Gisele Alejandra Ruocco (35) sufría de adicciones. Sus seis hijos estaban al cuidado de la bisabuela y, según su familia, era de abandonar la casa por varios días. Por eso no se preocuparon cuando se ausentó este mes en Claypole, partido de Almirante Brown.

Sin embargo, uno de los chicos, de solo 12 años, no la abandonó. Como no tenía noticias suyas desde el 1° de abril, fue hasta la casa de su actual pareja y, a pesar de que el hombre le advirtió que no la vería nunca más, insistió. Volvió porque había visto tierra removida en el patio, le pidió a un vecino una pala y empezó a cavar.

El horror llegaría enseguida: lo primero que apareció fue un pedazo de tela y al correrlo había un brazo. «¡Es mi mamá, ese el brazo de mi mamá!», gritó desesperado tras reconocerlo por un tatuaje.

El nene salió corriendo a lo de su bisabuela. Desde allí llamaron al 911 y los policías desenterraron el cadáver, que estaba en la humilde vivienda de la calle Nardo al 5800, en avanzado estado de descomposición.

«Ella tenía problemas de adiciones desde hace años. Solía irse 15 días, un mes, a Capital y después volvía. En ese tiempo ella iba y venía», contó a los medios una prima de la víctima, Claudia, de espaldas a las cámaras.

Todo fue descubierto el sábado pasado. A las 15.30 fueron notificados los agentes del Comando de Patrullas de Almirante Brown.

El resultado preliminar de la autopsia arrojó que Ruocco fue asesinada a puñaladas. Además, tenía un trapo en la boca.

Al parecer, el hombre que vivía en esa casa la asesinó hace dos semanas y se escapó. Lo identificaron como Brian Leandro Lesta, de 30 años, un ex presidiario que estuvo detenido en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

De acuerdo a las fuentes, sus antecedentes son por «lesiones en riña» y «robo agravado por el uso de arma».

Con el sospechoso -que sigue prófugo- iba a mendigar a la Ciudad de Buenos Aires. Ambos tenían una situación personal problemática por el consumo de drogas.

El caso fue caratulado como «homicidio agravado en contexto de género» por la fiscal Marcela Alejandra Juan, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia de género y delitos contra la integridad sexual.