Después de más de dos años bloqueada, vuelve a estar vigente una polémica ley de Texas que permite a la policía local detener a personas sospechosas de haber cruzado la frontera de Estados Unidos de forma irregular. Un tribunal federal ha tomado la decisión este viernes, aunque no llegó a pronunciarse sobre si la normativa es constitucional o no. En principio, la norma entrará en vigor el 15 de mayo, por lo cual podría volver a ser impugnada antes de esa fecha.

La ley en cuestión, conocida como SB 4, había estado paralizada desde su aprobación en 2023. Sin embargo, el Quinto Tribunal Federal de Apelación, considerado el más conservador del país, levantó la orden judicial que impedía aplicarla. La resolución fue tomada por el pleno del tribunal con la participación de todos sus jueces, quienes determinaron que los grupos que la habían impugnado no tenían derecho legal suficiente para hacerlo.

“Estos demandantes incurrieron voluntariamente en gastos para representar a sus clientes”, afirma la resolución. Agrega que “según la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, esto dista mucho de conferirles legitimación procesal. Por lo tanto, revocamos la orden judicial preliminar que dictaba lo contrario”.

La SB 4 establece que el cruce irregular de la frontera es un delito castigable con hasta seis meses de prisión. También apunta que los reincidentes podrían enfrentar penas de entre dos y 20 años de cárcel. La norma exige igualmente que un extranjero condenado bajo esta ley acepte una orden judicial para ser devuelto al país desde el que entró. Esto significa que un juez de Texas podría ordenar la expulsión de una persona hacia México, lo cual constitucionalmente, en teoría, solo puede hacer el Gobierno federal.

La batalla judicial sobre la SB 4 ha sido caótica. En enero de 2024, durante el Gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra Texas para detener la ley. Argumentaron que invadía la autoridad exclusiva del Gobierno federal sobre la admisión y expulsión de extranjeros. El caso se unió a otro presentado en diciembre de 2023 por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre del condado de El Paso y de dos organizaciones de defensa de inmigrantes, Las Americas Immigrant Advocacy Center y American Gateways.

En febrero de 2024, un juez federal bloqueó la ley, afirmando que “amenaza la noción fundamental de que Estados Unidos debe regular la inmigración con una sola voz”. El fiscal general del Estado, el republicano Ken Paxton, apeló de inmediato. Un mes más tarde, el Quinto Circuito anuló temporalmente el bloqueo y la ley estuvo en vigor durante horas, hasta que el propio tribunal la volvió a paralizar.

En marzo de 2025, ya con Donald Trump en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia retiró la demanda federal contra Texas. En julio, el tribunal volvió a respaldar el bloqueo de la ley, pero poco después anuló esa decisión y convocó una revisión.

Durante la audiencia, la ACLU argumentó que la ley sí causaba daños reales, citando que obligaría a las organizaciones a cambiar la forma en que asisten a sus clientes mientras están recluidos en prisiones estatales en lugar de instalaciones federales. Sin embargo, el tribunal señaló que los demandantes no podían probar que la ley les había causado, o les iba a causar, un daño real.

Este viernes, el tribunal de apelaciones dictaminó que las organizaciones demandantes y el condado de El Paso no podían continuar con la demanda.

El fiscal general Paxton calificó el fallo como “otra gran victoria para los tejanos”. Añadió que la SB 4 “es la ley de seguridad fronteriza más sólida del país” y que “el derecho de Texas a arrestar a ilegales, proteger a nuestros ciudadanos y hacer cumplir la ley de inmigración es fundamental”.

Sobre la decisión, la ACLU señaló que no se trata de un fallo sobre si la SB 4 es constitucional o no, sino de una decisión técnica sobre el proceso del caso. La organización subrayó que la ley sigue bloqueada hasta el 15 de mayo y que los tribunales que ya han revisado medidas similares las han considerado inconstitucionales. También advirtió que, si llegara a entrar en vigor, la norma permitiría detenciones basadas en perfil racial y daría a las autoridades estatales poderes migratorios que corresponden al gobierno federal.