El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reactivado un controvertido sistema federal de datos para verificar la ciudadanía de los electores cuando faltan menos de seis semanas para las elecciones de medio mandato (las midterms). La decisión es una nueva victoria para el presidente, Donald Trump, y anula la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado el uso del programa llamado SAVE por las siglas en inglés (Verificación sistemática de identidad extranjera para derechos de prestaciones).

Por la vía de urgencia, la Corte se ha mostrado a favor de que los Estados utilicen la base de datos creada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) para comprobar la elegibilidad de los votantes. Los críticos denuncian que el sistema tiene fallos y ha confundido el estatus migratorio de ciudadanos estadounidenses, lo que les retiraría el derecho al voto.

El republicano impuso el programa como una medida más de su campaña para descubrir un supuesto fraude en las listas electorales, que ha ampliado de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Trump está en sus horas más bajas de popularidad y las encuestas vaticinan que los republicanos perderán el control de las dos cámaras legislativas.

El SAVE se creó inicialmente para comprobar el estatus migratorio de las personas con vistas a su elegibilidad para acceder a programas federales. Trump ordenó con un decreto en marzo que se implementaran nuevos sistemas que permitan a las autoridades estatales y locales verificar el estatus de ciudadanía de los votantes registrados y de las personas que se inscriben para votar. Dos meses después, el DHS modificó el SAVE para incluir datos del Seguro Social y facilitar búsquedas masivas de personas, no casos individuales.

La mayoría de los jueces del Alto tribunal votaron a favor de la petición de la Administración por entender que “el Gobierno federal tiene la obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes”.

Las tres magistradas liberales disintieron, encabezadas por la jueza Ketanji Brown Jackson. “A mi juicio, sin embargo, el perjuicio causado al imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el perjuicio inexistente que sufre el Gobierno cuando se le impide adoptar una medida para la cual probablemente carece de autoridad”, escribió Jackson, secundada por las magistradas Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Después de la reforma del SAVE, varios grupos —entre ellos, la Liga de Mujeres Votantes —presentaron una demanda alegando que los datos del Seguro Social pueden ser incompletos o poco confiables y que los errores podrían provocar que ciudadanos elegibles sean identificados incorrectamente como no ciudadanos de Estados Unidos. Además, argumentaron que la difusión de los datos constituía una violación de la privacidad de las personas.

La jueza federal Sparkle Sooknanan bloqueó su implementación en junio al concluir que violaba leyes federales relacionadas con la privacidad, los registros del Seguro Social y el funcionamiento de las agencias administrativas. En su fallo afirmó que el Gobierno federal había “pisoteado deliberadamente los derechos a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el derecho sagrado al voto”.

La jueza también señaló que algunos Estados habían utilizado la base de datos y estaban eliminando ciudadanos estadounidenses de los padrones a partir de información inexacta.

En el condado de Travis, Texas, por ejemplo, las autoridades informaron que investigaron a 97 votantes señalados por SAVE como presuntos no ciudadanos y descubrieron que al menos el 10% de ellos —y posiblemente hasta el 21%— eran ciudadanos estadounidenses.

La Administración Trump acudió al Supremo después de que un tribunal de apelaciones se negara a suspender la decisión del tribunal inferior. El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, argumentó que, desde mayo de 2025, la versión actualizada de SAVE había verificado a más de 65 millones de votantes en 26 Estados y señalado a 28.635 como posibles no ciudadanos.

Las investigaciones demuestran que el voto de personas que no son ciudadanas —una práctica ya ilegal y punible como posible delito grave que podría acarrear la deportación— es sumamente infrecuente. Sin embargo, Trump se ha mantenido obsesionado con la idea de que un número masivo de personas que no son ciudadanas vota en los procesos electorales de Estados Unidos. Según el republicano, su derrota ante Joe Biden en las elecciones de 2020 se debió al fraude electoral, aunque se ha comprobado que no fue así.

Trump había criticado duramente a los jueces del Supremo por haber impedido la reforma del sistema de voto por correo, otras de sus maniobras para verse favorecido en las elecciones de noviembre. El republicano quiso implantar un sistema que obligara a los Estados a enviar listas de los votantes elegibles para el voto por correo, además de obligarles a utilizar sobres especiales para enviar las papeletas, a pesar de que no había tiempo suficiente para realizarlo en las midterms.