El presidente, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este jueves militarizar Cúcuta, la ciudad más importante de Colombia sobre la frontera con Venezuela. “He dado instrucciones precisas al ministro de Defensa y altos mandos para actuar con toda la capacidad del Estado”, ha indicado y ha explicado que la estrategia tiene el objetivo de establecer el orden público y enfrentar las estructuras criminales tras una semana marcada por la crisis de seguridad. La medida, ha indicado, es de carácter temporal.

La urbe de más de 800.000 habitantes ha vivido días de terror. El lunes, fue asesinado en un tiroteo Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la ciudad y precandidato a la Alcaldía. Transitaba sin su esquema de seguridad, acompañado por su hijo, en el llamado Anillo Vial de la ciudad. Un día después, estalló un paquete bomba en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cerca de uno de los puentes que conectan a Colombia y Venezuela. El atentado acabó con siete personas heridas, entre ellas varios policías.

“El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad, en coordinación con la Policía Nacional, para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a las estructuras criminales y narcoterroristas que vienen atentando contra la seguridad”, ha manifestado De la Espriella durante unas declaraciones a la prensa. “Cúcuta no está sola”, ha insistido.

La decisión sucede un mes después de que el Ejecutivo decidiera militarizar otra importante ciudad de Colombia: Santa Marta, ubicada en la costa Caribe.“Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”, dijo entonces. La turística ciudad estuvo con militares en las calles durante varios días para atajar a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, uno de los grupos más poderosos en la región. El mandatario también abrió esta semana la puerta a militarizar algunas zonas de Bogotá, en concreto las zonas de Sumapaz y Usme. El alcalde, Carlos Fernando Galán, rechazó la propuesta de reemplazar a la Policía en sus tareas de seguridad.

Además de la militarización en Cúcuta, De la Esprilla ha anunciado el despliegue de las operaciones del Bloque de Seguridad Urbana en esa ciudad. El presidente había informado en julio, antes de su posesión, la creación de brigadas urbanas para ayudar a la Fuerza Pública en las ciudades que más crímenes registran. Aunque aún no está claro quiénes integrarán el bloque, se especula que el mandatario quiere darle más protagonismo a los militares retirados y veteranos de las fuerzas armadas, que lo apoyaron masivamente durante su campaña.

“No se trata solamente de aumentar el número de uniformados en las calles. Se trata de recuperar el control, garantizar la protección de los ciudadanos”, ha añadido el mandatario, que, al tiempo, ha alertado de que estos ataques pueden significar un ataque a la soberanía nacional.

La Defensoría ha advertido desde finales de 2024 sobre los riesgos en los municipios del área metropolitana en su sistema de alertas tempranas. En particular, sobre el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad fronteriza y también sobre la presencia del Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico, que se denomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). “Persisten diversos repertorios de violencia como el sicariato, la extorsión, el tráfico de armas, el microtráfico, la trata de personas, las amenazas a través de canales digitales, el hurto y el tráfico de migrantes”, advierte en sus informes de seguimiento.

El presidente ya había encabezado en septiembre un Consejo de Seguridad en la ciudad después de que el potente estallido de un carrobomba en una estación de policía en Los Patios, parte del área metropolitana, matara a un civil y dejara al menos 11 heridos, entre policías y civiles. “Esperamos más respaldo del Gobierno nacional en inteligencia”, pidió el lunes el alcalde, Jorge Acevedo.

Norte de Santander, sobre la porosa frontera de más de 2.200 kilómetros con Venezuela, es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado. Es también uno de los lugares con más cultivos de hoja de coca en el país, concentrados en la región del Catatumbo, en la que la brutal arremetida del ELN, enfrentado a las disidencias de las extintas FARC, ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas desde comienzos del 2025.