La III Convención del Lenguaje Claro y Accesible culminó hoy en la ciudad de La Plata con la firma de una histórica declaración de intenciones para la creación de la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible.

Este acuerdo une los esfuerzos de instituciones clave del espacio hispanohablante y lusófono –como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Real Academia Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), la Academia Argentina de Letras, la Academia das Ciências de Lisboa, la Academia Brasileira de Letras y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires– para consolidar el derecho ciudadano a comprender la información pública y privada como una condición indispensable de la vida democrática.

En el discurso de clausura del encuentro, el presidente de la RAE y titular de la Secretaría de Coordinación de la Red Panhispánica, Santiago Muñoz Machado, enmarcó el alcance estratégico de este paso al señalar: «En esta Convención ha quedado abierto un espacio de cooperación nuevo, de enorme relevancia, que todavía no hemos debatido en la Convención, pero que es inevitable que lo hagamos en la próxima: la formación de una comunidad cultural y lingüística que abarque los idiomas español y portugués«.

La trascendencia de esta iniciativa radica en su capacidad para llenar un vacío histórico en la cooperación transatlántica e intercontinental. Si bien existen relaciones bilaterales consolidadas y cumbres periódicas entre España y Portugal o entre estos países y Brasil, no existe una única organización institucional que pueda definirse como una «Alianza España-Portugal-Brasil«, y mucho menos si se contempla al conjunto de Hispanoamérica en dicha ecuación.

Hasta ahora, ninguna entidad diplomática o regional había recuperado el idioma –el elemento más visceral y constitutivo de la cultura compartida– para estructurar un programa de cooperación de fondo que persiga objetivos tan trascendentales como la mejora de los sistemas democráticos, la plena realización de las libertades ciudadanas y la protección de la corrección lingüística.

Al situar la claridad y la accesibilidad comunicativa en el centro de la agenda, la nueva red conecta a dos comunidades idiomáticas de proporciones globales. Muñoz Machado señaló que, en 2025, el español alcanzó los 635,7 millones de hablantes potenciales, con 519 millones de dominio nativo, 459 millones residentes en países hispanohablantes y 24,5 millones de estudiantes en todo el mundo.

Por su parte, el portugués supera los 265 millones de hablantes según la Unesco –cifra que la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa situaba en 270 millones en 2024– y constituye la lengua oficial de nueve Estados repartidos por diversos continentes: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bisáu, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe, y Timor-Leste.

Al integrar las redes e instituciones pioneras del ámbito hispánico con entidades como la Rede Linguagem Simples Brasil o los proyectos lexicográficos de la Academia das Ciências de Lisboa, la Declaración de La Plata no solo entrelaza a más de 900 millones de personas en una misma arquitectura de transparencia, sino que convierte a la lengua en la herramienta contemporánea más poderosa para garantizar que el conocimiento y los derechos pertenezcan, de manera efectiva, a toda la ciudadanía.

«Contamos con un espacio de convergencia entre nuestras comunidades de extraordinario valor, con un gran potencial para la economía y el comercio, la educación y la ciencia; pero, sobre todo, por lo que nos concierne, para la cultura –hizo hincapié Muñoz Machado– y para la mejora de nuestras comunidades utilizando de manera más adecuada la herramienta cultural más destacada de que disponemos, que es la lengua».

El documento establece ejes fundamentales orientados a consolidar la cooperación permanente entre ambas comunidades idiomáticas, el desarrollo de herramientas y recursos comunes –como guías, glosarios y diccionarios–, la equidad e inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, el seguimiento institucional y el impulso de la accesibilidad en áreas decisivas como la administración pública, la justicia, la educación y la salud, contemplando además el impacto emergente de la inteligencia artificial.