“Los números están en orden […] Es cuestión de días para que tengan los papeles”, decía en mayo pasado el presidente Javier Milei, en defensa de su entonces jefe de Gabinete y portavoz, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. Los papeles, sin embargo, se demoraron más de cuatro meses. Después de largas dilaciones y pedidos de postergación, después de haber renunciado a sus cargos por el escándalo de presunta corrupción, finalmente este lunes Adorni presentó ante la justicia la declaración con la que busca explicar un llamativo incremento de su patrimonio y sus gastos. El exministro coordinador del Gobierno ultra asegura que guardaba en su casa un ahorro no declarado de casi 600.000 dólares, obtenido en antiguas operaciones con criptomonedas. Y que él y su esposa “optaron deliberadamente por vivir como si no lo tuvieran” hasta que Adorni asumió la función pública en 2023, cuando comenzó a gastar en viajes y propiedades.

El caso Adorni marcó el primer semestre de este año para el Gobierno de Milei, una larga y agónica crisis que se extendió desde febrero hasta fines de junio, cuando el exjefe de Gabinete terminó dejando su puesto en la Casa Rosada. En el medio, se sucedieron múltiples revelaciones sobre un nivel de vida por encima de sus ingresos declarados. “La evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña”, indica ahora el escrito presentado por la defensa del exfuncionario tras el requerimiento judicial.

De acuerdo con la imputación de la fiscalía, Adorni debía explicar una ostensible diferencia entre los ingresos y los egresos de su familia en el período en que fue uno de los funcionarios nacionales más cercanos a Milei. Los investigadores detectaron que, entre las erogaciones habituales y otras extraordinarias, como la adquisición de dos propiedades, viajes al exterior, alquileres y la remodelación de un inmueble, había gastado 43 millones de pesos (unos 29.000 dólares) y 402.578 dólares más de lo que había declarado poseer y cobrar.

En las 78 carillas que presentó, incluida documentación contable y técnica, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, plantea que todos los gastos y movimientos financieros “encuentran sustento razonable y verificable”. Según la defensa, el grueso de los ahorros de Adorni provino de operaciones realizadas entre 2014 y 2018 con Bitcoin, en ocho billeteras virtuales, en las que comenzó a invertir sus ahorros y cuya venta le deparó 591.544,61 dólares. Los réditos, sostiene, fueron primero “reinvertidos bajo la misma modalidad” y luego vendidos y conservados “por fuera del sistema bancario, en su domicilio”.

“Dado que las billeteras virtuales no cuentan con datos de titularidad, es entonces la tenencia de la clave privada la que permite acreditar la propiedad de una billetera”, argumenta la defensa de Adorni y pone a disposición del tribunal las claves de las cuentas involucradas. Los expertos en criptomonedas han advertido que eso solo demuestra el control actual de una billetera, no en la fecha de las operaciones. Según el escrito, las operaciones con Bitcoin se concretaron en efectivo y, “por razones de seguridad […] siempre en lugares públicos y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato”. Es decir, no hay respaldo de testigos ni documentos.

Además de justificar así sus ingresos, la defensa de Adorni puso en duda el cálculo de gastos elaborado por la fiscalía. Por ejemplo, contradijo el testimonio de un contratista que aseguró en el expediente haber cobrado 245.000 dólares en efectivo para remodelar una casa adquirida por la familia Adorni en 2024. Según el exfuncionario, los pagos fueron por 175.000 dólares.

La declaración presentada ante la justicia describe que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, “optaron deliberadamente por vivir como si no lo tuvieran” al dinero que habían acumulado, “privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo, con la mira puesta en garantizar, a mediano y largo plazo, la educación de sus hijos y su propia jubilación”. Sin embargo, cuando Adorni asumió como funcionario nacional cambiaron de idea por “razones de seguridad” y, entre otras cosas, compraron dos propiedades y resolvieron mudarse dos veces.

La fiscalía deberá resolver ahora cómo continúa la causa contra el exfuncionario. Si las explicaciones del imputado no le parecen suficientes, podría solicitar su procesamiento. La apuesta de Adorni consiste en evitar un juicio penal en el fuero federal y limitar las actuaciones a un reclamo por irregularidades tributarias en la justicia ordinaria.