La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo desarticulado por el Gobierno tras las acusaciones de corrupción que salieron a la luz en 2025, sigue trayéndole dolores de cabeza. El Ministerio de Salud encontró diferencias del 1000%, 2000% y hasta más del 4000% entre las facturas de compras por productos como prótesis, sillas de ruedas y andadores y sus valores de referencia en distintas empresas proveedoras.
Los datos surgen de un documento interno del Ministerio de Salud de abril de 2025, al que tuvo acceso el diario La Nación. Allí se registra, por ejemplo, la compra de un andador a un valor de $12.150.000, que supera en un 4239% al precio de referencia. Según se describe en la factura emitida a nombre del ANDIS, el producto cuenta con frenos doble función, ruedas delanteras giratorias, asiento acolchado rebatible y canasto de compras, entre otros detalles.
«El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público», se lee en el informe. El documento está en manos de la Justicia, en el marco de la segunda ronda de declaraciones indagatorias de la causa.
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Seis proveedores en la mira por sobrefacturación a Discapacidad
Las ventas investigadas se dieron con las empresas Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. El Estado pagó a estos proveedores la suma de $18.100 millones que quedaron registrados en 37 facturas recolectadas en el informe.
La principal proveedora fue Farma Salud, por un monto total de $7900 millones. Uno de sus socios mayoritarios, Osmar Mariano Caballi, está citado para dar declaración indagatoria este lunes. Es una persona que conoce tanto el sector privado como el público: durante el gobierno de Alberto Fernández, fue director general de ANDIS durante un breve lapso.
Otros dos socios de la firma, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, presentaron el jueves pasado un descargo donde niegan por escrito las acusaciones y señalan a Caballi como responsable de las transacciones. Señalaron que si bien ellos crearon Farma Salud en 2004, los problemas económicos llevaron a la compañía a minimizar su actividad, que recomenzó en 2024 a instancias de Caballi, quien habría ofrecido acercarles nuevos negocios gracias a su paso por la función pública y se instaló como socio mayoritario.
Otra de las empresas que figuran en la documentación, Bymax Medical, tenía como gerente a Patricio Oscar Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de ANDIS y procesada en la causa. Di Giorno era colaboradora de Miguel Ángel Calvete, también procesado. El informe detalla sobreprecios en facturas de distintos productos.
Sospechas sobre el sistema de licitaciones
Esta documentación cuestiona la transparencia del procedimiento por el cual el ANDIS elegía sus proveedores. El organismo trabajaba con el Sistema integrado de información y administración de prestaciones (Siipfis). Se cree que este sistema fue vulnerado, de modo que «invitaba» selectivamente a un pequeño grupo de empresas a ofertar para el Estado.
La hipótesis que maneja la Justicia es que se hayan simulado competencias de precios ficticias para pagar sobreprecios. Para comprobarlo, se llamó a indagatoria a 49 personas. Muchos de ellos están siguiendo la estrategia judicial de pedir la nulidad de toda la causa, basados en la supuesta ilegalidad de los audios que se atribuyen al ex director del ANDIS Diego Spagnuolo.
Sim embargo, esa estrategia podría debilitarse pronto: el fiscal Franco Picardi solicitó peritar la voz de Diego Spagnuolo para poder confirmar de forma científica que los audios son reales. Estos sucede cuando comienza una nueva tanda de declaraciones en la causa que investiga el juez Ariel Lijo, para establecer si hubo en el área de Discapacidad una asociación ilícita que otorgaba contratos con el Estados a cambio de coimas de entre el 12 y el 20% del valor de las compras.
