Una fiesta de lujo, más de 800 invitados y una lista de famosos del espectáculo. Así fue el casamiento de Pablo Otero (56), el empresario tabacalero conocido como el “Rey del Tabaco”, con la bailarina y coreógrafa uruguaya Andrea Ghidone (48). La celebración se realizó el sábado 24 de octubre en Rüt Haus, un exclusivo salón de la Costanera Norte porteña, y combinó el tono romántico de una boda con el despliegue de una gran producción.

La postal festiva tuvo, sin embargo, otro telón de fondo: la situación judicial y tributaria de Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que quedó en el centro de una de las mayores controversias fiscales de los últimos años por la discusión sobre el impuesto mínimo a los cigarrillos.

A Otero el estado nacional le reclama más de mil millones de dólares por el impuesto mínimo al tabaco. Y recibió un fallo en contra de la Corte, luego de que el máximo tribunal rechazara el planteo de declarar inconstitucional el gravamen .

Entre los invitados estuvieron Florencia de la V, Gabriel Corrado, Luis Ventura y su pareja, Fabiana Liuzzi; Susana Roccasalvo, Barbie Simons, Federico Bal, Evelyn Botto, Rocío Marengo, Débora D’Amato, Anita Pauls, Anita Martínez y Daniel Ambrosino, entre otros. Las imágenes difundidas de la celebración mostraron una concurrencia nutrida de figuras de la televisión, el espectáculo y el periodismo.

La ceremonia tuvo como protagonistas también a los hijos de la pareja. Natasha, la hija de Ghidone, y José, Isabella y María Divina, los tres hijos de Otero, participaron de la celebración. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando José habló sobre los cambios que había observado en su padre desde el comienzo de la relación.

Después fue el turno del empresario denunciado, que tomó la palabra para recordar el camino recorrido junto a su esposa. Ghidone, por su parte, preparó una sorpresa personal: escribió una canción inspirada en su historia de amor y la recitó ante los invitados, aunque todavía no tiene música.

La fiesta incluyó un espectáculo de tango, ligado a la trayectoria artística de la novia, y presentaciones musicales de Carlos Vives, Ráfaga y los Gipsy Kings. Ghidone lució tres vestidos: dos diseñados por Marisa Campanella y un tercero adquirido en Milán.

Manchado por la causa por evasión, Otero intentó lavar su imagen y darle un sentido solidario a la celebración. En lugar de regalos, pidió donaciones para cuatro instituciones: la Fundación Natali Dafne Flexer, la Casa del Teatro y la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís, en la Argentina, y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, en Uruguay.

Antes de la gran fiesta, Otero y Ghidone habían formalizado su unión por civil el 15 de octubre, en el Club Libanés, en una ceremonia íntima acompañada por sus hijos y familiares cercanos.

La celebración social contrasta con el frente tributario que arrastra el empresario. En agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y rechazó el planteo de Tabacalera Sarandí contra la aplicación de ese gravamen.

El conflicto se remonta a 2018, cuando la empresa comenzó a cuestionar judicialmente la obligación de pagar el impuesto en las condiciones previstas por la ley. Las medidas cautelares obtenidas durante años le permitieron sostener una estrategia comercial con precios que sus competidores consideraban favorecidos por la diferencia impositiva.

El fallo del máximo tribunal representó un revés para Otero y abrió la puerta a que el organismo recaudador avanzara con el reclamo de los montos adeudados. En agosto de 2025, distintas publicaciones periodísticas informaron que la deuda acumulada por capital e intereses superaba los mil millones de dólares. Las estimaciones difundidas posteriormente llegaron a ubicar el monto total, con intereses y multas, por encima de los US$ 1.500 millones. La cifra definitiva depende de las liquidaciones y del avance de la ejecución fiscal.

La discusión no es menor: el caso involucra el alcance de las obligaciones tributarias de una empresa que ganó participación en el mercado mientras litigaba contra la aplicación del impuesto. La Corte consideró que la compañía no había demostrado que el gravamen fuera inconstitucional.

El llamado “prontuario” de Otero requiere distinguir entre los expedientes que lo involucran, las denuncias formuladas por organismos estatales y las decisiones judiciales adoptadas hasta ahora. No todos los casos tienen el mismo estado procesal ni equivalen a una condena penal.

Uno de los frentes fue una denuncia por presunto lavado de activos impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo señaló operaciones de Tabacalera Sarandí realizadas entre 2021 y 2023 por unos $ 33.632 millones con 23 distribuidores mayoristas que, según sus informes, presentaban perfiles fiscales irregulares y carecían de capacidad económica u operativa compatible con el volumen de las transacciones.

La hipótesis de ARCA apuntaba a posibles inconsistencias en el origen y la trazabilidad de los fondos. Otero y la empresa rechazaron las acusaciones y sostuvieron que las ventas habían sido reales, facturadas y registradas. El fiscal federal Eduardo Taiano desestimó inicialmente la denuncia por considerar que no había elementos suficientes para acreditar una maniobra de lavado.

El organismo recaudador buscó que se revisara esa decisión. Sin embargo, en 2026 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el apartamiento de ARCA como querellante, lo que complicó la posibilidad de que el organismo impulsara el expediente. La controversia procesal no debe confundirse con una condena por lavado: el eje de la disputa fue la continuidad de la investigación y la intervención de ARCA.

Otro expediente se tramita en Mar del Plata y está relacionado con una presunta falsificación de estampillas fiscales y la comercialización de cigarrillos con documentación cuestionada. La investigación, iniciada años atrás, fue mencionada en distintas coberturas periodísticas. La existencia de esa causa tampoco equivale, por sí sola, a una sentencia condenatoria.

Así, el cuadro judicial de Otero combina una derrota concreta en la controversia tributaria —el fallo de la Corte que confirmó la constitucionalidad del impuesto— con investigaciones penales en las que corresponde precisar el estado de cada expediente y las resoluciones que se hayan dictado.

La figura de Otero trascendió el mercado del cigarrillo por la dimensión de la pelea impositiva y por las críticas que recibió de funcionarios y dirigentes políticos. El caso se convirtió en un símbolo de la discusión sobre las excepciones tributarias, la competencia entre empresas y la capacidad del Estado para cobrar impuestos.

La boda también generó comentarios por la presencia de figuras públicas y por las referencias a invitados del mundo político. Entre los nombres que circularon antes del evento apareció el diputado Cristian Ritondo, mencionado en una columna periodística como invitado VIP; esa referencia, por sí sola, no permite afirmar que haya asistido a la fiesta.

Mientras las imágenes de la celebración mostraban a los recién casados rodeados de familiares y celebridades, la historia empresarial de Otero seguía ligada a una disputa de enorme dimensión económica. La boda tuvo todos los ingredientes de una crónica de sociedad —lujo, vestuario, famosos y emoción—, pero el apellido del novio añadió una pregunta que excede el espectáculo: cómo terminará el conflicto por los impuestos y qué destino tendrán las investigaciones que lo involucran.