los detalles de la causa y la decisión de los jueces

los detalles de la causa y la decisión de los jueces


La Corte Suprema de Justicia resolvió que la causa por presunto lavado de activos en torno a la compra de una mansión en Pilar, que salpica a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deje de tramitarse en el juzgado federal de Campana y regrese a los tribunales de Comodoro Py, donde quedará en manos del Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.

La decisión representa un duro revés procesal para la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, que buscaba concentrar las investigaciones vinculadas a la dirigencia futbolística en jurisdicción bonaerense.

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La resolución lleva las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes hicieron lugar al recurso de queja presentado por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Alberto Villar, contra la decisión que había otorgado la competencia del expediente al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Antes de llegar al máximo tribunal, Villar había sufrido un revés en instancias inferiores: en octubre de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había declarado inadmisible su planteo para modificar el juzgado interviniente, lo que motivó la presentación directa ante la Corte que finalmente prosperó.

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El expediente investiga una presunta maniobra de lavado de dinero en la adquisición de una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, un predio de 105.000 metros cuadrados tasado en más de US$ 20 millones que figura registrado a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Conte.

De acuerdo con la hipótesis de la investigación, ambos habrían actuado como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, dado que sus ingresos declarados no guardarían relación con el millonario valor de mercado del inmueble. Con este fallo, la pesquisa por la propiedad vuelve al fuero federal porteño, frustrando la estrategia de la cúpula de la AFA de unificar los expedientes en Campana.

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Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resolvieron intervenir en el conflicto de competencia por la causa de la mansión de Pilar vinculada a la AFA para “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite”, al advertir que el envío del expediente al juzgado federal de Campana vulneró garantías constitucionales básicas.

En una resolución con duros cuestionamientos procesales, los magistrados señalaron: “La garantía de juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”.

En los fundamentos del fallo, el máximo tribunal sostuvo que, aunque el traslado a Campana se había justificado en la ubicación geográfica de la propiedad de Villa Rosa, existen “elementos objetivos suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La Mansión de Pilar de Chiqui Tapia
La Mansión de Pilar de Chiqui Tapia | Crédito: CeDoc

Entre esas pruebas determinantes, los jueces destacaron que Real Central SRL, la firma utilizada para adquirir el predio, tiene su sede social en territorio porteño, que la escritura de compraventa también se firmó allí y que la propia AFA tenía su domicilio legal en la capital al momento de los hechos.

Asimismo, la Corte Suprema subrayó la magnitud de la investigación que queda nuevamente bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas, al definirla como “una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito mediante la utilización coordinada de diversas personas físicas y jurídicas”. En ese sentido, aclararon que si bien la quinta fue el puntapié para abrir el expediente, “de ningún modo abarca el objeto de investigación”.

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Por último, el tribunal dirigió una fuerte crítica contra la Cámara Federal de Casación Penal, que había rechazado el planteo del fiscal general Mario Villar para que el caso regresara a Comodoro Py. Los ministros cuestionaron que la alzada “centró su análisis en la competencia en razón de la materia pero pasó por alto los agravios del Ministerio Público Fiscal relativos a la competencia territorial, según los cuales corresponde que intervenga la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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En su resolución, el máximo tribunal subrayó que la pesquisa excede la adquisición de un inmueble e involucra una red internacional de intermediarios y movimientos societarios ocurridos entre 2021 y 2025. “La hipótesis investigada comprende también entonces la constitución y modificación de sociedades, la cesión de participaciones, la ampliación de capital, la administración de personas jurídicas y la adopción de decisiones comerciales vinculadas con la adquisición y utilización de diversos activos”, explicaron los jueces, al tiempo que descartaron la jurisdicción bonaerense: “Estas circunstancias integran un cuadro objetivo que deja en evidencia que el Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación”.

Para fundamentar que la causa debe tramitar en territorio porteño, la Corte recordó que Real Central SRL, la firma utilizada para comprar la quinta, tenía sede en la Ciudad de Buenos Aires, donde también se firmó el 30 de mayo de 2024 la escritura de venta a Central Park Drinks SRL, y que allí residen las empresas y personas denunciadas. Además, destacó que la sede de la AFA en Viamonte 1366/76 funcionó en la capital hasta principios de este año como centro de toma de decisiones y presunto desvío de fondos ocultados ante la propia entidad, ARCA y la Inspección General de Justicia (IGJ), sumado a que la justicia federal porteña “fue la que previno” al intervenir primero.

El expediente se inició el 1 de diciembre de 2025 tras una denuncia de los dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe contra el exdirigente de fútbol sala Luciano Nicolás Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Ambos figuran al frente de Real Central SRL —antes denominada Central Park Drinks SRL— y son señalados por los investigadores como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una maniobra que buscaría blanquear fondos provenientes de una supuesta administración fraudulenta de contratos de la Selección Nacional.

La propiedad investigada, ubicada en Villa Rosa, Pilar, abarca 105.308,80 metros cuadrados en dos lotes que incluyen pista de entrenamiento ecuestre, haras, helipuerto e instalaciones deportivas, y según registros catastrales había sido adquirida en julio de 2017 por Carlos Tevez. Durante un allanamiento ordenado por Rafecas en diciembre de 2025, se secuestraron en un galpón 54 vehículos a nombre de Real Central SRL, 45 autos de lujo o colección como Porsche, Audi y BMW, siete motos Harley Davidson y dos kartings, junto con un bolso de la AFA, una plaqueta de Barracas Central dedicada a Toviggino y cédulas azules vinculadas al hijo y a la exesposa del dirigente, mientras que poco antes del procedimiento un camión habría retirado 14 caballos del predio.

La Justicia valuó la quinta y la flota de vehículos en unos US$ 25 millones, al tiempo que también investiga la compra de unidades en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar. En el expediente también figura bajo investigación el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien declaró bajo juramento no tener relación alguna con el inmueble.

La disputa por la competencia había comenzado tras el sorteo inicial: Rafecas se declaró incompetente en favor del fuero penal económico, que rechazó el expediente, y luego la defensa de Pantano y Conte logró que la Cámara Federal de San Martín ordenara en enero su pase a Campana pese a la resistencia del juez penal económico interino Marcelo Aguinsky. Tras un fallo dividido de Casación en mayo, con votos de Ángela Ledesma y Javier Carbajo, y disidencia de Mariano Borinsky, y una posterior resolución de la Sala I en agosto, con firmas de Borinsky y Diego Barroetaveña, que había convalidado la sede bonaerense, la intervención de la Corte Suprema cerró la discusión y devolvió la causa a Comodoro Py.

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