Un grupo de pescadores ecuatorianos ha llevado a Estados Unidos ante los tribunales de ese país por el bombardeo con drones que destruyó su embarcación el pasado marzo. La demanda, presentada este lunes 16 de noviembre ante un tribunal federal del distrito oeste de Pensilvania —donde reside uno de los abogados de los pescadores—, reclama una indemnización por los daños físicos y psicológicos sufridos por los tripulantes, además de la pérdida del barco, que era el sustento de sus familias.
El documento está firmado por Alejandro Flores, propietario de la embarcación, y los 16 pescadores que estaban a bordo de la Negra Francisca Duarte II. Tres de ellos sufrieron quemaduras graves por la explosión, según la demanda. Los afectados sostienen que el ataque no solo destruyó su herramienta de trabajo, sino que también dejó secuelas psicológicas en quienes sobrevivieron.
La Negra Francisca Duarte II es una de tres embarcaciones pesqueras bombardeadas entre febrero y marzo de este año cerca de las islas Galápagos. Estados Unidos no ha confirmado su responsabilidad en esos ataques. El Gobierno ecuatoriano tampoco ha reconocido que se trate de operaciones estadounidenses, aunque no ha descartado esa posibilidad y ha respaldado las acciones militares de su principal aliado en la guerra contra el narcotráfico.
Una investigación de The Washington Post reveló que un programa encubierto de la CIA estaría detrás de los ataques contra barcos pesqueros ecuatorianos cerca de las islas Galápagos. El periódico citó a fuentes conocedoras de la operación, según las cuales los ataques formarían parte de un programa de “acción encubierta” del Gobierno estadounidense, como se le conoce a las operaciones secretas en el extranjero. No está claro si los bombardeos fueron ejecutados directamente por agentes de la CIA, efectivos de otros países o contratistas privados.
Para Jorge Chiriboga, uno de los abogados que integran la defensa de los pescadores, el reporte que realizó la Guardia Costera de El Salvador, cuando recibió a los pescadores en calidad de náufragos tras días retenidos por hombres armados, puede ser una de las piezas relevantes para reconstruir lo ocurrido. Después fueron repatriados a Ecuador, sin que se iniciara un proceso judicial contra ellos.
Además, unas horas antes del ataque, la embarcación había sido revisada por la Armada de Ecuador. “La inspección duró alrededor de tres horas y le permitió continuar navegando porque no encontró ninguna irregularidad”, añade Chiriboga. Es otro de los elementos que exponen en la demanda presentada en Pensilvania, que busca que el tribunal admita el caso y permita esclarecer las circunstancias del ataque. También pretende que se detengan nuevas operaciones militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
El caso de la Negra Francisca Duarte II no es el único en aguas cercanas a Ecuador. Meses después, entre agosto y septiembre de 2026, el Comando Sur sí reconoció haber bombardeado ocho embarcaciones frente a las costas ecuatorianas. Ha enmarcado estas operaciones en su estrategia militar contra el narcotráfico y ha señalado que los barcos atacados servían para transportar drogas o abastecer de combustible a los grupos criminales, sin aportar pruebas.
En esos ataques del Comando Sur, los pescadores fueron abordados por los militares estadounidenses, retenidos en otro buque y después entregados a la Armada de Ecuador. Después de las críticas de organismos de derechos humanos, otros tripulantes rescatados fueron puestos a disposición de la justicia ecuatoriana. La Fiscalía los procesó por asociación ilícita, pero los jueces los absolvieron por falta de pruebas.
La Negra Francisca Duarte II era un barco palangrero, es decir, lanzaba un cordel largo y grueso sembrado de anzuelos para después recoger la cuerda y la pesca. Cada mañana, los pescadores se repartían en lanchas y se alejaban del barco madre para recoger la pesca. Así transcurrían sus jornadas, en una rutina que podía durar días. Pero el 17 de marzo de 2026, cuando la última lancha había regresado, los tripulantes iban a reunirse a comer cuando vieron dos drones sobrevolarlos.
Muy cerca, a unas dos millas náuticas, un buque azul con contenedores rompía la línea del horizonte. No lograron saber si se trataba de un barco atunero o de un mercante. Han pasado la vida en el agua, donde han visto toda clase de embarcaciones, pero esta vez ninguno logró identificar ese buque. Unos minutos después, empezó el ataque.
La primera bomba cayó en la mitad del barco, muy cerca de la cocina. La detonación sacudió la cubierta. Los que podían correr se amontonaron en la proa, agitando los brazos para llamar la atención de un avión que sobrevolaba la zona. Los pescadores se lanzaron al mar y fueron a buscar las lanchas para ir hasta el buque azul a pedir auxilio.
Hernán Flores, capitán de la embarcación, fue el primero en subir a bordo. Según su relato, varios hombres vestidos con uniformes de camuflaje y que hablaban inglés los recibieron apuntándoles con fusiles. Le preguntaron si había heridos. Después les ataron las manos por la espalda, les cubrieron la cabeza y los mantuvieron durante días bajo el sol y expuestos al agua salada. Algunos de ellos seguían sin camiseta, tal cual huyeron de la explosión. Finalmente, los entregaron a los guardacostas de El Salvador, y de ahí regresaron a Ecuador. Fue uno de los ataques de una serie en alta mar que ha dejado a cientos de pescadores bajo sospecha y con miedo de volver a salir a pescar.









