Son las nueve y algo de la noche y el teléfono de Karla De Anda suena. Es un número que no conoce. Al otro lado, conectada al wifi gratuito de una terminal del aeropuerto de Miami, una mujer llora desconsolada. Se llama Rosa. Le acaban de hacer las maletas. Una compañera de trabajo le ha contado a la familia para la que ambas trabajan que anda hablando en secreto con una desconocida sobre el sueldo que le deben. La familia no ha querido saber más: le ha comprado un billete solo de ida a su país y la ha metido en un taxi rumbo al aeropuerto. Karla, que apenas la conoce, le hace una única pregunta: “¿Tú te quieres quedar o no? Solo respóndeme.” La mujer, entre hipidos, dice que sí. Cuelga, sale de la fila de embarque y, una hora después, Karla la espera en la puerta de llegadas junto a otra activista, dispuesta a llevársela a su casa esa misma noche.

Llamadas como esa le llegan a Karla con una frecuencia que ha crecido notablemente en los últimos dos años, desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política migratoria del país. En ese tiempo, la policía ha dejado de ser una opción para buena parte de las empleadas del hogar indocumentadas de Miami, que temen que denunciar un abuso termine, en la práctica, en su propio arresto. En ese vacío se ha instalado Karla De Anda. Hay una palabra que se repite entre las mujeres que ha rescatado, y no es un cumplido cualquiera: le han apodado el “hada madrina”.

Es un apodo que a Karla, mexicana y extrabajadora doméstica, no la convence del todo. Le suena irónico, porque a ella nadie la rescató cuando lo necesitó. Y le pesa porque sabe que, para muchas de las mujeres que la llaman a cualquier hora del día, es literalmente la única puerta a la que pueden tocar. “A mí me buscan cuando ya tienen el problema encima”, admite. No hay ningún organismo detrás de ella, ni una línea de emergencia oficial: solo su número de teléfono personal, que corre de boca en boca entre mujeres sin papeles que limpian casas y cuidan niños en Miami.

Las mujeres a las que ha ayudado describen lo vivido casi con las mismas palabras. “Dormía una hora o dos por la noche y el resto estaba trabajando. Ya no podía más”, recuerda una. “Me pagaban 730 dólares al mes, y de ahí me descontaban hasta el celular”, cuenta otra. Ninguna, al aceptar el trabajo, imaginó que terminaría así.

Karla llegó a Estados Unidos hace 25 años y, sin apenas hablar inglés, encontró el trabajo que, admite, es de los pocos abiertos a alguien en su situación: niñera. Cuidó durante quince años a los hijos de la misma familia. Cobraba cinco dólares la hora, por debajo del mínimo.

De esa experiencia doméstica nació el activismo. Karla empezó como voluntaria en una ONG y fue ahí donde se topó, de forma sistemática, con lo que se esconde detrás de muchos trabajos domésticos: mujeres a las que no se les pagaba nada o a las que un empleador les retenía el pasaporte para que no pudieran irse.

Hace dos años decidió fundar The Right to Freedom Network, una organización sin ánimo de lucro cuyo núcleo está formado en buena parte por sobrevivientes de tráfico laboral. “Nunca vas a poder organizar a una trabajadora del hogar sin haber sido tú misma trabajadora del hogar”, repite.

Hoy hace de guía en un terreno que para muchas de estas mujeres es doblemente extraño: el de un país cuyas leyes no conocen y cuyo idioma apenas hablan, y el de sus propios derechos, que casi nunca nadie les ha explicado. Organiza talleres sobre qué es el acoso sexual, qué es la discriminación y cómo reclamar cuando un empleador no paga el sueldo acordado, y da clases certificadas de cuidado infantil con la Universidad Cornell.

Cuando una de ellas decide dar el paso, es Karla quien busca un abogado dispuesto a acompañarla a comisaría, quien la ayuda a rellenar el formulario de reclamación en el condado y quien, si hace falta, las recoge en su automóvil a medianoche. Pero sobre todo, recalca, hace de intérprete de un abuso que no siempre tiene nombre. “Muchas veces no te das cuenta de que te están abusando”, comenta, recordando su propia experiencia. “El maltrato puede ser muy sutil, puede ser implícito, no así en la cara”.

Un lugar seguro

Buena parte de ese acompañamiento ocurre, de forma discreta, dentro de una iglesia de Miami donde ella imparte los talleres. Bajo la cobertura de clases de formación, Karla organiza allí encuentros que funcionan, en realidad, como el único espacio en el que estas mujeres pueden reunirse sin levantar sospechas de sus empleadores. Se sientan juntas, hablan de lo que les está pasando puertas adentro, y para muchas es la primera vez que lo dicen en voz alta delante de alguien más. En un colectivo acostumbrado a esconderse, ese rincón de iglesia funciona como una red de seguridad casi clandestina: el único lugar de todo Miami donde no tienen que fingir que todo va bien.

Virginia, colombiana de 61 años que lleva ocho en Estados Unidos, llegó contratada por una familia para la que ya trabajaba en su país. Antes de viajar, le hicieron firmar, en Colombia, lo que ella recuerda como “un contrato que nadie podía leer”. Año y medio después de empezar, la familia la llevó de vuelta a Colombia por unos días, para renovar la visa antes de que caducara. Estando allí, en su propio país, pidió ver a los suyos. “Le pedí que me dejara ver a mi familia. Duramos tres meses allá y no pude verlos porque no me dejó”.

Al volver a Miami, la familia decidió además no pagarle ese tiempo. “Me dijo que no me iba a pagar porque yo no había estado trabajando acá en Estados Unidos. Pero estuve trabajando allá, cuidando a los niños igual”.

Finalmente, reunió el valor para escapar por una puerta trasera que alguien olvidó cerrar, llevándose solo “dos blusas, un pantalón”. Y acabó llamando a Karla para que la rescatara.

Mónica, mexicana de 59 años, trabajaba para una familia y cuidaba a cinco niños, dos adultos y dos perros, con jornadas de las siete de la mañana a las once de la noche. Dormía, cuenta, en un cuarto improvisado dentro del garaje, rodeada de bolsas de basura que nadie retiraba, y sospecha que la grababan mientras dormía porque tenía una cámara frente a la cama.

Hace un año, también cuando le tocaba renovar la visa, la familia le propuso que se quedara indocumentada con ellos, en vez de tramitarle los papeles. Mónica decidió quedarse indocumentada, sí, pero lejos de esa casa.

También escapó con un plan que había ideado sin levantar sospecha: dejó en el baño el teléfono que la familia usaba para rastrearla y se fue directa a un nuevo trabajo que ya tenía asegurado con Karla, hasta que una antigua conocida de su exempleadora la reconoció por la calle.

La respuesta de ella fue, en palabras de Mónica, “muy cruel”. “Subió la foto de mi pasaporte a las redes sociales y dijo que le había robado 10.000 dólares y joyas. Yo nunca me he llevado nada de nadie”.

Desde entonces vive con el temor de que esa publicación llegue algún día a la policía y la señale a ella, en lugar de a quienes le deben siete años de sueldo. Karla, a quien llegó por medio de una amiga, calificó enseguida lo que le había pasado: trata laboral. El caso está hoy en mediación legal; los abogados de Mónica consideran insuficiente la oferta de 28.000 dólares que le ha hecho la familia.

“Les prometen condiciones que luego no se cumplen”

Estos casos comparten un origen que Karla ve repetirse constantemente: mujeres reclutadas en sus países por familias o por agencias informales que gestionan todo el viaje, incluida la visa de turista, con contratos que rara vez se cumplen una vez cruzada la frontera.

“Les prometen ocho horas de trabajo y terminan trabajando 24 horas al día”, resume Karla. Es, afirma, la puerta de entrada más común al abuso: la mujer llega sin conocer el idioma, sin conocer la ciudad y, casi siempre, sin haber leído del todo lo que firmó.

Karla ha acompañado también casos más graves. Recuerda a una mujer, empleada en una casa al norte de Miami, cuyo jefe empezó “por rozarla sin querer” mientras lavaba los platos. “La rozó un poquito más, un poquito más. Hasta que un día se le apareció desnudo y en el transcurso de dos meses la había violado”, cuenta la activista.

La mujer tardó casi tres semanas en denunciar, paralizada por el miedo a denunciar ante la policía por si, al reportar la agresión sexual, ella terminaría arrestada y deportada.

El miedo a ser arrestada al denunciar estos casos

Las situaciones de explotación de las que hablan estas mujeres llevan años ocurriendo. Lo que ha cambiado, y de forma muy marcada en los últimos dos años, es lo que sucede después: la posibilidad, cada vez más remota, de pedir ayuda sin miedo a las autoridades por no tener papeles.

Antes de que la actual Administración del presidente Donald Trump endureciera su política migratoria, cualquiera de ellas habría tenido más margen para acudir a la policía sin temer que ese paso terminara, no en la detención de su agresor, sino en la suya propia.

La herramienta legal detrás de ese miedo tiene un denominador común. Son los acuerdos 287(g), un mecanismo contemplado desde 1996 en la ley federal de inmigración de Estados Unidos que permite a departamentos de policía y otras agencias locales y estatales firmar convenios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que sus propios agentes, tras un entrenamiento, ejerzan funciones de control migratorio: pueden preguntar por el estatus de alguien durante una parada de tráfico o, denuncian organizaciones de derechos civiles, en la puerta de la comisaría a la que una víctima ha ido a poner una denuncia.

El primer convenio del país lo firmó Florida en 2002, y tuvo altibajos con cada Administración. Obama limitó el modelo más agresivo y Biden dejó de firmar nuevos acuerdos, hasta que Trump, el mismo día de su investidura, el 20 de enero de 2025, ordenó su “drástica expansión”.

El resultado, según datos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Consejo Americano de Inmigración, ha sido una escalada sin precedentes: de prácticamente cero convenios de este tipo a comienzos de 2025 a más de 1.000 acuerdos en la actualidad. Florida, además, prohíbe por ley que sus municipios se declaren “ciudad santuario”, lo que ha forzado a buena parte de sus policías locales a sumarse.

Para Karla, la consecuencia es evidente: “No me pueden decir que una víctima está protegida porque es mentira”. “No hay protección mientras existan estos acuerdos, y mucho menos para una trabajadora del hogar”, lamenta.

Amenazas con llamar al ICE

Y ese miedo no nace solo del sistema, sino que incluso las propias familias empleadoras lo usan como arma. Karla lo ve constantemente con mujeres a las que se amenaza con llamar al ICE “si se quejan de dormir en un garaje sin aire acondicionado, si piden cobrar lo pactado o si se niegan a trabajar más de las ocho horas acordadas”.

Virginia lo acaba de vivir en primera persona. La amenaza de “llamar a Migración” no llegó de un agente de policía, sino de la mujer para la que trabajaba, en el momento exacto en que Virginia dejó de obedecer. “Usted no tiene ningún derecho en este país”, le decía. Es una frase que, según Karla, se repite en otros casos: el estatus migratorio como correa para “esclavizar” a las empleadas del hogar.

Lo que Karla y su red llevan tiempo pidiendo, sin mucho éxito, es una legislación estatal, un decreto o una ordenanza que reconozca a las trabajadoras del hogar los mismos derechos laborales básicos que en cualquier otro empleo: límites de jornada, protección frente al acoso y garantías de pago. Once Estados del país, empezando por Nueva York en 2010, ya cuentan con su propia carta de derechos para empleadas del hogar. Florida no tiene ninguna. Su única herramienta local es la ordenanza de robo de salario del condado de Miami-Dade, útil para reclamar un sueldo impagado, pero muda frente a un encierro forzado, una amenaza o una agresión.

“Vas a ser parte de la familia”

En casi todos los casos que ha visto, señala Karla, el abuso empieza con la misma frase seductora, la que aparece en el anuncio del trabajo antes de que la mujer ni siquiera haya hecho las maletas: “vas a ser parte de la familia”. Es, asegura, el anzuelo con el que se convence a estas mujeres de aceptar condiciones que jamás aceptarían en otro empleo. “Al final de cuentas, es una empleada de la familia, no un miembro de la familia. Una trabajadora que debería tener los mismos derechos que una secretaria o que un doctor. Si pones a trabajar a tu propia madre setenta horas a la semana, eres una hija horrible”, exclama.

Mientras esa legislación no llegue, Karla ha optado por construir lo que el sistema no ofrece. Sus sesiones no son solo jurídicas. Son el primer lugar donde muchas de ellas escuchan que lo que les pasó tiene nombre y no es normal. Ahí es donde se ha ganado, más que el título de activista, el de faro que ilumina a todas ellas. “Yo no las puedo llevar de la mano a un tribunal ni garantizarles que la próxima llamada a la policía termine bien”, admite, “pero sí les puedo enseñar dónde está la puerta, aunque tengan que abrirla ellas”. Por eso insiste en formar líderes dentro del propio grupo, para que ese acompañamiento no dependa solo de ella: si mañana le pasara algo, dice, la red tiene que poder seguir sola.

El 1 de noviembre, si todo sale como está previsto, Rosa, Mónica, Virginia y otras treinta y nueve mujeres, se pondrán una toga por primera vez en su vida para recibir un certificado de manos de instructores de la Universidad de Cornell que las certifica oficialmente como empleadas del hogar. Son parte de las sesiones que Karla imparte en secreto en la iglesia de Miami.

El hada madrina de las empleadas del hogar de Miami no concede deseos: solo se asegura de que, la próxima vez que alguna de ellas llore, alguien conteste al otro lado. Esta noche, también, su teléfono sigue encendido y, muy probablemente, volverá a sonar.