La Justicia condenó este martes al exagente de la Policía de Santa Fe Guillermo David Toledo (35) a 8 años de prisión efectiva por torturas, liderar una asociación ilícita y otros delitos cometidos durante sus años en la fuerza.

Torturas y tormentos físicos, robo agravado, privación coactiva de la libertad, comercio de estupefacientes y asociación ilícita fueron los delitos de los que Toledo reconoció ser culpable durante un juicio abreviado.

Pero la investigación no se limitó a él, sino que se demostró que Toledo lideraba una banda de siete agentes, todos parte de la Policía de Acción Táctica (PAT).

Bajo las órdenes del ahora condenado, el caso que conmocionó a la fuerza por su «sadismo inusitado» reveló una mecánica delictiva donde el castigo físico era la principal herramienta de gestión y la religión estaba intrínsecamente conectada.

Es que Toledo, calificado por la fiscalía como un «pedagogo de la ilegalidad», se jactaba en audios de WhatsApp de sus métodos violentos.

En conversaciones con su esposa y compañeros de la banda, llamaba a un palo de madera “el evangelio” y se refería a las torturas como “predicar la palabra” o dar “sesiones de masajes eléctricos” con una picana de 5000 kilovoltios.

La investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda y las posteriores condenas de cada uno de sus miembros comenzó con una seguidilla de delitos cometidos en un solo día: el 13 de agosto de 2024.

En esa fecha, aproximadamente a las 15, dos hombres fueron detenidos con un kilo de cocaína por la vía pública. Tras ser informados de la situación, Toledo y su grupo llegaron al lugar.

A su merced, dentro de los patrulleros, las víctimas fueron sometidas a golpes y descargas eléctricas continuas para que revelaran la ubicación de su proveedor, a quien llamaban el “pez gordo”.

Hora y media después, con ese dato obtenido bajo tortura, los policías irrumpieron sin orden judicial en una vivienda. Allí redujeron a tres adultos y retuvieron a dos niños de 1 y 8 años durante casi una hora.

Toledo negoció con el dueño de casa «blanquear» solo una parte mínima de la droga para reducir su pena a cambio de quedarse con el resto. De esta forma, el grupo se apropió de 15 ladrillos de cocaína, 50.500 dólares, 285.000 pesos, armas de fuego, cuchillos de colección y hasta ropa que la familia vendía.

Gran parte de la droga robada fue a parar a familiares de Toledo en la ciudad de Santa Fe, quienes intentaron venderla por 7.500 dólares.

Para encubrir el robo, redactaron un acta falsa omitiendo la existencia de cámaras.

Sin embargo, incluyeron tres granadas en el secuestro legal y al tratarse de material explosivo, la causa pasó al fuero federal, donde los fiscales detectaron las irregularidades y desmoronaron la trama.

Durante la investigación se descubrieron audios y chats de meses distintos, como abril y septiembre de 2024, donde los policías se jactaban de otros actos de tortura, robos en búnkeres y hasta abusos.

Parte de estos audios fueron los que Toledo envió a su esposa durante la noche del 13 y la madrugada del 14 de agosto de 2024. En estos, el condenado hizo referencia a que esa noche se encontraban torturando a sus víctimas hasta casi el amanecer.

A diferencia del jefe de grupo, las condenas para la mayoría de los agentes se dictaron en marzo de 2026.

Concretamente, el resto de miembros de la banda condenados fueron: Jesús Balais, 7 años de prisión efectiva, Fernando Ferreira, 6 años y medio de encierro, Iván Schneider y Gerardo Pérez, condenados a 4 años y medio de cárcel, Sergio Robledo, sentenciado a 3 años y medio de prisión.

Además, otro efectivo condenado fue Miguel Alberto Aguilar, quien era el superior de los demás. A diferencia de sus subordinados, su imputación incluyó la responsabilidad jerárquica por no haber intervenido ante los delitos. Por eso recibió una pena de 2 años de prisión.

Por último, tres familiares de Toledo fueron imputados por su rol en la venta de la droga en Santa Fe.