Una veintena de hombres con pasamontañas y rifles de asalto apuntando al cielo mira a cámara con un paisaje campestre al fondo. Uno de ellos, adelantado, lee un papel. Junto a él, una sábana negra con las siglas CDS-MF sirve como identificación: Cartel de Sinaloa- Mayito Flaco, una de las facciones en las que se ha escindido el grupo criminal. En primera línea, un hombre tendido en el suelo con una ametralladora. Esta es la escenografía que montó el narco dos días después del hallazgo, el pasado sábado, de 10 cadáveres en tres puntos diferentes del Estado de Zacatecas, en el centro de México. Cinco de ellos estaban colgados de un puente, semidesnudos.
El cartel quería lanzar varios mensajes, como si la matanza de 10 empresarios y funcionarios locales el sábado pasado no hubiera sido suficiente. La calificaron de “pequeño golpe de autoridad”. En dos minutos de alocución, el grupo amenaza a “cualquier ciudadano que busque manifestarse o esté en contra de nuestras reglas” con “acabar colgado o poquito peor”. También se encara con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, de Morena, el partido de izquierdas que gobierna en México: “Si usted nos traiciona en los pactos que tenemos no solo con usted, sino con todas las corporaciones, usted y toda su descendencia van a acabar igual o peor”. Y añade esto, refiriéndose a los asesinatos: “Por nuestra parte, estamos cumpliendo, y para muestra ahí está lo que nos encargó”.
Más allá de generar terror, el mensaje es una muestra más de hasta qué punto están imbricados los carteles en el tejido social de pequeñas ciudades del país y cómo, abiertamente, pretenden imponer su lógica en los lugares en los que actúan y a toda la sociedad. La propia investigación preliminar de la fiscalía de Zacatecas apunta a la participación, “voluntaria o coaccionada”, de dos de los asesinados en un “círculo de extorsión”, y analiza también cuál era la conexión de un funcionario municipal, también asesinado. Las víctimas de la última matanza eran en su mayoría empresarios –dedicados a la minería, a la construcción, a la organización de eventos, el propietario de un bar con conciertos…– y dos funcionarios municipales en activo en la ciudad de Fresnillo –uno a cargo del desarrollo social y otro, un bombero de protección civil–.
El Gobierno estatal dice estar investigando el origen del video – “es un grupo supuestamente de un cartel diciendo una serie de tonterías con tintes políticos”, dijo el general uniformado a cargo de la seguridad en Zacatecas–, y ha planteado dudas sobre su autenticidad. Sin embargo, 48 horas después de la difusión del mensaje, el miércoles, el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, se tomó la molestia de desmentir lo que decían los narcos: “Negamos categóricamente cualquier insinuación de que haya ningún pacto o vínculo con la delincuencia organizada”.
A diferencia del trabajo que tienen las autoridades por delante para esclarecer los asesinatos, los criminales no necesitan pruebas para provocar terror e irrumpir explícitamente en la política local: les basta con esparcir dudas con ese tono tan desafiante. Incluso si se llegara a probar que el mensaje no es del narco, o que es falso, ha obligado al Gobierno estatal a contrarrestarlo, en un país en el que la sospecha de los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades ha calado y ha puesto en cuestión hasta resultados electorales pasados. El caso más llamativo es el de la victoria del gobernador de Sinaloa, también de Morena, hoy apartado temporalmente del cargo después de las acusaciones de Estados Unidos de connivencia con el narco. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a Washington pruebas contundentes antes de entregarlo a la justicia estadounidense.
Buena parte del territorio de Zacatecas es desértico y está muy poco poblado, con 1,6 millones de habitantes. Situado en el centro del país, el Estado está atravesado por una estratégica red de carreteras en las que confluyen las rutas entre el Golfo de México y el Pacífico y las que vertebran el sur y el norte, hacia Estados Unidos. Por esas vías también viaja la droga y los carteles se disputan las rutas de distribución. Pero no solo. En Zacatecas, hay enormes yacimientos de plata y otros minerales: “Los grupos criminales participan de varios negocios aparte, hay plata, oro, litio, plomo, zinc… Y son especialistas en extorsionar a las compañías mineras, que suelen tener capital trasnacional”, explica Raúl Benítez Manaut, sociólogo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
En Zacatecas opera en el norte una facción del escindido Cartel de Sinaloa, la de Los Mayos, y el Cartel Jalisco Nueva Generación, en el sur, en una pugna sangrienta por el control del territorio que ha mantenido al Estado entre los más violentos hasta hace pocos años. “El exhibicionismo de los asesinatos, con cadáveres colgados, tiene el estilo de los Zetas, que controlaron Zacatecas y fueron diezmados por la Marina de México, aunque pueden quedar remanentes”, indica Benítez Manaut, para quien el mensaje que lanzaron es una muestra de fuerza de que “llegan con mucha violencia”. Y añade: “No es normal que planten cara así. El año que viene hay elecciones y les dicen a los partidos ‘aquí estamos, somos muy poderosos y se tienen que poner de acuerdo conmigo’.
Las condolencias y los entierros se sucedieron en los dos primeros días tras el hallazgo de los cadáveres. Ocho de las víctimas murieron por asfixia y dos por herida de bala. No se sabe con exactitud cuál es la secuencia de los crímenes salvo que ocurrieron entre las cinco y las siete y cuarto de la madrugada del sábado.Hubo al menos dos reuniones de dos grupos de tres personas. El bombero estaba en uno de ellos de manera “circunstancial”, y otra de las víctimas, un exalcalde y empresario, fue secuestrado.
El fiscal estatal dijo el jueves que hay indicios de que varias víctimas estaban relacionadas “con una red de cobro de extorsiones”, de forma “voluntaria o coaccionada”, subrayó que no constaban denuncias por extorsión, reconoció la gravedad del problema y animó a denunciar, a “tener confianza” en las autoridades para prevenir. El exalcalde sí había denunciado en 2024, pero era por un asunto “que se solucionó”, dijo el secretario de gobierno, y ya no estaba activo. El viernes declaró durante tres horas el alcalde de Fresnillo, Javier Torres, del opositor PRI, cuyo testimonio el fiscal considera “esencial”, aunque no trascendió el contenido.
El gobernador David Monreal aseguró que “no habrá impunidad” y que el proceso de “pacificación del Estado es irreversible”, dijo el lunes en conferencia de prensa. “No regresaremos a esa larga noche oscura, a aquellos tiempos no tan lejanos con ejecuciones un día sí y otro también; se llegó a 65 policías asesinados en un año”, recordó. Tras la condena a la brutalidad de los asesinatos, enseguida llegaron las cifras y las barras descendentes: si en 2021 hubo 1.741 homicidios dolosos y Zacatecas era el Estado con más asesinatos por 100.000 habitantes (11,1), en 2025 ya fueron 149 y en lo que va de año, 48. “Es un esfuerzo titánico”, afirmó el gobernador, quien llegó al poder en 2021. La reducción en este indicador, según la presentación, es del 97,2%, pero no dijo nada de cómo las desapariciones y las extorsiones se han incrementado en ese mismo periodo.
El Gobierno federal envió a 400 militares a Zacatecas y este jueves a un centenar más para reforzar la seguridad. La presidenta Sheinbaum apenas se ha referido a la matanza en su conferencia de prensa diaria, pese al fuerte impacto que ha causado en la ciudadanía. Solo ha dicho que se informará y que se está investigando, mientras saca pecho, en la misma semana, de que el 21 de julio fue el día con menos asesinatos de todo el país, con 21, en al menos ocho años. De hecho, la mandataria ha elogiado la progresión de Zacatecas como un ejemplo de éxito en la caída de los homicidios.
Los 10 asesinatos han roto esa imagen. “Se redujo la violencia porque había una pax narca, un pacto mafioso para mantener la paz, no por la actuación de la seguridad pública”, plantea David Saucedo, asesor de seguridad de empresas y embajadas. En su opinión, “alguien cambió de bando en la gobernanza criminal, alguien cooperó con otro grupo rival para obtener beneficios, porque el narco no tiene partido, puede trabajar con todos en minería, actividad agropecuaria, en obras para lavar dinero… Y ese video busca provocar pánico. Lo que falta es desarticular las redes criminales, detener a narcoalcaldes”.
Fresnillo, la ciudad más poblada del Estado, de unos 240.000 habitantes, es el escenario que conecta los crímenes. Allí trabajaba la mayoría de las víctimas, que en 2021 encabezaba la lista nacional de ciudades con mayor percepción de inseguridad: el 95% de los 240.000 habitantes así lo sentía. El Gobierno municipal ha sufrido años de violencia aparte de los dos funcionarios asesinados el sábado: hace 15 días, un motorista asesinó de un balazo en el cráneo al alcalde de Fresnillo entre 2013 y 2016, Benjamín Medrano, quien había sido el primer regidor abiertamente gay de México. El anterior responsable de Desarrollo social, Juan Pérez Guardado, también fue asesinado y era cuñado de un senador hermano del gobernador. Un sobrino de ambos, funcionario en Fresnillo, murió tiroteado hace dos años.
El gobernador de Zacatecas pertenece a la influyente dinastía política de los Monreal. Nueve de sus hermanos tienen o han tenido cargos políticos en México: gobernadores, senadores, varios alcaldes de Fresnillo y otros puestos de confianza en distintas administraciones. Sin embargo, Fresnillo está ahora en manos de una coalición de partidos opositores a Morena, del PRI, el PRD y el PAN, y es en esta corporación en la que ha habido dos asesinados.
Es en este panorama en el que entra el narco a emponzoñar más la situación. “En periodos electorales, o como ahora, que se tiene que definir quién va a controlar Morena en este Estado, irrumpe la violencia”, explica el politólogo especializado en violencia electoral Noé Hernández, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. “El vídeo muestra que las organizaciones criminales quieren desestabilizar ese proceso interno [de Morena], que haya un reacomodo de sus intereses y responsabilizar al Gobierno estatal de estas muertes”, afirma. “De hecho, desafía con los asesinatos la narrativa oficial de la bajada de homicidios y pretende acusar al gobernador de criminalizar a la oposición”.
