Federico Sturzenegger se ganó la máxima consideración de Javier Milei cuando le llevó la primera versión de la Ley Bases, el enorme compendio de cambios y reformas que el Ejecutivo pretendía sancionar en el Congreso. Por entonces ya le decía “El Coloso”. Consideraba que el digesto que había realizado era una obra monumental que reflejaba el espíritu reformista de la fuerza de ultraderecha que había llegado al poder. No solo por la cantidad, sino por la profundidad y el alcance de los cambios. Tan ambicioso era el paquete de reformas, concentrado en un solo proyecto, que el oficialismo tuvo que resignar una parte para poder superar un estreno legislativo muy accidentado en el verano de 2024. En aquellos días Sturzenegger aparecía al lado de Milei, pero sin ocupar cargo alguno. En julio de ese año, pocos meses después de la sanción de la Ley Bases, fue designado al frente del Ministerio de Desregulación.
Dentro de un mes Sturzenegger cumplirá dos años como parte del Gabinete. Llegó al cargo impulsado por la estrategia que les vendió a los hermanos Milei. Los encandiló con el primer compendio de la Ley Bases y el método de meter todo en una sola norma, es decir, dentro de una ley “ómnibus”. Aplicó el mismo concepto para la redacción del DNU 70/23, el decreto que también anuló una serie de normas. Ese texto incluía un capítulo laboral que terminó anulado por la Justicia. La caída de esa parte no fue vivida como una derrota por la Casa Rosada, sino como un preparativo de lo que vendría después. Esa vendetta se resolvió con la sanción de la reforma laboral, que también tenía una versión más dura que el oficialismo fue resignando a cuentagotas con tal de conseguir el objetivo de la sanción.
La idea de los paquetes de leyes no fue fundada por Sturzenegger, pero en la era libertaria, es la arquitectura legislativa del shock. El Gobierno lanza una guerra relámpago sobre un puñado de temas y busca comprimirlos en un sólo debate. El objetivo es que varios temas pasen inadvertidos o, al menos, no tengan una relevancia negativa que genere un efecto dominó. Si lo tiene, basta con que la sangre no llegue al río y que eso no origine pérdida de votos en cualquiera de los dos recintos del Congreso. Mientras más frondosa sea la iniciativa y más ventanas abra, más trabajo tendrán sus detractores en focalizar y separar los puntos delicados. La obra gruesa de ese concepto le permitió al oficialismo transitar sus inicios, marcados por graves falencias de formación y de práctica legislativa. A pesar de las advertencias internas sobre los efectos colaterales de esa estrategia, el método de «Sturze» no fue descartado. Por el contrario, hasta ahora fue el patrón de elegido para cada batería de reformas.
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Con esa concepción fue redactado el texto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, aunque su origen es distinto a los demás paquetes diseñados por el Gobierno. En este caso se trata de una de las principales síntesis del Consejo de Mayo, cuya composición fue definida por el presidente mediante un decreto. De esas reuniones salieron aspiraciones muy importantes para una parte del establishment. Una fue la reforma laboral y otras giraron en torno a razones de fe para el Gobierno: limitar la capacidad expropiatoria del Estado, quitar el límite del 15% para la venta de tierras a extranjeros, habilitar los desalojos exprés y terminar con las prohibiciones que establece la Ley de Manejo del Fuego para las tierras arrasadas por incendios. La norma establece que esos terrenos sólo pueden ser enajenados 60 años después del azote del fuego.
El diseño del proyecto de “inviolabilidad” repitió la fórmula del paquete legislativo, aunque ya habían surgido señales sobre el desgaste del método. La alerta más reciente es el paquete de “reforma política”, donde el Gobierno buscó meter en un mismo texto la eliminación de las PASO, los cambios en el financiamiento estatal de los partidos políticos, una reforma en la Boleta Única de Papel y, entre otros puntos, la eliminación del debate presidencial obligatorio. Fue Patricia Bullrich la primera en recordarle a la Casa Rosada que la mezcla de temas electorales tan delicados podrían llevarlos al estancamiento. La encargada de desoir la advertencia fue Karina Milei. Cuando recibió la propuesta de desdoblar el proyecto, la secretaria general de la Presidencia se aferró al dogma de Sturzenegger y ordenó profundizar en el mismo camino. La respuesta de los aliados esquivos del oficialismo no demoró en el Senado: ante la negativa de separar los textos la ambiciosa reforma política quedó estancada y, si no hay cambios, posiblemente siga en vía muerta.
Semejante anticipo despertó preocupación en el oficialismo. Dentro de la bancada libertaria que conduce Bullrich siguen sin encontrarle una justificación a la decisión de continuar con la misma estrategia. Según confiaron a Perfil los testigos de los debates internos, hubo un puñado de gobernadores peronistas que le remarcaron al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que se estaban equivocando amargamente con la nueva mezcla de temas tan delicados. Los señalamientos se multiplicaron desde que comenzaron a sucederse los intentos por conseguir la media sanción. En el cuarto intento, de hace tres semanas, Bullrich se vio obligada a pasar a un cuarto intermedio por la falta de votos. Todo lo contrario a lo esperado en el Gobierno, donde aseguran que en un momento tenían los respaldos para conseguir la media sanción y después de diluyó el envión al calor de errores no forzados y de una pésima comunicación del proyecto.
La instalación de la enajenación de tierras en manos extranjeras también abrió otro frente para Bullrich. Victoria Villarruel blanqueó su rechazo después de la semifinal Argentina – Inglaterra y la victoria de la Selección Nacional, que linkeó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas con el aletargado rechazo a la venta de tierras nacionales en manos extranjeras. La selección, el Mundial y Malvinas abrieron una brecha en la comunicación oficial para un Gobierno que estaba tratando de recuperarse del desgaste originado por sostener 100 dìas a Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Nadie en el Gobierno advirtió que ese fenómeno podría trasladarse con mucha fuerza si la virulencia de Villarruel se combinaba con la articulación opositora que sumaba senadores indecisos o temerosos del escarnio.
Ni las señales sobre la mala comunicación, ni las alertas sobre la estrategia elegida alcanzaron a convencer a Karina, que se impuso sobre Bullrich. Luego la condicionó, le intervino el bloque y la obligó a cumplir con la subordinación que el exige como muestra de lealtad. Ahora, con los daños sobre la mesa, el karinismo le echa la culpa a Bullrich y ventila que se le acortaron los tiempos a Sturzenegger. El ministro se muestra indemne y prepara un nuevo paquete de desregulaciones que busca derogar 25 normas, entre ellas las leyes de protección a la industria del libro. El problema es que ahora el método está en crisis y el oficialismo tiene menos margen para insistir con meter todo en un mismo paquete después de la derrota con el capítulo de extranjerización.
De ahora en adelante, la caída del capítulo para reformar la Ley de Tierras asoma como una inflexión para la agenda legislativa y política del Gobierno. Por ahora, en la Rosada siguen marcando y eligiendo responsables de la crisis, pero la última siempre la tuvo Karina, que ahora se prepara para soltar lastre o castigar a los desleales. El Jefe nunca se equivoca.
