La detección de un chat en redes sociales, en el que un joven aseguraba que iba a atentar contra un colegio antes de quitarse la vida, encendió las alertas en la Justicia cordobesa. En el allanamiento secuestraron armas blancas y un cuaderno con instrucciones para fabricar bombas.

La investigación, iniciada por la Brigada de Investigaciones Antiterrorismo de la Policía de Córdoba en Río Cuarto, derivó en una causa judicial que ordenó medidas urgentes en la capital provincial. Si bien el chat fue detectado originalmente en un teléfono de Río Cuarto, la amenaza había sido proferida por un menor con domicilio en la ciudad de Córdoba.

Tras las primeras actuaciones, se produjo un allanamiento en la casa del adolescente, donde se secuestraron un teléfono celular, una cuchillo y un cortaplumas. Sin embargo, el mayor hallazgo que encendió las alarmas fue la presencia de chats que indicarían un contacto estrecho con la red conocida como True Crime Community (TCC), donde se promocionan y estimulan actividades criminales y tiroteos escolares.

Norma Scaglia, fiscal del fuero Penal Juvenil, confirmó en diálogo con la prensa que el menor fue puesto a resguardo y permanece internado en una clínica psiquiátrica bajo tratamiento y seguimiento interdisciplinario.

“La causa se inicia con una previsualización de un teléfono en Río Cuarto. Se observa este texto y, cuando investigan el número, se dan con que pertenece a un menor de acá de Córdoba”, explicó la fiscal. Aunque evitó dar precisiones textuales sobre el mensaje por tratarse de un menor, aseguró que el contenido fue lo que generó la alarma de las autoridades. En esa previsualización fue que apareció el logo de la comunidad TCC.

“Lo que se vio fue que el chico quería atentar contra una escuela en particular, porque no se bancaba a un grupo de chicos que habían sido sus compañeros. Él ya no pertenecía a esa institución, pero planeaba el ataque contra ellos”, detalló Scaglia.

Además de las armas blancas, en el domicilio del menor se encontró un cuaderno con manifestaciones personales y un detallado estudio para confeccionar una bomba. En los chats analizados, sus interlocutores lo instigaban a cometer el acto violento bajo la promesa de que, de lograrlo, se convertiría en “un héroe”.

Debido a la gravedad del cuadro, la fiscalía solicitó la intervención de la Justicia de Menores. “Teniendo en cuenta las características del joven y el tenor de la información que encontramos, le pedí a la jueza un retiro para una evaluación psiquiátrica”, remarcó Scaglia.

“Era tan elevado el tono de los chats que correspondía una evaluación psiquiátrica y psicológica. Hoy el joven está internado a disposición de la jueza de Control Juvenil de Tercera Nominación, Ileana Benedicto”, agregó.

Si bien todavía no se realizó la apertura oficial del teléfono secuestrado —lo que permitirá determinar con quiénes se comunicaba y si hay mayores involucrados—, la fiscal puso el foco en lo que no se pudo ver desde el entorno del adolescente. .

“A mí lo que me preocupa es que él no haya podido expresar esto; que si se sentía solo, si tenía ideas suicidas o si no se bancaba a ciertas personas, no lo haya podido hablar con su papá, su mamá o el gabinete de la escuela. Me preocupa que haya tenido que volcarlo en un grupo de gente que desconoce”, concluyó la funcionaria.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba puso en marcha este miércoles el nuevo Protocolo de Recupero y Resarcimiento, mediante el cual los gastos ocasionados por intervenciones policiales y operativas ante amenazas de tiroteo en escuelas serán reclamados a los padres o adultos responsables de los alumnos identificados e imputados judicialmente.

De acuerdo a lo informado oficialmente por dicha cartera, «cada operativo moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas, recursos tecnológicos y tiempo operativo que se sustrae de otras funciones esenciales vinculadas a la prevención del delito y la seguridad ciudadana».

«Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, señalaron y también remarcaron que «no se trata de hechos menores, travesuras ni bromas de mal gusto», sino que «son conductas graves que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en alumnos, docentes y familias, y exigen una respuesta inmediata del Estado».

Este nuevo protocolo implica la intervención coordinada del Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, donde se cuantificarán los recursos humanos y materiales afectados en cada caso para avanzar luego con la intimación extrajudicial y, de corresponder, con las acciones judiciales pertinentes.