En plena efervescencia nacionalista, cuando Javier Milei le dio un golpe de energía a su gestión al recoger el reclamo histórico de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas e impulsar un proyecto para castigar a las empresas que intenten explotar los recursos de ese territorio en disputa, el presidente no calculó los posibles efectos colaterales. Empresas de Estados Unidos, su gran aliado global, han hecho escuchar puertas adentro su preocupación por las sanciones planteadas en el proyecto de ley. Por la amplitud de su redacción, podrían alcanzar a compañías de ese país, aun sin que tengan intervención directa en proyectos en las islas del Atlántico sur.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fue enviada por el Ejecutivo al Congreso el 17 de septiembre pasado, luego de haber sido anunciada con gran pompa. La iniciativa apunta a frenar, en particular, el proyecto de explotación de hidrocarburos en el lecho marino que rodea las islas, bautizado Sea Lion. Para eso, establece multas millonarias y otras sanciones, como la prohibición de participar en proyectos en suelo argentino, no solo para las compañías involucradas directamente en el negocio, sino también para aquellas que les provean servicios o sean sus socias o accionistas.

En este marco, distintas compañías de origen estadounidense comunicaron su preocupación a la Cámara de Diputados, alegando que la laxitud de la redacción de los artículos podría afectarlas aun cuando no estén operando directamente en Sea Lion, según detalló el diario La Nación. Funcionarios del gobierno estadounidense también están en alerta; en el “país de la libertad”, cualquier legislación que limite el accionar del sector privado es motivo de atención.

La disyuntiva del Gobierno argentino es si mantiene la iniciativa tal como está, acepta introducir modificaciones o busca la manera de aplazar la discusión. Por el momento, el debate en comisiones, previsto para este martes, fue postergado a la semana próxima.

Es posible que esta preocupación haya sido uno de los temas abordados el viernes pasado, durante la conversación telefónica que mantuvieron Milei y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado. “Ambos reafirmaron la solidez del vínculo bilateral y analizaron oportunidades para ampliar el comercio entre ambos países, expandir las inversiones en un marco de transparencia y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en todo el hemisferio”, precisó el texto, que también destacó “la importancia de consolidar un entorno regional de estabilidad que fortalezca la confianza de los inversores”.

La conversación entre Milei y Rubio se produjo en la antesala de la visita a Argentina de dos funcionarios de la Secretaría de Estado, que llegarán esta semana. Tras una primera escala en Paraguay, aterrizarán en Buenos Aires el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de inmigrantes argentinos. La agenda oficial contempla reuniones con “altos funcionarios” del Gobierno argentino y representantes del sector privado para “aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”. Se trata de una de las tantas iniciativas impulsadas por ambos países este año, que busca fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta sectores económicos clave de Argentina —minería, petróleo, gas— con los principales puertos del Atlántico y los mercados occidentales.

Estados Unidos ha sido un aliado incondicional de Argentina, un país estratégico por su abundancia de recursos naturales y su entorno pacífico, y que, bajo la gestión de Milei, se ha alineado estrechamente con los designios de Washington. Para el presidente argentino, el respaldo de Donald Trump ha sido determinante para sostenerse en el poder en momentos de crisis, con muestras de apoyo inéditas, como la intervención directa del Tesoro estadounidense en el mercado local para sostener el peso. Algo que Scott Bessent advirtió que podría volver a autorizar, si fuera necesario, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El reclamo argentino por las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y escenario de una guerra entre ambos países en 1982, había sido hasta ahora otro punto de comunión entre ambos países. Trump llegó a ofrecerse como mediador ante el Reino Unido e incluso deslizó la posibilidad de no respaldar a ese país en un eventual conflicto, actitud que despertó la alarma del Gobierno británico y que parece haber quedado atrás. Este lunes se conoció que Estados Unidos pidió disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, uno de los principales ámbitos multilaterales a los que recurre Argentina para mantener activo su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. Este comité “ha sobrepasado su propósito original”, planteó la representante estadounidense durante la sesión celebrada el pasado 15 de octubre en la sede de la ONU en Nueva York.