A más de 15 años de los hechos, al filo de la prescripción de la causa, la justicia argentina condenó este lunes a exfuncionarios del Gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y a exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por administración fraudulenta, en perjuicio del Estado. Conocido como Sueños compartidos, el caso juzgó el desvío de más de 206 millones de pesos (unos 50 millones de dólares al cambio de entonces) que debieron utilizarse para construir viviendas sociales.

El fallo dictado el Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires absolvió a cinco acusados, entre ellos a Julio De Vido, ministro de Planificación durante 12 años y uno de los dirigentes más poderosos de los gobiernos kirchneristas. Hoy De Vido cumple detención domiciliaria por otra causa.

Las condenas a dos años y nueve meses de prisión en suspenso recayeron sobre el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario del área Abel Fatala, ambos en funciones durante el período en que se cometieron los delitos, entre 2007 y 2011. López ya cumple condena por otros delitos y es recordado como el actor principal de una escena emblemática de la corrupción reciente: en una madrugada de 2016 fue descubierto cuando intentaba esconder en un convento bolsos con millones de dólares en efectivo.

Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, quienes darán a conocer los fundamentos de la sentencia en noviembre próximo, condenaron también a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, los encargados al momento de los hechos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, contratada para construir las viviendas del programa público Sueños compartidos. La pena para el primero fue de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, y para el segundo, de dos años y cuatro meses. Los Schoklender fueron protagonistas de un recordado caso policial en Argentina: integrantes de una familia adinerada y asediada por el maltrato y los abusos, en 1981 asesinaron violentamente a sus padres.

De acuerdo con la acusación formulada por la fiscalía, los altos funcionarios ahora condenados otorgaron fondos millonarios, de manera directa, a la fundación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, uno de los históricos organismos de derechos humanos dedicados a perseguir justicia por las víctimas del terrorismo estatal y la dictadura militar (1976-1983).

“Se ha demostrado cómo, a través de un esquema criminal pergeñado desde el Estado, se le adjudicó a la fundación obra pública, convirtiéndola de la noche a la mañana en una de las empresas más importantes”, describió en su alegato el fiscal Diego Velasco. El propósito “noble” de atender necesidades habitacionales de la población, dijo, derivó en “problemas económicos en todas las jurisdicciones y una inmensa cantidad de obras quedaron abandonadas e inconclusas”.

Con una “absoluta falta de controles”, agregó el fiscal, “se resquebrajaron y violentaron los principios esenciales que regulan la contratación pública” y se erogaron “cifras escandalosas”. “Se otorgaron más de 900 millones y se comprobó un desvío de 206 millones, dinero que nunca debía haberse entregado a la fundación porque nunca tendrían que haberle adjudicado esas obras”, planteó Velasco.

En su fallo, el tribunal rechazó los pedidos de prescripción de las defensas y ordenó el decomiso, entre las posesiones de los condenados, del equivalente a los fondos desviados, a un valor actualizado. Las defensas adelantaron que apelarán la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal. Mientras, queda aún pendiente otro juicio por el lavado del dinero sustraído.