El presidente Javier Milei aspira a sostener en el primer plano de la atención pública, durante el mayor tiempo posible, la cuestión de las islas Malvinas. Su repentino giro nacionalista sumó este jueves el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa nacional. La propuesta fue anunciada por Milei como “un hito en el proceso de recuperación de las islas” e impulsa endurecer las penas a las empresas y personas que participen de la explotación de recursos naturales del país sin autorización argentina. En rigor, el proyecto va más allá, en busca de un alineamiento con las políticas de seguridad promovidas por Donald Trump desde Estados Unidos. Entre otras cosas, propone crear un consejo de seguridad nacional y un registro de terroristas, también habilitar a las fuerzas militares a actuar dentro del país para proteger instalaciones estratégicas.
Tras relegar el reclamo ante el Reino Unido por el archipiélago austral durante el primer tramo de su mandato, Milei comunicó hace dos semanas una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer la posición argentina en el sur. Además de abrir el proceso para sancionar a las petroleras que actúen en las islas, anunció la construcción de una base naval en Ushuaia, un proyecto iniciado en 2022 pero desfinanciado por su Gobierno.
En el marco de la renovada reivindicación de las Malvinas ubicó el Ejecutivo la presentación de la ley de defensa de la soberanía nacional. El proyecto “se estructura sobre tres pilares”, indica el comunicado firmado por Milei: “Castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas”.
Si bien ya rige en el país un sistema que penaliza la explotación desautorizada de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, el nuevo régimen propone ampliar su alcance a recursos naturales renovables y eleva las sanciones previstas. Pero, además, avanza en otras líneas con la creación de un consejo de seguridad nacional, encabezado por el presidente, dirigido a coordinar acciones de defensa, inteligencia, diplomacia y ciberseguridad, y con potestad para disponer “medidas urgentes” ante eventuales riesgos o amenazas a la nación.
Asimismo, habilita la participación de las fuerzas armadas en la protección de instalaciones definidas como estratégicas. Y crea un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo. Para la inscripción de alguien en ese registro, señala el texto del Ejecutivo, solo se “requerirá la existencia de motivos razonables para sospechar” vínculos con el terrorismo.
Milei difundió su proyecto junto a un llamado a toda la dirigencia política “a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento” de su iniciativa. Sin embargo, pocas horas después de darla a conocer ya era blanco de críticas de distintos sectores, incluso del Centro de Excombatientes de Malvinas (Cecim-La Plata). “El proyecto enviado por Milei al Congreso exhibe qué es lo que persiguen y cómo están utilizando la cuestión Malvinas para cumplir con ese fin”, advirtió el abogado de ese organismo, Jerónimo Guerrero Iraola. Apuntó que, tal como está planteado, el consejo de seguridad nacional implica “barrer los límites democráticos y constitucionales que separan seguridad interior de defensa”, y que, de aprobarse, el presidente “podrá perseguir opositores bajo un puñado de hipótesis que gestarán desde las usinas de inteligencia”.
El diputado socialista Esteban Paulón se pronunció en un sentido similar. “Detrás de una causa sentida y el llamado a la unidad nacional”, señaló, “el Gobierno de Milei busca concentrar todo el poder en materia de seguridad pública”, “instalar un estado generalizado de sospecha”, “involucrar a las fuerzas armadas en materia de seguridad interior” y “arrogarse competencias de materia judicial”.
El vuelco en el discurso del presidente ultra respecto de Malvinas comenzó a gestarse durante el Mundial de fútbol, después de que el seleccionado argentino derrotara al de Inglaterra y exhibiera una bandera con la leyenda “las Malvinas son argentinas”. Y terminó de configurarse cuando Donald Trump sugirió —en el contexto de su presión al Reino Unido para que apoye a EE UU en la guerra con Irán— que podría revisar su postura de imparcialidad en el conflicto por las islas. Frente a los cuestionamientos a su presunto oportunismo y a su apelación al nacionalismo rumbo a los comicios de 2027, en los que buscará su reelección, Milei respondió como estila: “Es una estupidez mayúscula”.
Las medidas dirigidas a frenar la explotación de recursos naturales en las islas australes ocupadas por el Reino Unido pretenden, en lo inmediato, contrarrestar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper, en acuerdo con las autoridades británica de las Malvinas.
Antes de que el Gobierno de Milei pusiera en marcha sus iniciativas, el centro de excombatientes Cecim y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas habían solicitado ante la justicia argentina una medida cautelar para detener el proyecto Sea Lion. La jueza federal Mariel Borruto, de la provincia de Tierra del Fuego, hizo lugar este miércoles a la solicitud y ordenó a las empresas involucradas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras de explotación petrolera. Si bien el Reino Unido y las compañías sostienen que Argentina no posee jurisdicción para aplicar su legislación en el archipiélago, los denunciantes buscan recurrir a instancias internacionales para trabar embargos contra el proyecto petrolero.
