener una férrea oposición al Ejecutivo.

Arévalo: “Peligrosa para la nación”

El presidente Arévalo hizo la semana pasada la primer critica abierta contra Porras, al asegurar que la actual fiscal no es idónea para el cargo. “Creo que difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras. Por lo tanto no habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación”.

Desde que Arévalo ganó la primera vuelta de las elecciones generales, Porras sembró obstáculos para evitar que asumiera la Presidencia, con una ofensiva judicial sin precedentes que buscaba, en la práctica, revertir la voluntad expresada en las urnas: el intento de anular la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, del que formaba parte Arévalo, mediante la instrumentalización de la Ley contra la Delincuencia Organizada, ordenó el asalto físico a las sedes del Tribunal Supremo Electoral, donde varios fiscales secuestraron actas originales y abrieron cajas de votos, mientras se activaban causas penales —como el caso de la ocupación de la Universidad de San Carlos— para intentar despojar de su inmunidad a Arévalo y su vicepresidenta, Karin Herrera.

Fue un asedio administrativo y penal diseñado para asfixiar la transición, convirtiendo la persecución judicial en el último reducto de resistencia de las élites tradicionales frente al relevo en el poder. “Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder. El pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando”, dijo entonces el presidente. El mandatario acusó a Porras de intentar darle un golpe de Estado y aunque le pidió su renuncia, ella nunca entregó el poder.

La controvertida fiscal general que llegó al MP en 2018, ha sido la primera en ser reelecta, durante el mandato del expresidente Alejandro Giammattei. Pero su gestión será recordada por perseguir y criminalizar jueces, fiscales, activistas de derechos humanos y periodistas; por desmantelar la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Y también por estar sancionada por más de 40 países, entre ellos Estados Unidos, por sus acciones de “socavar la democracia”, y por supuestamente estar involucrada en adopciones ilegales ocurridas en los años ochenta.

El inicio de su caída

Consuelo Porras se postuló en febrero para magistrada en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala, y presentó también su expediente ante la comisión de postulación que elegirá al próximo fiscal general. Sin embargo, sus electores en la CC la rechazaron.

Hace 10 días, el MP comenzó a recibir reveses. Primero, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las órdenes de captura contra el comisionado de la extinta CICIG, el ministro colombiano Iván Velásquez Gómez y otros exfiscales anticorrupción. El recién electo Tribunal Supremo Electoral se negó luego a la petición de la FECI de informar sobre la situación de funcionarios electos por el extinto partido oficial Movimiento Semilla en 2023. También la justicia rechazó ordenar la captura del excandidato presidencial, Roberto Arzú, ordenada por el MP. Porras lo acusa de obstaculización a la acción penal por un video en TikTok en el que el político afirmó que la “sacaría a patadas del MP”.

También ha renunciado tres funcionarios de la institución: Claudia Arrecis Mena, secretaria privada, Erick Eduardo Schaeffer Cabrera, primer subsecretario general y Aura Marina López Cifuentes, fiscal regional. Todos eran parte del círculo de confianza de Porras, la controvertida fiscal que parece enfrentarse a sus horas más bajas en Guatemala.