La investigación judicial que terminó con la detención de una expolicía bonaerense permitió reconstruir el mecanismo con el que una organización captaba argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. Según la Justicia, detrás de la promesa de un trabajo bien remunerado existía una maniobra de presunta trata de personas que comenzaba con ofertas engañosas y culminaba con víctimas inmersas en el conflicto armado.
De acuerdo con la causa que impulsan la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el grupo buscaba especialmente ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad, perfiles valorados por sus conocimientos en el manejo de armas. La captación se realizaba principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
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La propuesta prometía incorporarse al ejército ucraniano por un período de entre seis meses y tres años, con salarios cercanos a los 3.000 dólares mensuales. Sin embargo, se cree que las verdaderas condiciones del trabajo eran ocultadas a quienes buscaban participar, ya que se les aseguraba que, por razones de seguridad, no podían conocer los detalles del contrato antes de viajar.
Como parte de la maniobra, los aspirantes recibían documentación redactada en idioma ucraniano, en la que figuraban tareas vinculadas a la reconstrucción de infraestructura y otras actividades civiles, sin hacer referencia a operaciones militares. Tampoco llegaban a firmar un contrato que garantizara el salario prometido.
En esa línea, la presunta organización también preparaba a quienes iban a viajar para superar los controles migratorios. Según la investigación, les daban instrucciones sobre qué responder si eran interrogados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); donde debían expresar que viajaban para desempeñarse como obreros de la construcción y ocultar cualquier referencia a actividades bélicas.
Este fue uno de los detalles que permitieron descubrir parte de la maniobra. En marzo pasado, cuatro hombres fueron demorados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que agentes de la PSA detectara inconsistencias en sus relatos. Ninguno sabía quién les había comprado los pasajes, quién iba a recibirlos en Europa ni podía explicar con claridad qué tareas iban a desempeñar allá. Además, viajaban solo con pasaje de ida y sin dinero suficiente para mantenerse durante la estadía.
Con el avance de la investigación, se pudo reconstruir que los cuatro habían sido reclutados a través de plataformas web. También se supo que, mediante el análisis de sus itinerarios, iban a volar a Turquía a través de la línea Turkish Airlines, con una escala en Moldavia, para luego ingresar a Ucrania con el argumento de que iban a trabajar en tareas de reconstrucción de edificios dañados por los bombardeos.
Una alerta «morada» de Interpol
Los fiscales de la PROTEX, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, habían puesto en conocimiento a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) de las posibles maniobras para captar y trasladar ciudadanos argentinos hacia Ucrania con el fin de intervenir en el conflicto armado con Rusia.
Según explicaron, el mecanismo podía generar un sometimiento económico porque los grupos a cargo de «reclutarlos» asumían gastos de traslado y equipamiento que luego eran transformados en deudas, limitando la posibilidad de que estas personas pudieran abandonar la actividad, configurando posibles casos de servidumbre por deudas o trabajos forzosos.
En ese marco, INTERPOL Colombia lanzó en julio de 2026 una «notificación morada«, herramienta que sirve para buscar y compartir datos sobre objetivos, dispositivos y métodos utilizados por delincuentes. Según ese documento, el reclutamiento apunta a «hombres jóvenes ex integrantes de las Fuerzas Públicas con conocimiento de manejo de armas de fuego para ser trasladados mediante ofertas laborales engañosas«.
Entre otro de los puntos que se lograron detectar, figuran «la firma de contratos en idiomas desconocidos, la retención de documentos, la imposición de condiciones coercitivas y en algunos casos, la vinculación directa a hostilidades armadas».
Bajo el titulo «Modus Operandi: Trata de Personas con fines de Trabajo forzoso en Conflicto Armado», la circular indicó que la confianza se generaba a través de empresas fachada, contratos aparentes y reuniones en Bogotá. Las personas captadas eran enviadas tanto a Ucrania como a Rusia y, posteriormente, cualquier intento de oposición era reprimido con coerción, amenazas e intimidaciones.
Detuvieron a una expolicía bonaerense
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