María Elvira Salazar llevaba una camisa oscura y un llamativo collar de perlas cuando llegó hace unos días al estudio del periodista Juan Manuel Cao, en Miami. Tomó asiento, se acomodó el cabello por detrás de las orejas, se aseguró de tener una buena iluminación y buscó el mejor ángulo de la cámara, entrenada en las mañas de la televisión.

“¿Y cómo va la campaña?”, le preguntó Cao. Salazar dijo que todo marchaba bien, pero que en realidad la respuesta la iban a encontrar en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Luego se dirigió a la cámara de manera fija y le habló a los residentes del Distrito 27 de Florida: “Y si quieren votar por mí, fantástico. Yo quisiera que ustedes votaran por mí para poder regresar (al Congreso) y terminar el trabajo”.

Días antes, Salazar había publicado un video dirigido al presidente Donald Trump en el que le advertía que sus políticas migratorias habían ido “demasiado lejos”, y que los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sentían “traicionados”.

May Díaz estaba en su trabajo cuando el video de la congresista, desde Washington, apareció en la pantalla de su teléfono. “María Elvira está dando patadas de ahogado”, dice. “Sabe que el abandono al que ha condenado a su propia comunidad la mirará a los ojos en noviembre”.

En algún momento, Díaz, de 36 años, creyó que si había alguna solución para la gente como ella, podía venir con la ayuda de Salazar. “No porque pensara que una sola congresista resolvería de un plumazo la situación de los I-220A, sino porque ella hizo campaña alimentando esa esperanza”, dice. “Se presentó como nuestra defensora, habló de legalización, de soluciones y de dignidad. Pero María Elvira nos ha manipulado a todos, se ha valido de la incertidumbre y del miedo con el que vivimos”.

Hace cinco años, después de participar en las mayores protestas antisistema de julio de 2021 en Cuba, Díaz salió de la isla hacia Estados Unidos, cruzó la frontera y, cuando los agentes la liberaron, le entregaron un documento que se convirtió casi en una sentencia: una Orden de Libertad bajo Reconocimiento, o I-220A, que le permitía entrar al país, pero no convertirse en una residente permanente, como lo habían hecho por décadas varias generaciones de cubanos.

En 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el documento I-220A no equivale a un parole y, un año después, una corte federal validó esa decisión. Casi ningún cubano entonces sabía bien de qué se trataba “ser un I220A”, una categoría que se instauró con la primera Administración Trump y que se siguió otorgando a miles de personas durante la crisis fronteriza bajo la presidencia de Joe Biden.

Si antes otros grupos de migrantes cubanos habían sido apodados como “los marielitos” (por el éxodo de 125.000 personas del puerto de El Mariel en 1980), o “los balseros” (unas 35.000 personas que se lanzaron al mar en balsas caseras para cruzar el Estrecho de Florida en los noventa), ahora eran “los I-220A” el último grupo que formaba parte del mayor éxodo desde la Revolución en el poder, uno que incluso superó la suma de todas las estampidas anteriores: casi dos millones de personas en cinco años, huyendo de la mayor crisis económica del castrismo.

Ni los abogados ni los expertos tenían una respuesta de por qué a unos cubanos les otorgaban ese estatus y a otros no, más allá del caos con el que las autoridades estaban gestionando los cruces fronterizos. Salazar puso sus ojos en esos migrantes y los hizo parte de su retórica en un Estado con más de 700.000 votantes cubanoamericanos.

Nace una aliada de Trump

Después de una derrota contra la demócrata Donna Shalala en 2018, Salazar decidió seguir apostando por la política y, en 2020, ganó el escaño como candidata republicana al Congreso por el Distrito 27 de Florida, con la promesa de representar la diversidad de un sitio que abarca barrios latinos como Miami, Pinecrest o Kendall. “Quiero que Washington sepa que la comunidad latina estadounidense no es la caricatura que han pintado en los medios”, dijo entonces.

Ella lo sabía de primera mano. Había habitado por casi tres décadas el ecosistema de medios locales de Miami: reportera del Canal 23 y de Univision, corresponsal de CNN, presentadora en AméricaTeVé o MegaTV. Era un rostro joven, atractivo, que ganó nombre desde las pantallas con su cobertura de la guerra civil de El Salvador, o con las entrevistas a Fidel Castro en Nueva York (ha dicho que la “más difícil” que le ha tocado) o la última que alguien le hiciera a Augusto Pinochet.

Quienes la conocen, aseguran que si algo ha definido a Salazar ha sido su capacidad de trabajo. Sus espacios María Elvira Confronta, Polos Opuestos o María Elvira Live! convirtieron a su audiencia en sus votantes. “Entre mis electores se encuentran muchas de las personas a las que serví durante mis 35 años como miembro de la prensa en español”, dijo una vez.

“Era una persona muy conocida en este lugar. Ella tenía una imagen bastante balanceada, podía llegar a un público amplio”, asegura el periodista Roberto Céspedes, quien trabajó con Salazar a lo largo de varios años como director ejecutivo de algunos de sus programas. Fue Céspedes, según cuenta, quien le dijo en una ocasión: “Creo que si te presentas a un puesto de elección, tú ganas”.

Un día él se percató de que la periodista estaba preparando el terreno desde su programa para iniciar su carrera política. Hasta ese momento, de acuerdo con varios cercanos a su círculo, era una persona bastante moderada, liberal, que incluso se permitía viajes a Cuba.

“Pero veo que ella se empieza a ir escandalosamente a la derecha, a favor de Trump. Empieza a correr secretamente, a forjarse una figura conservadora”, cuenta Céspedes. Luego Trump, con un mensaje en X, entonces Twitter, le puso la mano en el hombro. “María es muy necesaria en Washington”, dijo. “María tiene mi respaldo completo y total”.

La hija de migrantes cubanos nacida en Miami, que creció en Puerto Rico y que se comunicaba en un inglés con un acento fuerte, hablaba del mal del socialismo, criticaba fervientemente las políticas de los demócratas, prometió luchar por bajar los impuestos o solucionar la crisis de vivienda, y se consolidó dentro del lobby cubanoamericano en Washington.

“Al mismo tiempo, y consciente de la notable diversidad del electorado del Distrito 27 —que incluye comunidades significativas de inmigrantes centroamericanos y sudamericanos—, ha procurado proyectarse como defensora de otros grupos latinoamericanos, especialmente los venezolanos. Esta combinación de lealtad al exilio cubano y atención a nuevos flujos migratorios ha moldeado de manera decisiva su perfil político en el sur de Florida”, asegura Jorge Duany, exdirector del Instituto Cubano de Investigaciones y catedrático emérito de la Universidad de Florida.

En particular, se comprometió públicamente en varias ocasiones a ayudar a los casi 500.000 migrantes cubanos con estatus I-220A, y convirtió el tema en uno de sus dardos contra la Administración Biden.

“Se trata de medio millón de personas que tienen familias que son votantes”, apunta Céspedes.

Los defensores de Salazar están de acuerdo en que, en todo este tiempo, entre los tres congresistas cubanoamericanos —junto a Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez— ha sido ella quien más ha respaldado a los migrantes. Sus detractores, sin embargo, aseguran que su inclinación hacia los I-220A fue más una campaña contra Biden que en favor de esas miles de personas con estatus irregular.

En su momento, Salazar envió cartas al entonces Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en las que habló de la imposibilidad de ese grupo de migrantes de beneficiarse con la Ley de Ajuste Cubano de 1966, la cual les permite hacerse residentes y seguir el camino hacia la ciudadanía.

Salazar ha dicho que ese “papel de basura” —en referencia al documento I-220A— se lo dio Biden a los cubanos; lo tildó de ser “un invento” y aseguró que Trump estaba “arreglando el desastre político de Biden”. Dijo incluso que habló también del tema con la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, para que considerara el documento I-220A como una entrada legal para los cubanos.

La congresista les ha pedido a esos cubanos, durante sus seis años en Washington, que confíen en ella: “Lo que puedo decir es que hay esperanza”, dijo hace un tiempo. El año pasado volvió a crear expectativas con la nueva Administración Trump: “Tenemos cuatro años para probar que los republicanos podemos ayudar a los I-220A”.

Pero en la medida en que ha pasado el tiempo, los cubanos con I-220A comenzaron a descreer de las afirmaciones de la congresista. EL PAÍS contactó con la oficina de Salazar, pero su equipo respondió que ella no tenía “disponibilidad en este momento” para una entrevista.

“Un juego político”

“Lo de María Elvira y los otros congresistas no ha sido más que un juego político para beneficiarse ellos mismos”, dice José Gutiérrez, un cubano de 43 años que permanece con documento I-220A desde que llegó a Estados Unidos en 2022.

Gutiérrez tuvo que cambiar su rutina como chofer de Uber. No se atreve a salir por las mañanas; le da miedo ser el último cubano capturado por agentes migratorios en Florida, el Estado con más arrestos en 2025.

“Yo estoy padeciendo ataques de pánico y ansiedad. Estoy tomando medicamentos, viendo a una psiquiatra”, dice. “Yo no he visto que los políticos hayan hecho ninguna presión en el Congreso o al presidente para buscar una solución real, no solo para los I-220A, sino para todos los cubanos que ahora mismo están en un limbo legal”, lamenta Gutiérrez.

No obstante, Salazar asegura que si hay alguien haciendo algo por esos migrantes, es ella.

Durante su reciente visita al programa del periodista Juan Manuel Cao, contó que, durante una llamada telefónica de 10 minutos con Trump, le dijo que no lo estaba atacando con sus recientes declaraciones, sino que lo aconsejó. “Usted decide”, le dijo Salazar. “Yo he cumplido con mi cometido de explicar lo que está pasando”.

Las palabras de Salazar tuvieron una reacción de rechazo que unió a varios sectores de la comunidad MAGA, a algunos políticos de Washington, al DHS, que afirmó que seguirá aplicando la ley “le guste o no” a la congresista, y a los migrantes que se han sentido como el juguete político de su campaña. Más aún los que tienen documento I-220A y saben que el tiempo ha pasado sin que nada suceda con ellos.

“Soy partidario de los valores republicanos, soy cristiano, conservador, pero ver cómo María Elvira Salazar se expresa de esta forma cuando se ve prácticamente perdida con el voto hispano, por la dejadez que han tenido en los últimos años, me levanta muchas banderas rojas”, dice el médico de 32 años Manuel Alberto Guerra, que llegó desde Cuba en 2022 y que, a pesar de que pudo revalidar su título profesional en Florida, el estatus I-220A le ha rebajado posibilidades de trabajo o de aspirar a mejores salarios.

Ahora que las encuestas de cara a las elecciones de noviembre sitúan a Salazar en un empate con su contrincante demócrata, a Esteban Rodríguez, un activista político cubano que sufrió represión en la isla y permanece en un hueco legal en Miami con su estatus de I-220A, no le quedan dudas de que la congresista habla de gente como él “porque necesita los votos de los cubanos de su distrito”.

“Pero tuvo tiempo para hacer un poco más por los I-220A”, opina Rodríguez. “Esto es una maniobra, no creo que tenga intención de ayudar a los I-220A ni resolver la situación migratoria de todos los que estamos metidos en un limbo”.

“No es una amiga de los inmigrantes”

El activista Thomas Kennedy no olvida el día en que Salazar visitó el pasado año el temido centro de detención Alligator Alcatraz, en los días en que él formó parte de una lucha que abogaba por cerrarlo.

“Ella inspeccionó el sitio y cuando salió lo defendió, diciendo que cumplió con los estándares federales más altos”, recuerda. “No es una persona confiable”, asegura. “No es una amiga de los inmigrantes”.

Olga Soto, quien sufrió el encierro en el centro de Krome de su pareja enferma de diabetes, recuerda la cantidad de correos que mandó a la oficina de Salazar para buscar ayuda, pero nunca le hicieron caso. “Los abogados decían que solo podía llamar a mi congresista porque su vida corría peligro”, cuenta. “Ella jamás me dio la cara”.

Algunos le critican haber votado, junto a los otros dos congresistas cubanoamericanos, a favor de una legislación para financiar el DHS con 70.000 millones de dólares o haber aprobado que se aumentara la financiación de la policía migratoria de Trump.

Su proyecto de Ley Dignidad tampoco ha sido bien recibido. Además de una propuesta para asegurar la frontera, habla de la posibilidad de que los indocumentados que llegaron al país en los últimos cinco años obtengan un estatus legal temporal para trabajar, mientras paguen al Gobierno 7.000 dólares como “restitución”. Esta ley no les daría la posibilidad de alcanzar ni la residencia permanente ni la ciudadanía.

“Ahí no existe un camino que conduzca verdaderamente a una vida digna”, dice la cubana May Díaz. “Lo que se ofrece es un estatus condicionado, costoso, sometido a vigilancia y sin garantías de un futuro definitivo. Es convertir a las personas en mano de obra cautiva”.

Pero lo que más molesta a algunos abogados y analistas del sur de Florida es que, según dicen, Salazar —como los otros dos congresistas cubanoamericanos— tuvo en sus manos la oportunidad de poder legalizar a los migrantes con I-220A y no lo hizo.

Cuando el año pasado se votaba por la “gran y hermosa ley” de Trump, que definiría el presupuesto de la Administración, los tres tenían el poder de sus votos.

“En la votación que hubo para el presupuesto anual de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes, esos tres votos en conjunto se podían aprovechar para hacer un cambio con los I-220A, pero no ocurrió”, asegura el abogado de migración de Florida Willy Allen. “María Elvira pudo haber hecho más por los migrantes I-220A”.