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El 27 de febrero de 2026, y antes, al menos desde mediados del siglo XX, la integración energética regional fue una idea que tuvo sentido por sí misma. Lo tuvo cuando el mercado global de crudo se encontraba sobreabastecido y los precios no encontraban piso. Lo tuvo después del embargo petrolero de 1973, durante la guerra en Kuwait e Irak, la invasión a Irak en 2002 y otras crisis internacionales. Y lo sigue teniendo hoy.

Tiene sentido desde un punto de vista económico: dos papers publicados en 2025 cuantifican esta ganancia de eficiencia. El estudio de Wessel et al., publicado en Nature Communications, estima que una plena coordinación regional podría generar ahorros sistémicos de entre 14.700 y 22.800 millones de dólares anuales en el sistema eléctrico sudamericano, frente a entre 3.500 y 7.000 millones en escenarios de integración parcial. Por otro lado, una publicación del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería proyecta ahorros de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares hacia 2045 en un escenario de integración regional.

Pero no solo es un tema económico: una red más amplia es una red más segura. Los eventos climáticos extremos se suceden con mayor intensidad y frecuencia, y América Latina y el Caribe arrastran déficits históricos de infraestructura mientras enfrentan las consecuencias de una situación geofísica global que no contribuyó a crear. En ese contexto, la integración energética regional constituye una herramienta elemental de adaptación climática y así debería ser conceptualizada por los organismos multilaterales de crédito. Existe hoy un stock de financiamiento verde disponible a escala global para avanzar en esa dirección.

América Latina y el Caribe contribuyen apenas marginalmente al deterioro de los equilibrios climáticos y oceánicos globales. Aun así, la región se encuentra comprometida con la remediación de esa situación y, si bien su sistema energético es el que menos gases de efecto invernadero emite por unidad de producto a nivel global, todos sus países han asumido ambiciosos compromisos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París. Han persistido en un esfuerzo colectivo por preservar las condiciones ambientales que sostienen la vida humana tal como la conocemos. La integración energética regional permite avanzar en esos objetivos sin penalizar economías que todavía enfrentan fuertes restricciones estructurales.

La región tiene una rica experiencia de integración energética sobre la cual construir. A ambos lados de la crisis de deuda de los años ochenta (causada y, a la vez, consecuencia de los precios del crudo) hubo dos oleadas virtuosas cuya infraestructura todavía hoy nos sigue beneficiando. Estas tradiciones tienen nombre: Itaipú, la infraestructura de generación energética más grande que la humanidad jamás construyó; Yacyretá; Salto Grande. En los años noventa se sumaron luego cinco gasoductos transfronterizos entre Argentina y Chile, una línea y una conversora entre Argentina y Brasil, y los inicios del Mercado Eléctrico Regional (MER). Por razones diversas, tanto el modelo liderado por el Estado como el que abrió espacio a la iniciativa privada perdieron impulso y, desde comienzos de los 2000, la región no volvió a registrar grandes avances en materia de integración energética.

Hoy necesitamos un enfoque pragmático para hacer un uso más eficiente de la infraestructura que heredamos de ambas etapas. Dejar de concebir proyectos de infraestructura punto a punto, que vinculan una oferta y una demanda, para pasar a concebir sistemas. Pasar de intercambios de excedentes de oportunidad a la construcción de mercados energéticos regionales. Pasar del subempleo pavoroso de la escasa infraestructura de integración energética regional que tenemos al pleno empleo de esa infraestructura, para avanzar en un ciclo de inversión capaz de aumentar efectivamente nuestra seguridad energética, bajar los precios y las emisiones, y mejorar la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias de nuestra región.

Dos tecnologías que la humanidad desarrolló desde la antigüedad clásica y que en América Latina tienen una fuerte tradición vuelven hoy en nuestro auxilio: la diplomacia y el planeamiento.

Después de un momento de fe omnímoda en las fuerzas del mercado durante los años noventa, los primeros años del 2000 trajeron nuevamente a la región el reconocimiento de la importancia de planificar estatalmente la expansión de los sistemas energéticos. La experiencia brasileña ha sido particularmente ilustre en el desarrollo de una fuerte articulación entre planeamiento energético y financiamiento para el desarrollo, permitiendo que Brasil sea hoy el país con la matriz energética más limpia del G20.

Entendimos, desde OLACDE, que era necesario escalar esa experiencia hacia la región: creamos un Consejo de Planeamiento Energético Regional como espacio permanente de articulación, donde los países puedan comenzar a conocer y coordinar su planificación con el objetivo de avanzar hacia una planificación energética integrada. El planeamiento energético es un proceso continuo, con horizontes de al menos dos décadas. Solo articulando planes hoy podremos cosechar en veinte años las eficiencias que necesitamos. En ese trabajo estamos.

Pero, mientras construimos en conjunto el largo plazo, tenemos que poner en uso la infraestructura disponible y crear los incentivos para que se desarrolle un ciclo de inversión y desarrollo: un mercado energético regional.

El enfoque pragmático que impulsamos privilegia la convergencia regulatoria como camino para la contractualización transfronteriza de la oferta y la demanda energética: nos hemos dado al escasamente revolucionario ejercicio intelectual de concebir las regulaciones de los mercados energéticos nacionales como barreras técnicas al comercio.

Esa convergencia precisa de una bóveda bajo la cual organizarse: un tratado que pueda reconocer alcances parciales e ir agregando convergencia. De la misma manera que, en el campo del comercio y las barreras arancelarias en nuestra región, la geometría del Tratado de Montevideo de 1980 permitió que hacia el año 2000 alcanzáramos prácticamente el libre comercio. Es por eso que, siguiendo mandatos de la gobernanza de nuestra organización y declaraciones especiales de CELAC, los próximos 17 y 18 de junio realizaremos, bajo la Presidencia Pro Tempore de CELAC y con apoyo de la Unión Europea y CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el primer Diálogo Regional sobre Integración Energética, Interconexión Eléctrica y Convergencia Regulatoria: hacia un tratado de integración energética regional.

Esperamos poder poner en marcha los mecanismos diplomáticos que creen los marcos legales para que puedan florecer mercados regionales, físicos y jurídicos. Para que inversores puedan tomar posiciones en energía eólica en Ceará, solar en Antofagasta, gas neuquino, hidroeléctrica colombiana y geotérmica en Centroamérica. Para que proliferen las interconexiones eléctricas regionales, para que moléculas, electrones y contratos puedan circular libremente e intercambiarse dentro de nuestra región. Para que bajen los costos de la energía de los hogares y se generen empleos de calidad en lo que todavía es la región más desigual del mundo.