La participación de Federico Sturzenegger en el programa Especial Economía, del canal de streaming Ahora Play, abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la utilización de inteligencia artificial (IA) dentro del Estado y, particularmente, sobre el alcance que puede tener esta herramienta en la modificación de leyes y reglamentaciones. Durante la entrevista, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado explicó cómo el gobierno de Javier Milei comenzó a utilizar agentes de inteligencia artificial para revisar extensos cuerpos normativos, detectar disposiciones que considera obsoletas y elaborar propuestas de modificación con una velocidad que, según su planteo, sería difícil de alcanzar mediante los procedimientos administrativos tradicionales.
El ejemplo más llamativo que presentó fue el análisis de una normativa vinculada con la industria alimentaria, cuyo origen se remonta a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Se trata del decreto 4238/68, un reglamento que contiene alrededor de 3.000 artículos y establece condiciones higiénico-sanitarias para la elaboración, industrialización y comercialización de productos de origen animal. Sturzenegger contó que el equipo del Ministerio recurrió a tres agentes de inteligencia artificial para examinar ese voluminoso conjunto de disposiciones y avanzar en su simplificación.
El decreto 4238/68 fue firmado el 19 de julio de 1968 y publicado en el Boletín Oficial el 26 de agosto de ese año. Su contenido abarca numerosas actividades: frigoríficos, mataderos, faena de aves, elaboración de productos cárnicos, pesca, transporte, almacenamiento, embalaje y rotulado de alimentos. También contempla procedimientos de higiene, condiciones de funcionamiento de los establecimientos, sanciones y disposiciones relacionadas con el bienestar animal. No se trata, por lo tanto, de una regulación administrativa menor, sino de un marco que incide directamente sobre la producción de alimentos y los controles sanitarios.
La metodología que describió Sturzenegger consiste en utilizar varios agentes de IA para abordar simultáneamente distintas partes de una normativa extensa. Estas herramientas pueden leer y clasificar artículos, identificar disposiciones que se superponen, detectar requisitos que podrían haber perdido vigencia y elaborar alternativas de redacción. El objetivo es que la tecnología no se limite a resumir documentos, sino que participe activamente en la preparación de reformas normativas. En otras palabras, la inteligencia artificial funciona como una herramienta de análisis y producción de textos jurídicos que permite acelerar el trabajo previo a la modificación de las regulaciones.
Esta utilización implica una particularidad institucional en la inteligencia artificial en la que estaría interviniendo en la elaboración de propuestas que pueden terminar cambiando las reglas que deben cumplir empresas, productores y establecimientos industriales. La intención oficial es que los sistemas informáticos propongan qué artículos modificar, cuáles eliminar y cómo redactar las nuevas disposiciones. Si se equivoca, mala suerte. Después, esas propuestas deben pasar por la revisión y validación de funcionarios y especialistas humanos. Por supuesto, la IA no tiene potestad para derogar un decreto ni para modificar por sí misma una ley, la decisión formal continúa correspondiendo a las autoridades competentes y debe instrumentarse mediante los procedimientos jurídicos correspondientes.
El episodio se inscribe en una estrategia que Sturzenegger viene desarrollando desde el comienzo de la gestión libertaria. El funcionario considera que buena parte del entramado normativo argentino fue construido a lo largo de décadas mediante regulaciones que, en lugar de proteger el interés general, terminaron generando obstáculos para la competencia, privilegios sectoriales y costos adicionales para la actividad económica.
La utilización de inteligencia artificial para modificar regulaciones también debe analizarse en relación con otra de las iniciativas legislativas más ambiciosas del ministro: la reforma integral de la Ley General de Sociedades. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone actualizar la legislación vigente desde 1972 e incorporar nuevas figuras empresariales adaptadas a la economía digital. Entre sus puntos más novedosos se encuentra la posibilidad de constituir sociedades automatizadas, cuyo funcionamiento operativo pueda estar a cargo de algoritmos y agentes de inteligencia artificial.
Sturzenegger defendió esta iniciativa al considerar que el país tiene la oportunidad de atraer inversiones y convertirse en un ámbito favorable para el desarrollo de empresas basadas en inteligencia artificial. Su argumento es que, si en los próximos años una parte creciente de la actividad económica mundial queda en manos de agentes digitales, Argentina podría ofrecer un marco jurídico para que esas organizaciones se constituyan y operen desde el país.
En la misma línea, durante su participación en la SAIAConf 2026, organizada por la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, Sturzenegger defendió la decisión gubernamental de no establecer regulaciones preventivas excesivas sobre esta tecnología. «Nos propusimos no regular preventivamente. Se regulará si surge un problema», sostuvo. También consideró que la inteligencia artificial puede transformar la capacidad productiva de la sociedad y cuestionó la tendencia de los Estados a responder ante cada innovación tecnológica mediante nuevas restricciones.
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