El pasado martes, ante el tribunal integrado con jurados populares, Sergio Fittipaldi, secretario general del Soelsac, fue el primero en declarar en el juicio por el homicidio de Gabriela Pérez. No se limitó a reconstruir los hechos de la balacera, sino que apuntó al Surrbac. Dijo que la intención de Franco Saillén era quedarse con la conducción del sindicato de limpieza para expandir la distribución de drogas y avanzar sobre el control de las barras bravas de Talleres y Belgrano.
De acuerdo con su relato, esa disputa por el poder sindical, que incluía además el manejo de la obra social y de una estructura territorial con trabajadores distribuidos capilarmente en toda la provincia —“donde hay un banco o una escuela hay un trabajador de limpieza”, subrayó Fittipaldi— fue el trasfondo que derivó en los enfrentamientos armados que terminaron en la tragedia del Club Yapeyú.
Las declaraciones de Fittipaldi ante los jurados —estaban en el expediente desde hace tres años pero recién ahora tomaron estado público— motivaron el anuncio de la fiscal federal, Virginia Miguel Carmona, quien subroga la Fiscalía Federal 1 de Córdoba, de que citará al líder del Soelsac para que declare en esos tribunales.
La maniobra procesal no es menor: abre la puerta a una eventual investigación federal contra Franco Saillén y otros directivos del Surrbac por delitos de narcotráfico, un terreno judicial distinto —y mucho más gravoso— que el de las causas por delitos económicos que ya pesan sobre la conducción de ese gremio. Hasta ahora, los dirigentes del sindicato de recolectores enfrentaban señalamientos vinculados a irregularidades administrativas y financieras, pero no imputaciones relacionadas con el tráfico de drogas.
La respuesta no tardó en llegar. Saillén, exlegislador provincial y referente del Surrbac, rompió el silencio con una carta pública en la que calificó de falaces y sin sustento las acusaciones de Fittipaldi. Y contraatacó recordando que en agosto del año pasado, en un proceso de la Fuerza Policial Antinarcotráfico fue detenido David Germán Fittipaldi, hermano del secretario general del Soelsac.
El expediente fue instruido por el fiscal provincial de Narcotráfico, Carlos Cornejo, y se encuentra radicado en la Cámara 5a del Crimen para el juicio. David Fittipaldi continúa detenido, está acusado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas, cuya pena —en caso de condena— va de seis a 20 años de prisión.
