El sol acababa de salir por el monte cuando cinco camionetas y tres motos avanzaron por un camino de tierra. Arriba iban 40 policías y miembros de la fiscalía. Recorrieron kilómetros de tierra hasta llegar a un campo de 11.800 hectáreas en Talavera, al este de Salta, muy cerca de Santiago del Estero. Un lugar perdido en el medio de la nada. La ruta más cercana está a unos 11 kilómetros y, por momentos, la señal de celular se pierde. Incluso cuando llueve, algunos caminos se vuelven imposibles.

Para las autoridades, esa distancia convirtió a estas tierras inhóspitas en un blanco fácil. Es que en Salta y Santiago del Estero denuncian que hay bandas que usurpan terrenos, talan montes nativos sin autorización, extorsionan, roban ganado de campos vecinos y explotan a trabajadores. Y en muchos casos cuentan con vínculos políticos.

“Son bandas que ocupan campos y que aprovechan las demoras de la Justicia”, explica a Clarín Jorge Neme, vicepresidente de Agrosol S.A., la empresa propietaria de la finca Santa Rita. Unas 2.500 hectáreas permanecen en manos de uno de estos grupos de usurpadores desde principios de 2026.

Cuando los policías llegaron al campo de Talavera, encontraron dos campamentos. Según fuentes judiciales, había varias personas, algunas de ellas armadas. El operativo duró tres días. Los oficiales recorrieron los distintos sectores ocupados y secuestraron hachas, motosierras, motoguadañas, puñales, ganchos, lazos, camión con rastra, rollos de alambres y dos pistolas.

También detuvieron a siete personas, acusadas de abigeato (robo o hurto de ganado) y portación de armas de fuego. Cuatro de ellas –Juan Dalmasiano Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45)– están con prisión preventiva por resolución del Juzgado de Garantías a cargo de Héctor Guzmán.

Por su parte, el juez decidió que Guillermo Bouhid (27), Víctor Gutiérrez (43) y Rodrigo Bermúdez (40) sigan el proceso en libertad, aunque la fiscalía no descarta ampliar los cargos de los imputados. Según informaron fuentes judiciales a Clarín, ninguno de ellos tenía antecedentes penales.

«Otros hallazgos se vinculan a la comisión de otras maniobras delictivas que se continúan investigando, por lo que las responsabilidades pueden ampliarse», aclara a este medio la fiscal Celeste Pisacic.

Todo comenzó cuando el administrador del campo vio que un grupo de personas instalaron un campamento clandestino en el norte del predio y cortaban postes de quebracho colorado en cantidades enormes. La denuncia fue radicada ante la División de la Policía Rural y Ambiental de El Quebrachal.

Según fuentes cercanas a la investigación, la Justicia Penal tiene muchas denuncias de este tipo: grupos vinculados a la política en Salta o Santiago del Estero que usurpan campos e instalan campamentos. Una primera medida que toman al ocupar ilegalmente es romper los alambrados y reemplazarlos.

Luego, cierran caminos e impiden el libre tránsito. El punto máximo llega cuando montan retenes ilegales y con personas armadas en los accesos e interrogan a todos aquel que pasa por la zona.

«Este problema viene desde años. La primera denuncia de la empresa fue el año pasado porque había gente que se estaba metiendo. Todo se encrudeció cuando este enero empezaron a cercar los campos y había gente armada, con chalecos», explica Julián Aguilar, abogado de Agrosol.

«Ellos estaban armados, por eso, están detenidos. Amenazaron y golpearon gente, robaron ganado. Las cosas que hicieron fueron muy graves», agrega Neme.

Incluso, en una de las denuncias se mencionó que trabajaba un menor. A partir de esta situación, la Justicia Federal hizo un allanamiento por una posible trata de personas con fines de explotación laboral. Allí encontró cuatro puestos muy precarios con 20 personas en total.

«Estas personas fueron entrevistadas como víctimas de trata en condiciones deplorables, pero no quisieron ser rescatados, quieren seguir trabajando», revela una fuente cercana a la investigación.

Una vez que usurpan los campos, llega una segunda etapa. Las bandas presentan ante la Justicia civil una usucapión –una medida para adquirir la propiedad de un bien por la posesión continua durante 20 años– junto a una medida cautelar de no innovar.

De esta manera, el juez ordena mantener todo en las mismas condiciones, prohíbe cualquier cambio hasta que no se resuelva el juicio civil. Así estos grupos aprovechan los años que demoran los juicios para explotar los montes nativos y robar ganado de los campos vecinos. Sus dueños no tienen herramientas y quedan paralizados.

«No lo van a ganar, pero a ellos no les importa eso, sino ganar tiempo para explotar el campo. Ellos estaban metidos y no cumplieron la cautelar. Lo hicimos saber en el juicio civil que ordenó una verificación al lugar. Nosotros pedimos que nos reintegren el campo», explica Aguilar.

Todavía no se resolvió la situación del campo de 11.800 hectáreas. La empresa agropecuaria apunta que el líder de la banda delictiva todavía sigue libre y que las personas detenidas operaban bajo sus órdenes.

La semana pasada, el abogado Mariano Sitelli, que defendía a cinco de los imputados, renunció por falta de pago por parte de sus clientes

Otro de los delitos que cometen estos grupos es el abigeato. Clarín accedió a la resolución que ordenó la prisión preventiva de Díaz Juan Dalmasiano (52), Torres Rafael (38), Coccioli Francisco (34) y Barvero Juan Carlos (45). Varios propietarios de campos vecinos denunciaron amenazas y extorsiones.

«Se presentaron en el puesto para exigirle el 50% de todo su ganado bajo la amenaza directa de que si no accedían, encerrarían y cargarían a todos los animales en camiones», dice un extracto.

La presión escaló de tal manera que muchos recibieron llamadas en la que les exigían coimas en efectivo de entre $ 3.000.000 y $ 10.000.000 a cambio de no robar los animales. Algunos accedieron a pagar por miedo. Sin embargo, esto no evitó que los acusados siguieran robando animales de forma sistemática.

«La banda arreaba animales a la fuerza desde afuera hacia dentro del nuevo alambrado para reclamarlos como propios«, dice otra parte de la resolución.

«Ahora están analizando entre 8 o 10 teléfonos. Estamos insistiendo en que se impute la extorsión, acá hay una asociación ilícita. Creemos que el problema es estructural en esa zona», explica Aguilar.

En esa misma línea, una fuente judicial cuenta a Clarín que estas usurpaciones no suceden solo en Salta, sino que es un problema de varias provincias del norte.

«Por ejemplo, en Santiago del Estero hay dos o tres ciudades que son urbanas y después el mayor porcentaje es rural, todo campo. Entonces, la usurpación de tierras es algo que sucede muchísimo en el interior santiagueño«, agrega una fuente judicial.

Mientras se resuelven los juicios civiles, estas bandas sacan camiones de noche con postes y rollos de árboles de quebracho blanco y colorado, sin autorización. «Están haciendo un desastre económico y ecológico. Explotan animales y hacen mucha plata con la madera», confiesa Aguilar.

Muchos propietarios denunciaron esta situación ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollos Sustentable de Salta, pero, según explican, le respondieron que no tienen recursos y que llegar hasta esos campos inhóspitos es muy difícil. Para algunos vecinos, estas personas están protegidas y se mueven entre las jurisdicciones de estas dos provincias.

«Le secuestraron cerca de 500 postes de quebracho por fuera de la autorización de desmonte», agrega el abogado.

El campo usurpado es una franja horizontal que lindera el Río Juramento y está a menos de 11 kilómetros del límite con Santiago del Estero. Estas bandas cargaban el camión a la noche en el este de Salta y en menos de quince minutos lo trasladaban a Santiago.

«La situación actual mantiene la prisión preventiva de cuatro de los acusados para evitar más consecuencias como la explotación ilícita de productos forestales. Cuestiones que fueron abordadas en procura de la sanción personal y la remediación ambiental», cierra la fiscal Pisacic.