La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) rechazó este miércoles la propuesta salarial formalizada el lunes pasado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia. La votación salió 513 votos en contra de la oferta a 228 proclives a aceptarla.
La discusión continúa para definir cómo seguirá el plan de lucha y si el gremio continuará sentado en la mesa.
La decisión fue adoptada en la máxima instancia sindical que expresa los mandatos de los delegados de las sedes judiciales del interior y de Capital. En la práctica, se extenderá el conflicto que comenzó en marzo. Hasta hace 15 días hubo un sórdido silencio por parte de una patronal bicéfala. Si bien es el Tribunal Superior el interlocutor del personal, cualquier oferta salarial depende de los fondos que habilita el Ministerio de Economía provincial.
Finalmente, el lunes último el TSJ puso sobre la mesa una oferta que los trabajadores consideraron insuficiente. Consiste en adelantar las cuotas de la equiparación salarial al 90% con los trabajadores de la Justicia Federal. El año pasado el gremio logró esa conquista, pero a completar en tramos hasta 2028 para la mayoría de las categorías del escalafón.
Lo único que ofreció el gobierno es adelantar esas cuotas y un bono extraordinario de $140.000 por única vez para la categoría más baja.
Lo que complicó aún más el conflicto este año fueron los incrementos de los aportes que les retienen a todos los trabajadores y también a funcionarios y magistrados para la Caja de Jubilaciones. Subieron del 6% al 8%. Además, por la situación financiera de Apross, también aumentó el monto que les retienen del sueldo un punto porcentual. Entre ambos descuentos queda neutralizada la equiparación con los judiciales federales y eso se siente en el bolsillo. Los aumentos que otorga la Corte Suprema al personal y que se trasladan también en los tribunales de Córdoba no logran compensar las quitas.
Por esa razón también se sumaron a las protestas -con modalidad propia- los funcionarios y magistrados. Centenares iniciaron reclamos administrativos alegando que los descuentos aplicados vulneran la intangibilidad de los salarios.
