Mañana martes reanudará la actividad en los tribunales provinciales luego de la feria judicial de invierno. Durante el receso no hubo contactos entre las partes: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj).
Directivos del sindicato confirmaron que hay un paro por 60 horas que decidió la última Asamblea Extraordinaria, donde la mayoría rechazó la propuesta formalizada por el TSJ y resolvió medidas de fuerza. Comenzará el miércoles próximo a las 12 y se extenderá hasta el viernes.
El conflicto judicial por salarios, la equiparación con sus pares federales y en rechazo de los aumentos de aportes previsionales y a Apross, continúa y se extiende sin un horizonte que logre aplacar los reclamos.
La oferta del TSJ se centra, básicamente, en adelantar los tramos de la equiparación salarial con los trabajadores de la Justicia Federal y pasar a planta permanente a 146 trabajadores.
Sin embargo, la realidad de los sueldos es que los aumentos que se vienen concediendo a partir de las resoluciones de la Corte Suprema, se erosionan por el aumento de aportes, de 6 al 8 por ciento en el caso de la Caja de Jubilaciones y un punto porcentual, para Apross.
Casi 12 millones de pesos: la dieta de los senadores tras un nuevo aumento
¿Un memorando sin efectos reales?
Mientras culminaba la Asamblea Extraordinaria gremial, el 1 de julio, la Fiscalía General emitió un memorando por el impacto de los paros en las Unidades Judiciales (UJ).
La disposición administrativa instruyó a funcionarios, jefes y encargados de oficina de todas las áreas del MPF a informar la nómina del personal asignado para la cobertura mínima durante las jornadas de protesta.
Aquellos agentes de turnos o guardias como «personal único» quedaba automáticamente afectados a la prestación del servicio esencial y no podrán adherir a la medida de fuerza. El gremio rechazó de plano por considerar inconstitucional la medida.
Los empleados de las UJ son quienes -en mayoría- impusieron posición en el gremio para rechazar la oferta del TSJ, con respaldo del gobierno provincial que es el que dispone los fondos para otorgar aumentos.
Sin embargo, a partir de consultas realizadas por Perfil CÓRDOBA, se supo que en la práctica -hasta ahora- no existieron sanciones ni situaciones límites donde obligaran al personal a no adherir a las medidas de acción directa.
