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A los mashco piro, uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario más grandes del mundo, se les ha avistado cada vez más. En Alto Madre de Dios y en Monte Salvado, Amazonia peruana y frontera con Brasil, ahora es más frecuente verlos por las cabeceras de los ríos, asomándose a pescar o a cazar. “Pero los hermanos también han salido por la misma presión que hay, ¿no?”, dice en una llamada Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). El narcotráfico, las actividades ilegales y las concesiones madereras los han ido exprimiendo de su territorio, poniéndolos en un contacto que no buscan y, muy posiblemente, arriesgando su cultura y salud.
“Es un grupo que ha determinado no estar en contacto con la sociedad, y eso es un derecho que corresponde a los pueblos originarios y por lo que hemos decidido hacer defensa”, agrega Ríos, refiriéndose a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que participará este 24 y 25 de septiembre, y que hace parte del juicio contra el Estado peruano por poner en riesgo la vida de los mashco piro, los yora y los amahuaca.
Pese a que Perú ha reconocido el territorio de los mashco piro a través de distintas figuras, han sido débiles para blindar a estos pueblos. Desde 2002, cuando se creó la Reserva Territorial Madre de Dios, se determinó a la vez que allí se permitía la actividad extractiva de empresas forestales. Y en 2006, cuando el Congreso aprobó la ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento o contacto inicial, se insistió en que en sus territorios se podían explotar recursos naturales si se trataba de una “necesidad pública”.
“El Estado peruano ha utilizado una figura que se llama categorización con carga”, comenta Juliana Bravo, abogada de Earth Rights Internacional, organización que, junto a Fenamad, demandó al Estado. Es decir, el país permite la continuidad de las concesiones forestales que hay en el territorio indígena argumentando que hay compatibilidad. Pero la experiencia ha demostrado lo contrario.
Uno de los puntos críticos, recuerda, fue en 2005, cuando un enfrentamiento entre los madereros y los indígenas terminó en la muerte de dos de los trabajadores. Fenamad temió que las represalias contra los pueblos en aislamiento fueran fatales y solicitó protección urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó medidas cautelares en 2007 y que aún hoy están vigentes.
Las condiciones de los mashco piro, sin embargo, siguieron decayendo. No solo las de ellos, sino las de los pueblos indígenas que conviven en el territorio y que sí están en contacto. “Nosotros ya hemos sido discriminados y despojados de nuestra cultura y nuestra identidad, y no queremos que eso continúe con nuestros hermanos”, agrega Ríos. En 2011 presentaron una petición ante la CIDH y, en 2022, el informe de la Comisión encontró que, efectivamente, el territorio de estos pueblos no había sido reconocido adecuadamente. Además, señaló que la explotación de recursos naturales, así fuera una “necesidad pública”, vulneraba la subsistencia de los indígenas en aislamiento. En 2024, finalmente, el caso fue admitido por la Corte IDH y tendrá su audiencia única a finales de esta semana.
Que los mashco piro mantengan su falta de contacto voluntario no se trata solo de su identidad y libre determinación, sino de supervivencia. “Tienen unas condiciones de vulnerabilidad diferentes”, aclara Bravo. “Un sistema inmune distinto, por lo que cualquier epidemia o enfermedad puede exterminar a este pueblo”. Las miembros de Fenamad son quienes, hasta el momento, han intentado garantizar que esas barreras intangibles se sostengan. Ríos cuenta que tienen un sistema de vigilancia comunitaria con puestos de control en sitios estratégicos de cuencas como la de Alto Madre de Dios o Puerto Nuevo: así buscan evitar que agentes externos entren. “Las personas que están allí, en esos puestos, se han capacitado para armar un protocolo de conocimiento sobre los pueblos en aislamiento”.
Pero ese cordón de blindaje a veces es atravesado por trochas que abre la industria de la madera, exponiendo caminos de contacto. Entre diciembre de 2019 y julio de 2020, se registraron al menos 15 avistamientos de integrantes de pueblos indígenas en aislamiento, además de la muerte de un comunero por el impacto de flechas de los mashco piro, según un estudio de World Wildlife Fund Perú. “Y es que los gobiernos a veces optan más por la economía que por proteger la vida”, dice Ríos.
A nivel nacional, las medidas que ha tomado Fenamad para proteger a los pueblos en aislamiento se han quedado estancadas o son alargadas. Una medida que puso la organización indígena en 2008 fue archivada en 2012, lo que les dio motivos para escalarla al tribunal internacional. Durante la pandemia de covid-19, en 2020, cuando Fenamad emitió un comunicado alertando cómo la reactivación de la empresa maderera Canales Tahuamano ponía en alto riesgo de contagio a los mashco piro, la compañía los demandó por afectar “su honor y buena reputación”. A pesar de que en primera y segunda instancia las autoridades nacionales fallaron a favor de la maderera, en 2025 la Corte Suprema de Justicia del Perú reconoció que se trataba de una censura contra la organización.
“Tenemos la bendición de nuestros ancestros en que se quiere hacer justicia”, comenta Ríos sobre las audiencias ante la Corte IDH que se celebrarán en Montevideo, Uruguay. Es paciente, además, en esperar la sentencia final: un fallo que podría demorarse más de un año en ser emitido. “Hay incertidumbre, ¿no? Pero estaremos resistiendo en conjunto con la fuerza que nos dan las comunidades”, dice.
