El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encara la recta final de su mandato y algunas de las promesas que hizo al comienzo de su segunda andadura se cumplen ya in extremis. La Asamblea Nacional francesa ha dado este miércoles el visto bueno definitivo a la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento.

El texto salió adelante tras un accidentado periplo parlamentario, iniciado antes de la traumática disolución de la Asamblea Nacional en 2024 y retomado hace un año y medio. La complejidad del tema y el tiempo en el que se alargó la decisión final provocaron que muchos diputados, que inicialmente apoyaban la creación de este nuevo derecho, acabaran considerando que el texto iba demasiado lejos. Finalmente, los miembros de la Asamblea Nacional aprobaron este miércoles por la tarde el texto por un escaso margen: 291 votos a favor, 241 en contra y 29 abstenciones. Francia es el sexto país en legalizar la eutanasia después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España y Portugal.

La de este miércoles era una votación definitiva en tercera lectura, lo que habilitaba a la Cámara baja francesa a dejar aprobada la ley tras un complicado periplo en el que, desde 2025, el texto recibió en dos ocasiones el aval de los diputados, pero fue tumbado en otras dos ocasiones por el Senado, de mayoría conservadora. Considerada por unos como una nueva libertad y por otros como una ruptura histórica para Francia, esta votación marca un punto de inflexión de gran importancia. “En 2022, asumí el compromiso de abrir este camino junto a los franceses. Con seriedad, humildad y en pleno respeto de nuestra democracia, ese compromiso hoy se cumple”, declaró Macron tras la votación.

El presidente expresó inicialmente su “vértigo” ante un cambio de semejante magnitud, pero finalmente decidió seguir adelante. Mientras su primer ministro, Sébastien Lecornu, defendía discretamente la conveniencia de retrasar la votación, el jefe del Estado respaldó la posición de su ministro de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, partidario de aprobar la ley antes del verano.

El debate sobre esta ley sigue abierto. Aunque la izquierda y los macronistas votaron mayoritariamente a favor, y la derecha y la extrema derecha en contra, cada grupo dejó libertad de voto a sus miembros, al tratarse de un asunto complejo en el que se entrelazan lo íntimo y lo político.

Los defensores destacan que el texto establece criterios muy estrictos, como padecer una enfermedad grave e incurable, haber recibido un pronóstico vital comprometido en fase avanzada o terminal, sufrir dolores físicos o psicológicos insoportables o resistentes a los tratamientos. Además, para ejercer ese derecho hay que ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en el país. El paciente debe tener plena capacidad de discernimiento y ser apto para manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud.

En ese caso, debe pedir la ayuda a un médico y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada. A partir de ahí, el médico debe dar una respuesta motivada en un plazo de 15 días desde la solicitud. Si se aprueba, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de dos días.

Los detractores, por el contrario, temen que “miles de pacientes” acaben siendo elegibles para acceder a la ayuda para morir. La crítica se basa también en que el plazo de reflexión sea solo de dos días tras la aceptación de la solicitud y que se obligue a todos los centros sanitarios a permitir la práctica de la eutanasia o el suicidio asistido.

Las tensiones han sido muy fuertes y ponen al descubierto una brecha generacional y moral muy amplia en el país. Durante el debate final, varios diputados expresaron públicamente sus reservas. “¿Por qué precipitar la muerte? ¿Por qué arrancar la vida antes de tiempo?“, preguntó el diputado del RN Christophe Bentz, quien sostuvo que la sociedad “no tiene derecho a dejar de proteger a las personas más vulnerables, que serán las primeras víctimas de esta ley”. Las metáforas para oponerse a este asunto, este nuevo derecho en Francia, siempre son las mismas en todos los países. Poco antes, Olivier Fayssat, diputado del grupo UDR, próximo a Éric Ciotti (presidente del partido que reclama la alianza con la extrema derecha), había comparado la ayuda para morir con “una ejecución”.