La Fiscalía de Estados Unidos ha pedido este jueves negar el beneficio de arresto domiciliario que había solicitado la defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro. Flores y Maduro se encuentran detenidos en una prisión federal de Brooklyn y acusados de narcotráfico y otros cargos, desde que ambos fueron detenidos el 3 de enero en Caracas, en un ataque armado estadounidense. La parte acusadora alega que Flores representa “un peligro para el público” y que existe “un riesgo extremo de fuga” y de que no se presente a los tribunales, como sus abogados han prometido.

La defensa de la esposa de Maduro había pedido el 10 de septiembre que se le permitiera seguir el proceso en libertad, alegando que sufría “palpitaciones cardíacas” y otros problemas de salud que supuestamente habían surgido desde su detención. También ofrecieron mantenerla bajo la vigilancia de una compañía privada de seguridad en una residencia de Nueva York que Flores alquilaría o compraría. De ser aprobada la solicitud de la defensa, los gastos de esta operación serían costeados por Flores, quien, a su vez, financia su defensa con fondos del erario venezolano, tutelados por el Tesoro de Estados Unidos.

En la moción presentada este 24 de septiembre, la Fiscalía ha argumentado que Flores es ciudadana de un país que no extradita a sus propios ciudadanos, que no tiene vínculos ni estatus legal en Estados Unidos y que “parece tener acceso a una fortuna considerable, aunque se niega deliberadamente a proporcionar al tribunal información alguna sobre los enormes recursos financieros necesarios para financiar su propuesta de fianza”. También ha señalado que ha participado en una conspiración de narcotráfico de décadas de duración que empleaba la violencia y la intimidación como medios de protección y coerción. “Estos son indicios de alarma evidentes. (…) Factores que, en conjunto, aumentan drásticamente el riesgo de que intente huir antes del juicio y de cualquier eventual sentencia”, señala el documento judicial.

El pedido de fianza y casa por cárcel para Flores será considerado en una audiencia fijada para el próximo 8 de octubre.

Según la versión de la defensa, el pasado 29 de julio Flores sufrió “un episodio importante de 30 minutos de duración, caracterizado por una intensa presión en el pecho y sensación de falta de aire” que se alivió sin tomar ninguna medicación. Algunas de estas supuestas dolencias habían sido durante la audiencia que se realizó en marzo pasado. En ese momento, el juez Alvin Hellerstein autorizó que Flores fuese sometida a chequeos médicos para evaluar su estado de salud.

El juez ordena proteger las pruebas del caso

El juez que lleva la causa de Maduro y de su esposa también emitió este martes una orden de protección que regula el manejo de las pruebas que la Fiscalía presentará a la defensa.

De este modo, el juez busca impedir que los acusados que aún no han sido detenidos, entre los que se cuentan funcionarios y partidarios del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tengan acceso a estos materiales y puedan identificar y tomar represalias contra víctimas y testigos clave, o que su divulgación ponga en riesgo la integridad de la investigación.

La medida, que suele ser rutinaria en procesos de alto perfil como este, cobra especial significado si se considera que el interinato de Rodríguez paga las facturas de los abogados de Maduro y su esposa con el dinero proveniente de las ganancias petroleras que retiene el Tesoro de Estados Unidos y a la vez opera bajo la tutela del Gobierno de Donald Trump, que ejecutó el ataque armado en el que la pareja de acusados fue detenida.

Entre los demás acusados que no han sido detenidos se encuentran dos figuras emblemáticas del Gobierno de Venezuela bajo el control de Estados Unidos: Diosdado Cabello, que ejerce como ministro de Interior, Justicia y Paz; y Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, hijo del exgobernante venezolano e integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, el organismo que ejerce de Poder Legislativo controlado por el chavismo y que preside Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta interina.

Los materiales bajo protección incluyen pruebas “electrónicas” obtenidas bajo órdenes judiciales “de varias computadoras, celulares y otros dispositivos” de Maduro y Flores. “Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía queda autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material (…) solo para posesión de los abogados, salvo que se indique otra clasificación”, señala la orden judicial. Esto implica que las pruebas solo pueden ser revisadas por Maduro y Flores en presencia de sus abogados y que no pueden tener copia física de ellas.

Por solicitud de la Fiscalía, el juez Alvin K. Hellerstein los ha clasificado en varias categorías que limitan quiénes y bajo qué circunstancias pueden tener acceso a ellas, y describen las posibles consecuencias que podría acarrear su revelación pública.

El material de divulgación, que será presentado con supresiones de información; el material bajo sello, que contiene información que podría conducir a la identificación de testigos o de sus familiares; el material de “posesión exclusiva del abogado”, que incluye la correspondencia de la Fiscalía con la defensa; y el material de “uso exclusivo del abogado”, que requiere “confidencialidad máxima” porque “conllevan un riesgo mayor de afectar la privacidad o la seguridad de las víctimas o los testigos, o la confidencialidad de las investigaciones en curso”, señala la orden del juez. Estas restricciones estarán vigentes incluso después de que finalice el proceso.