Varias camionetas de la Patrulla Fronteriza entraban este miércoles a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en Miramar, al norte de Miami, mientras en la acera de enfrente, bajo una carpa improvisada, un grupo de activistas y defensores de derechos civiles sostenían ampliaciones de imágenes filtradas mostrando el interior del lugar. En ellas se vio a migrantes hacinados en el suelo con mantas de papel metálico, baños portátiles desbordados y basura acumulada. Decenas de personas que hacían fila para entrar a la oficina o esperaban a sus familiares afuera miraban perplejos.

Las imágenes, extraídas de las cámaras de seguridad, fueron entregadas por un denunciante anónimo a legisladores demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso. Ayudan a corroborar los testimonios de migrantes que aseguran haber pasado días detenidos allí sin camas, duchas, comida suficiente ni atención médica.

“Durante meses hemos documentado testimonios que describen las mismas condiciones de hacinamiento extremo, personas durmiendo en el piso, días sin poder bañarse, falta de atención médica adecuada, comida en mal estado, personas que han sufrido convulsiones, personas que permanecen esposadas durante periodos prolongados”, dijo en la conferencia de prensa María Bilbao, del American Friends Service Committee y del Círculo de Protección de Miramar, organizaciones que apoyan a los migrantes que acuden a sus citas en esa oficina. Las fotografías confirman lo que los detenidos y familiares les han contado, dijo Bilbao.

“Nosotros no necesitábamos una fotografía para creerles, pero ahora existe evidencia visual que hace aún más difícil ignorar sus denuncias”, agregó.

Los activistas acusaron al ICE de haber convertido el lugar en “un centro de detención clandestino, a plena vista de todos” y pidieron a las autoridades locales verificar que el edificio cumpla con las normas de ocupación y seguridad.

Las imágenes fueron entregadas al comité encargado de fiscalizar a las agencias federales e investigar posibles abusos por empleados del ICE, según una carta enviada al director interino de la agencia, David Venturella, y al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Joseph Cuffari, por los congresistas demócratas Robert García, Bennie Thompson y Maxwell Frost. Los legisladores, que lideran la minoría en comités y subcomités en la Cámara Baja, exigieron en la misiva que el ICE entregue documentos, grabaciones y otros registros internos antes del 5 de octubre.

Según la denuncia, las instalaciones de Miramar tienen capacidad para 56 personas, pero el ICE ha retenido ahí a cientos. En un día de agosto hubo 342 inmigrantes detenidos ahí, y más de un centenar habrían pasado la noche en una especie de garaje. En las imágenes se ve a las personas acostadas sobre el concreto.

Asimismo, mujeres y hombres han pasado hasta siete días recluidos en espacios concebidos para menos de 12 horas de confinamiento, de acuerdo con la denuncia. La denuncia señala, además, que las instalaciones no se limpiaron de manera adecuada por meses y que en ocasiones hubo inodoros desbordados y excrementos sobre el suelo.

Las imágenes muestran también a detenidos cepillándose los dientes afuera con agua de una manguera. La denuncia señala que no se proporcionan productos de higiene femenina. Tampoco habría personal médico permanente y algunas personas con diabetes e hipertensión pasaron días sin sus medicamentos, y algunas se desmayaron, de acuerdo con la denuncia.

Los congresistas sostienen que las autoridades trasladaron a detenidos antes de que se dieran visitas de supervisión con el objetivo de ocultar el denunciado hacinamiento.

El fin de protecciones para migrantes como contexto

Un portavoz del DHS dijo a EL PAÍS que “Miramar es una instalación de procesamiento, no un centro de detención. Los extranjeros ilegales son procesados y trasladados a un alojamiento permanente en un centro de detención”.

Paul Namphy, de Family Action Network Movement (FANM), relacionó lo que está pasando en Miramar con el fin de las protecciones temporales para migrantes haitianos, venezolanos y de otros países centroamericanos. El Gobierno les ha revocado su estatus legal y sometido a “un cruel sistema de detención y deportación”, señaló.

Namphy pidió el apoyo de los legisladores del sur de Florida cuya voz “es absolutamente necesaria ahora para defender y proteger las vidas de nuestros familiares en la comunidad inmigrante”. “Los funcionarios electos no tienen opción. (…) Deben hacer su trabajo y proteger los intereses de los floridanos. Y, si no lo hacen, las elecciones son dentro de unas semanas y quizá la gente de sus distritos elija a otra persona”, afirmó.

Elena Muñoz, del Círculo de Protección de Miramar, expresó frustración porque a pesar de las denuncias “no ha pasado nada”. “Todo ahí sigue igual”, dijo señalando hacia las instalaciones.

A la oficina de Miramar acuden casi diariamente migrantes que tienen citas periódicas con el ICE. En los últimos meses, las autoridades han llevado hasta allí a personas arrestadas en el sur de Florida para procesarlos antes de enviarlos a centros de detención como el llamado Alligator Alcatraz, que cerró en junio, Krome, en el suroeste de Miami, y Deportation Depot, al norte de la península.

Familiares de los detenidos, abogados y activistas han denunciado que desde el verano el sitio ha sido utilizado como un centro de detención improvisado. En julio, algunos migrantes dijeron que pasaron varios días en una habitación con más de 50 personas, con un solo inodoro, sin camas y que les daban pan con mantequilla de maní y una botella de agua cada día.

La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz hizo una visita sorpresa a las instalaciones en julio y dijo que los detenidos estaban “hacinados como sardinas”, en condiciones que no le desearía “ni a su peor enemigo”.