En pocos años, las grandes plataformas tecnológicas dejaron de ser admirados unicornios para convertirse en actores que condicionan democracias, economías y hasta la vida íntima de miles de millones de personas. Sin embargo, seguimos intentando regularlas con herramientas del siglo pasado.

La encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, parte de que la tecnología nunca es neutra. La inteligencia artificial y las infraestructuras digitales amplifican decisiones muy humanas sobre qué datos se recogen, qué vidas cuentan, qué voces se escuchan. Cuando esas decisiones se concentran en pocas corporaciones globales, sin contrapesos adecuados, lo que está en juego ya no es sólo la competencia en los mercados, sino la dignidad de las personas y la calidad de las instituciones democráticas.

Argentina no es ajena a este dilema. Dependemos de plataformas para trabajar, informarnos, educarnos y hacer política, pero casi no tenemos voz en su diseño ni en sus reglas. Para que la IA esté al servicio del desarrollo humano —y no al revés— debemos repensar cómo se regula el poder de Big Tech.

En 2024, junto con Roy Suddaby, propuse un enfoque distinto para regular a estas empresas: la gobernanza en capas. Las teorías regulatorias tradicionales, diseñadas para monopolios del siglo XX, se enfocan en controlar precios o fragmentar mercados. Son insuficientes para plataformas que organizan ecosistemas de innovación, empleo y datos, y que pueden ubicarse geográficamente para arbitrar impuestos y normas. Como sostiene Magnifica Humanitas, una respuesta meramente tecnocrática, centrada en eficiencia o competitividad, no alcanza. La pregunta central es ética: cómo asegurar que el uso de la IA respete la dignidad humana, proteja a los más vulnerables y cuide la casa común.

La gobernanza en capas propone distribuir el poder regulatorio en varios niveles y actores, combinando leyes antimonopolio y de protección de datos con estándares internacionales, códigos de conducta elaborado por la industria, mecanismos de auditoría algorítmica, presión de la sociedad civil y supervisión transnacional. En vez de imaginar un único regulador enfrentado a un gigante, buscamos un ecosistema de gobernanza en el que ni el Estado ni la empresa tengan la última palabra en soledad.

Esta idea dialoga con la encíclica, que reclama una ética de la corresponsabilidad: Estados, empresas, universidades, organizaciones sociales y comunidades de fe deben cooperar para orientar la tecnología al servicio del bien común. En el terreno concreto de la IA, eso significa, entre otras cosas, tratar la protección de datos y de la intimidad como un asunto de derechos humanos, y no sólo como un problema técnico-jurídico.

¿Qué implicaría esto para países como Argentina? Primero, participar activamente en los debates globales sobre estándares de IA, en lugar de limitarse a importar regulaciones ajenas. Segundo, fortalecer capacidades estatales y de la sociedad civil para auditar algoritmos y exigir transparencia cuando plataformas afecten derechos básicos, desde el acceso al crédito hasta la desinformación electoral. Tercero, alinear la política de ciencia y tecnología con una visión de desarrollo humano integral, que no mida el éxito sólo en términos de inversión o patentes, sino también de inclusión, trabajo digno y cuidado del ambiente.

El magisterio social de la Iglesia ofrece criterios fundamentales para la toma de decisiones en torno a la IA: dignidad humana, destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres. Traducidos al lenguaje digital, estos criterios se vuelven preguntas: quién controla los datos, quién se beneficia de la automatización, qué protección reciben quienes quedan fuera de los sistemas digitales, qué límites ponemos a la vigilancia y a la manipulación de la atención. Una gobernanza en capas para Big Tech, anclada en la doctrina de Magnifica Humanitas, constituye un punto de partida.

*Profesora de IAE Business School.