La presidenta Laura Fernández cumplió el fin de semana sus primeros 100 días en el poder en Costa Rica envuelta en una humareda de críticas y recelos de la oposición. La mecha la encendió la declaratoria de “secreto de Estado” emitida por la mandataria sobre una amplia variedad de asuntos de seguridad nacional, bajo el argumento de restringir el acceso de grupos criminales a información estratégica. La reacción opositora ha derivado en severas advertencias sobre el riesgo de que la opacidad sirva para ocultar contratos de sistemas de seguimiento y espionaje contra detractores, como Pegasus, el polémico programa de la firma israelí NSO Group ya empleado por otros Gobiernos de la región.

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