La atención pública de las personas con discapacidades se ha convertido en uno de los grandes problemas para el Gobierno de Javier Milei. El recorte de las prestaciones al sector ha sido ampliamente resistido por la sociedad y por la oposición en el Congreso. El nuevo intento de pasar la motosierra en el área ha expuesto tensiones internas en la coalición oficialista de ultraderecha. Mientras avanza una investigación judicial por corrupción, con un exabogado personal de Milei como principal acusado y cuyo procesamiento fue ratificado este martes, en las últimas horas se revelaron multimillonarias irregularidades en la Secretaría de Discapacidad. Poco después, renunció su titular.

Alegando “razones estrictamente personales”, Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, cargo que ocupaba desde febrero pasado. En su reemplazo, el Gobierno anunció este martes el nombramiento de Pablo Di Liscia. El recambio de funcionarios estuvo precedido de dos malas noticias para Milei. Durante el fin de semana, el diario La Nación reveló que una auditoría interna de Discapacidad, acotada al primer tramo de la actual gestión, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, “constató una diferencia” de 158.717 millones de pesos (alrededor de 105 millones de dólares) entre los distintos registros de deuda exigible de la dependencia.

A eso se sumó el conflicto desatado por el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso. La propuesta prevé modificar el régimen de prestaciones para personas con discapacidades, eliminar sus precios únicos en todo el país y su actualización por inflación, así como reformar el alcance de las pensiones. El nuevo ajuste no solo fue rechazado por las entidades que representan a los pacientes y los proveedores del sector, sino también por los partidos aliados del Gobierno e incluso por una de las principales referentes de la ultraderecha en el Parlamento, la senadora Patricia Bullrich. Tras el impacto, el Ejecutivo ha abierto negociaciones para modificar su proyecto.

El recorte de fondos que Milei viene aplicando sobre el sector fue parcialmente enfrentado por el Congreso con una ley de emergencia en discapacidad, vigente hasta el 31 de diciembre próximo. El presidente se opuso a su sanción y luego la vetó, pero los legisladores ratificaron la norma. Aún así, Milei se resistió a aplicarla hasta que la justicia lo obligó.

La administración nacional de la atención a la discapacidad está, desde hace un año, en el epicentro de un escándalo por presuntos sobreprecios y desvíos de fondos, uno de los principales casos de corrupción que asedian al Gobierno ultra. Los hechos salieron a la luz en agosto de 2025, cuando se filtraron audios en los que el entonces director de Discapacidad, Diego Spagnuolo, describía una red de recaudación de sobornos en las compras de medicamentos que se llevaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.

La justicia procesó en febrero a Spagnuolo, exabogado personal de Milei, a otros cinco exfuncionarios y a 13 empresarios como integrantes de una asociación ilícita dirigida a generar “millonarias ganancias” a costa de los fondos públicos que debían garantizar el derecho a la salud y el bienestar a personas con discapacidades. Este martes, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los 19 acusados. La defensa de un grupo de empresarios pretendía anular la causa por el supuesto origen irregular o adulterado de las grabaciones de la voz de Spagnuolo. Pero los jueces desestimaron el planteo y ratificaron el rumbo de la investigación.