La conocida como ley de nietos promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y la correspondiente suspensión cautelar del Tribunal Supremo del derecho al voto para quienes hayan sido nacionalizados a través de esta vía han llevado a Génova a estudiar una propuesta normativa sin precedentes. El Partido Popular ya había anunciado que, si Alberto Núñez Feijóo es investido presidente tras el 29-N, el PP impulsará una nueva ley de nacionalidad que endurezca los requisitos para obtener el pasaporte español. Pero el líder del PP no se ha quedado ahí y este martes ha propuesto además exigir, para poder votar en las elecciones, a quienes hayan sido nacionalizados un “tiempo de residencia mínima” en el país. “Una cosa es tener un pasaporte y otra cosa es tener derecho a voto”, ha sentenciado Feijóo este martes en una entrevista en la Cadena Cope.

El plan de Génova es extraer la regulación de la nacionalidad del Código Civil y desarrollar una ley orgánica ad hoc en la que se “fortalezcan” los requisitos para aspirar a ser español. En esa norma se incluirían también otros preceptos para imponer tanto un “tiempo de residencia mínimo en el país” como otros condicionantes complementarios que permitan ejercer el derecho al sufragio activo a quienes hayan sido nacionalizados —“tener conocimiento de la situación del país, tener información adecuada y suficiente para saber y orientar el voto de forma adecuada…”, ha especificado Feijóo sobre el resto de requisitos—.

No ha aclarado el líder del PP el tiempo mínimo de residencia ni a quién afectaría. Sí ha fundamentado su argumentación conforme a la ley de nietos, contra la que el Partido Popular lleva batallando desde febrero pasado. “Han querido colar 2.400.000 nuevos votantes. El censo se llama Censo Electoral de Residentes Ausentes y nunca han residido en el país”, ha señalado Feijóo este martes sobre el CERA, censo electoral que incluye a quienes tienen la nacionalidad, pero viven fuera de España, y que incorpora tanto a quienes son españoles por nacimiento como a quienes hayan obtenido dicha condición a posteriori según distintos supuestos, como es el caso de la ley de nietos. “Las prácticas del sanchismo requieren de medidas correctoras”, subrayan en Génova.

Sobre esta última vía, nacida de la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, más de 160.000 españoles nacionalizados por la ley de nietos se han visto afectados por la suspensión cautelar del derecho al voto del Supremo. En línea con lo explicado por Feijóo este martes, fuentes de Génova señalan que “el censo de residentes ausentes habla de residentes que no están en España” y, “si nunca han sido residentes, entonces ya hay una anomalía que debemos analizar y que vamos a analizar”. En el gabinete del líder del PP aseguran que estudiarán si “personas que nunca han estado en España tienen que decidir quién gobierna en España”. Esa hipotética norma del Partido Popular podría afectar también a los nacionalizados a través de la disposición séptima de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en caso de que tampoco hayan vivido en el país, y que en estos casi 10 años han podido participar en las hasta siete elecciones generales que se han convocado.

Derecho al voto

La Constitución regula el derecho al voto en su artículo 23.1, donde se establece que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Mientras que, en su apartado 13.1, la ley fundamental indica que “solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, abrió la nacionalización a los descendientes de exiliados políticos durante la posguerra civil. Acto seguido, una instrucción del Ministerio de Justicia indicó que la condición de exiliados políticos debía presuponerse para todos los emigrantes españoles entre 1939 y 1955. La condición de emigrante económico dejó así de ser excluyente para optar a la nacionalidad, tal y como se deducía de la propia ley, la llamada ley de nietos, pensada para los exiliados políticos.

“El vínculo entre ser español y el voto es indisoluble”, afirma el Defensor del Pueblo, el exministro socialista Ángel Gabilondo, en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en defensa del derecho al voto de los más de 160.000 españoles que residen en el extranjero y a quienes el Tribunal Supremo ha privado cautelarmente del sufragio.

Feijóo también se ha pronunciado sobre la decisión que ha de tomar el Tribunal Constitucional sobre la sentencia del Tribunal Supremo de impedir votar a los nuevos nacionalizados. “A pesar de su composición, no se atreverá a una resolución injusta. No se va a atrever el Tribunal Constitucional a un disparate de esta categoría”, ha señalado el líder del PP. Génova insiste desde hace meses en que el problema, a su juicio, radica en la instrucción ministerial que desarrolló la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Los populares sostienen que esa orden amplía los supuestos de aplicación de la “El Constitucional no va a ir en contra de la jerarquía de las normas”.