Casi medio año después de la muerte de Rodrigo Andrés Gómez, el soldado de 21 años que apareció muerto en la Quinta de Olivos, la Justicia ratificó y confirmó el juicio en contra de las dos detenidas por el crimen, acusadas de haber extorsionado al joven.
Iara Ayelén Cosentino y Karen Yael Cufré serán sometidas a juicio por decisión de la Cámara Federal de San Martín. Ambas acusadas se encuentran imputadas por asociación ilícita agravada en el carácter de miembros y como coautoras del delito de extorsión. El tribunal desestimó los planteos de las defensas y ratificó la prisión preventiva para todos los imputados.
La investigación, liderada por el fiscal Patricio Ferrari junto a la DDI de San Isidro, logró desentramar un complejo esquema de «sextorsión» y estafas virtuales. Según el expediente, la banda utilizaba identidades y fotografías falsas en aplicaciones de citas para contactar hombres. Tras ganar su confianza, iniciaban las maniobras extorsivas bajo amenazas de supuestas denuncias judiciales por delitos graves.
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El soldado que se suicidó en Olivos: una carta como pieza clave
El caso comenzó a esclarecerse a partir de una carta de despedida hallada junto al cuerpo de Gómez. En el texto, el soldado mencionaba los conflictos derivados de una interacción en una plataforma de citas, lo que permitió a los investigadores orientar la pesquisa hacia los delitos informáticos.
El análisis de los dispositivos electrónicos y el flujo de mensajes reveló que la banda simulaba denuncias por abuso de menores. Posteriormente, los delincuentes se hacían pasar por policías o familiares de una supuesta víctima menor de edad, exigiendo transferencias inmediatas de dinero para «frenar» la acción judicial.
El modus operandi de la banda
Entre los procesados, los investigadores identificaron como presuntos cabecillas a Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, ambos de 22 años. La organización contaba con roles definidos y utilizaba cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas al grupo para recibir el dinero, buscando así dificultar la trazabilidad de los fondos.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado explicó que los implicados se valían de imágenes obtenidas de internet para crear perfiles ficticios de mujeres. El objetivo final era explotar la vulnerabilidad emocional de las víctimas y el miedo al escarnio público.
Imputaciones y el futuro de la causa
Las pruebas recolectadas, que incluyen registros de transferencias, comunicaciones electrónicas y el testimonio póstumo de la víctima, fueron suficientes para sostener los cargos de extorsión agravada y asociación ilícita.
El fallo de la Cámara subraya la gravedad de los hechos y el impacto trágico de esta modalidad delictiva. Mientras los acusados permanecen detenidos, la Justicia ampliará las indagatorias ante la sospecha de que existen más víctimas atrapadas en situaciones similares que aún no denunciaron por temor o vergüenza.
LT
