Los congresistas brasileños sacaron adelante este jueves una ley que pretende reducir considerablemente la pena de cárcel del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros condenados por intentar un golpe de Estado. El proyecto de ley fue aprobado a finales del año pasado, pero el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo vetó íntegramente alegando que era inconstitucional y que lanzaba un peligroso mensaje de impunidad.

Ahora, los congresistas acaban de derribar ese veto de Lula: 318 votos a favor y 144 en contra en la Cámara y 49 a 24 en el Senado. El margen holgado confirma el pésimo momento por el que pasan las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, de mayoría conservadora, a pocos meses de las elecciones. Ahora Lula no tiene más opción que firmar la ley para que entre en vigor.

La nueva ley es un traje hecho a medida para beneficiar a Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por haber liderado la trama golpista. Fue condenado por cinco delitos diferentes y empezó a cumplir condena en noviembre del año pasado, aunque desde hace un mes se encuentra en prisión domiciliaria por motivos de salud.

Junto a él, fueron condenados decenas de altos cargos y cientos de manifestantes que participaron en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando invadieron el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio del Planalto, la sede del Gobierno. A priori, todos ellos podrán beneficiarse de la reducción de penas, aunque es muy probable que la nueva norma acabe en el Tribunal Supremo, que deberá decidir si es constitucional.

El portavoz del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues, adelantó que la anulación del veto presidencial puede judicializarse con el argumento de que delitos contra el Estado democrático de Derecho no están sujetos a amnistía, indulto o reducción de penas. Durante su discurso en la tribuna, lamentó que la votación “da continuidad a una triste tradición de la historia brasileña, la tradición de amnistiar a quien atenta contra la democracia”.

Todavía no está claro de qué manera se rebajarán las condenas, porque dependerá de interpretaciones, pero diversos especialistas apuntan que Bolsonaro podría pasar a régimen semiabierto en un plazo de entre dos y cuatro años, y no en 2033 como estaba previsto hasta ahora.

El nuevo texto rebaja los años de cárcel porque impide la suma de dos delitos (abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado), estableciendo que debe aplicarse sólo la pena del delito más grave. También reduce la condena de uno a dos tercios cuando los delitos ocurren en contexto de multitud, siempre que el condenado no haya financiado los actos o haya ejercido el papel de líder. Este punto en concreto beneficiará a los cientos de condenados por las invasiones en Brasilia.

La rebaja de las penas ya venía cocinándose antes incluso de que Bolsonaro y los suyos se sentaran en el banquillo. Antes de que arrancara el juicio que determinaría si era inocente o culpable, la derecha ya agitaba marchas en las calles exigiendo perdón y olvido. También hubo importantes movilizaciones de la izquierda en sentido contrario.

Alertados de que un borrón y cuenta nueva absoluto no sería viable, el núcleo duro del bolsonarismo optó por rebajar la ambición y apostarlo todo a una reducción de penas. No obstante, el indulto total sigue en el horizonte y es una de las promesas de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, en caso de que llegue al poder. Es el principal candidato de la derecha y las encuestas le sitúan en un empate técnico con Lula de cara a las elecciones de octubre.

La resurrección de la ley a favor de los golpistas es la segunda gran derrota para Lula en menos de 24 horas. La víspera, el Senado rechazó al candidato que el presidente propuso para ocupar una plaza vacante en el Tribunal Supremo, algo que no ocurría desde hacía más de 130 años. El Abogado General de la Unión, Jorge Messias, recibió la negativa de los senadores en otra votación que evidenció hasta qué punto ha empeorado la siempre frágil relación de Lula con el Congreso.