Sentado bajo una galera de madera y lámina recién construida en medio de un predio baldío, Wilfredo Guerrero mastica los últimos trozos de plátano y el arroz con frijoles de su almuerzo cuando ve entrar un carro rojo al terreno que, desde hace un mes, es su casa, su puesto de vigilancia y su lugar de resistencia. Deja el plato sobre un banco de cemento, se levanta y se pega sigiloso a una lámina para observar a los pasajeros sin ser visto. Mete la mano en la cangurera que lleva en la cintura y espera unos segundos. Luego, se da la vuelta y vuelve a relajarse. “Son de los nuestros. Es que estos cabrones cambian de carro como cambiarse de calzoncillo”, dice riéndose. Y vuelve a su plato.

Guerrero llegó a este lugar hace exactamente 30 días, cuando los garífunas de la comunidad de San Juan, en el municipio de Tela, en la costa caribeña hondureña, recuperaron estas nueve manzanas de tierra que consideran parte de su territorio ancestral. Desde entonces duerme aquí, come aquí y defiende el lugar junto a otros hombres y mujeres de la comunidad. La galera bajo la que ahora se protege del sol la levantaron juntos tras la recuperación. Alrededor hay pequeñas chozas, algunas apenas sostenidas por varas y plásticos negros, como si sus habitantes únicamente quisieran dejar claro a quien se aproxime que esta tierra no está sola.

Hace un mes, sin embargo, este lugar no estaba tan tranquilo. La madrugada del 6 de julio, la Policía llegó disparando y sin intenciones de conversar con nadie. Más de 200 agentes participaron en el operativo. Llegaron diciendo que la tierra le pertenecía a un poderoso grupo empresarial hondureño y que debían salir de inmediato. “Eran cerca de las 6:00 de la mañana. No teníamos ni 24 horas de haber recuperado el terreno cuando ya estábamos rodeados. Eran unas 30 patrullas, cerca de 200 policías, todos fuertemente armados”, recuerda Guerrero.

Los policías entraron al terreno para ejecutar una orden de desalojo y detuvieron a cinco integrantes de la comunidad, miembros del Comité de Defensa de Tierras de San Juan y de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Las autoridades los acusaban de usurpación agravada.

Guerrero, a sus 76 años, dice tener una sola certeza: “Este es el lugar donde nací y aquí me voy a morir”. San Juan es una franja de tierra ubicada frente a las aguas turquesas del Caribe hondureño donde ha pasado toda su vida. Y, aunque desde agosto de 2023 pesa sobre ella una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ratifica su pertenencia al pueblo garífuna, esta siempre ha sido una tierra en disputa. “Llevan años y años luchando por sacarnos de aquí. Pero no van a poder”, dice.

Los cuatro hombres y la mujer que fueron detenidos fueron trasladados a la delegación policial de Tela, la ciudad más cercana, y liberados más de doce horas después, cerca de la medianoche. Pero mientras los garífunas de San Juan tocaban tambores y levantaban de nuevo sus champas en aquel terreno baldío, la Fiscalía hondureña continuó el proceso contra los detenidos y aumentó el nivel de gravedad: el caso fue remitido a un juzgado con jurisdicción nacional en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, que lleva expedientes de crimen organizado, una decisión que los defensores consideran parte de la criminalización en contra de quienes defienden su territorio.

El conflicto de San Juan, sin embargo, es apenas el más reciente episodio de una disputa histórica que atraviesa buena parte de la costa caribeña de Honduras, y apenas la punta del iceberg que ha despertado el debate por el conflicto de tierras en las que algunos ven su hogar y otros un jugoso negocio.

La historia de la resistencia garífuna, sin embargo, empieza mucho tiempo atrás.

Los desplazados

Los garífunas llegaron a Honduras antes de que Honduras fuera Honduras. A finales del siglo XVIII, Inglaterra expulsó de San Vicente y las Granadinas a la población entonces conocida como Black Caribs, luego de décadas de resistencia al dominio colonial. Tras una larga travesía, miles desembarcaron en lo que ahora son las costas de Trujillo, en la provincia de Colón, y desde allí se expandieron por el litoral caribeño.

Para 1805, de acuerdo con los historiadores, ya había población garífuna en el lugar donde hoy se asienta Tela y, desde entonces, hicieron de esta costa su territorio de vida. Pescaban, cultivaban yuca, plátano y otros alimentos; comerciaban con otros pueblos de la costa y mantenían vínculos con los garífunas de Nicaragua, Guatemala y Belice. Cuando Tela comenzó a convertirse en ciudad, los garífunas ocupaban el llamado Barrio Abajo, junto al río Tela, mientras los comerciantes blancos se concentraban alrededor de la plaza y los mestizos en el Barrio Arriba. “Nos discriminaban y miraban mal nuestra tierra. Hubo un presidente, Tiburcio Carías Andino, que llegó al punto de decir que éramos monos salvajes que vivíamos en los palos, en la jungla”, recuerda Guerrero.

Durante el siglo XX, la tierra que antes era vista con desprecio empezó a ser cotizada como un tesoro a los ojos de los grandes empresarios. Empezaron a llegar empresas extranjeras, entre ellas la United Fruit Company, y decenas de comerciantes que buscaban explotar la tierra y su riqueza.

A finales de los pasados años 90, las playas que durante generaciones fueron el lugar donde los garífunas pescaban, cultivaban y construían sus comunidades comenzaron a ser vistas de otra manera: como terrenos frente al mar, como destinos turísticos, como inversiones inmobiliarias. Y desde entonces, los garífunas empezaron a ser desplazados nuevamente.

Marta y Sandra, dos mujeres garífunas que cocinan para la resistencia en el terreno recuperado, lo recuerdan bien. “Aquí empezaron a llegar los empresarios del turismo a finales de los 90. Empezaron con un hotel y luego se fueron expandiendo. Fue lento, pero nunca han parado”, dice Marta.

En la bahía de Tela, la presión sobre las tierras costeras se intensificó con la llegada de los años 2000. Empresarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula comenzaron a comprar terrenos frente al mar y a cercarlos; luego aparecieron los primeros proyectos turísticos.

Los garífunas de San Juan sostienen que no están invadiendo tierras ajenas, sino recuperando parte de un territorio ancestral que el Estado nunca terminó de reconocer. “Aquí nacimos nosotros, nuestros padres, nuestros hijos. Y aquí vamos a morir nosotros”, dice Sandra.

Entre 2006 y 2023, la Corte IDH ha emitido cuatro sentencias sobre cuatro comunidades garífunas, incluida San Juan Tela, pero en ninguno de los casos se han ejecutado medidas prácticas para protegerlos de los invasores. “Cuando a nosotros nos invaden, las autoridades nunca actúan. Pasan años y nadie hace nada. Pero cuando nosotros recuperamos lo que es nuestro, actúan en menos de 24 horas”, dice Guerrero.

La resistencia

Desde principios de los 2000, tres comunidades garífunas de Tela (San Juan, Triunfo de la Cruz y Tornabé) han perdido al menos la mitad de su territorio en manos de “terceros”, como ellos llaman a todo aquel que no es garífuna. Pero también han recuperado algunas hectáreas, sobre todo después de las sentencias de la Corte IDH.

La última embestida, el desalojo de San Juan, se dio luego de que el gobierno del conservador Nasry Asfura impulsara la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, publicada en junio pasado. Esta ley faculta tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional a actuar de inmediato ante casos de “invasiones” que atenten contra empresarios. La norma exceptúa aquellos territorios que son tierras garífunas, aunque, en la práctica, eso no se ha cumplido.

En algunas comunidades, los garífunas han arrebatado terrenos a empresarios e incluso a terratenientes de monocultivos como el coco o la palma africana. Cada vez que recuperan un nuevo territorio, los garífunas se apresuran a instalar pequeñas plantaciones o casas para comenzar a poblar y no volver a dejar el terreno solo.

Osman López, líder comunal de Tornabé, asegura que en algunos casos incluso desmontan los terrenos para evitar que los finqueros o empresarios tengan motivos para intentar recuperarlos. “La nueva ley dice que se recuperarán los territorios que estén en etapa productiva. Por eso les arrancamos la producción”, sostiene.

Pero la resistencia garífuna no solo se libra en el territorio; también se pelea otra batalla política y legal. El 10 de agosto, por ejemplo, Miriam Miranda, líder de OFRANEH, coordinó una manifestación permanente en Tegucigalpa, frente al Poder Judicial, para exigir que cese la persecución contra los dirigentes de San Juan que están siendo procesados.

Tras siete días de permanencia en el lugar, los líderes garífunas denunciaron un intento de intimidación por parte de las autoridades. “Llegaron tanques, militares y policías a intimidarnos. Esto parecía como si fueran a la guerra”, dijo Miranda a los medios de comunicación.

Desde la comunidad de San Juan Tela, la disputa por la tierra no parece estar cerca de terminar. Para los garífunas, resistir significa defender no solo unas parcelas, sino la posibilidad de seguir existiendo en el lugar donde sus comunidades echaron raíces hace más de dos siglos. Mientras esperan la próxima embestida, también siguen sembrando, construyendo y reclamando en los tribunales. Su lucha, dicen, no es por acumular riqueza, sino por impedir que les arrebaten la libertad. “Este es un paraíso donde tuvimos la bendición de haber nacido y no nos van a sacar de aquí”, sentencia Guerrero.