Algunas de las reformas constitucionales que el Gobierno de José Antonio Kast pretende impulsar en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) han abierto una grieta en el oficialismo. El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI —uno de los partidos más leales al Ejecutivo en el Congreso— anunció este domingo que su bancada no está dispuesta a respaldar el proyecto que, según un borrador filtrado, propone suspender las prestaciones sociales financiadas con recursos estatales a las personas condenadas por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, tanto durante el cumplimiento de la condena como en los 15 años posteriores. “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, declaró el líder gremialista en una entrevista con La Tercera.

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