“Se va a quedar mucha gente afuera”, dice, con el acento argentino apenas abollado por los más de 20 años que lleva viviendo en España, la rosarina Victoria Columba.

Habla en nombre de las organizaciones de inmigrantes sin papeles que consiguieron del gobierno de Pedro Sánchez una regularización extraordinaria para extranjeros que viven en España sin permiso de residencia.

Pero a pesar del logro, el diagnóstico pesimista de Columba se basa en el plazo, demasiado apretado, y en los requisitos indispensables para que esos permisos se conviertan en realidad.

Porque sólo desde el 16 de abril y hasta el 30 de junio, quienes no cuenten con la ciudadanía española y puedan acreditar que residen en España desde antes del 31 de julio del año pasado están habilitados para adherirse a esta regularización extraordinaria.

Para probar la permanencia en el país es suficiente contar con el sello de ingreso a España en el pasaporte -no importa si está vencido-, la tarjeta de embarque del vuelo que los trajo, el abono del transporte público (la SUBE española), un certificado médico o el recibo de una transferencia bancaria. Sólo es preciso que en cualquiera de estos documentos se pueda identificar el nombre completo y la fecha del trámite realizado.

Los que no sean solicitantes de protección internacional (asilo) deberán presentar documentación de al menos una de estas tres opciones: un contrato de trabajo, si lo tuvieron; tener hijos menores a cargo o mayores con discapacidad; o acreditar, por medio de certificados válidos, alguna situación de vulnerabilidad.

El requisito fundamental es no contar con antecedentes penales en el país de origen para lo cual hay que tramitar un certificado.

La medida, que el gobierno español consideraba que beneficiaría a medio millón de personas, podría superar las estimaciones y recibir un 60 por ciento más de solicitudes: en 2025, los inmigrantes en situación irregular en España eran 840.000, según Funcas, una organización de análisis e investigación económica y social.

La Abogacía del Estado española señaló que, hasta el viernes 22 de mayo, se habían recibido 549.596 peticiones, unas 50 mil más de las que el gobierno español pensaba conceder.

De ese total de solicitudes, 91.505 ya fueron admitidas. El resto permanece en revisión.

“La regularización no cayó del cielo”, dice a Clarín Columba, que logró tramitar sus papeles, no sin poca fatiga, en la regularización que el gobierno español realizó en 2005.

La actual fue el resultado del desvelo y la tozudez de la plataforma Regularización Ya detrás de la que decenas de organizaciones de inmigrantes llevan años batallando por conseguir papeles.

Columba es la voz cantante de la plataforma que salió a la calle a juntar firmas para que su pedido pudiera convertirse en una iniciativa legislativa popular, un recurso constitucional que permite a la ciudadanía en España proponer medidas que mejoren su vida.

Hacían falta 500 mil firmas. Regularización Ya reunió más de 700 mil.

En abril, el gobierno aprobó la regularización extraordinaria a través de un real decreto, que sólo requiere la aprobación del Poder Ejecutivo y esquiva así tener que ser ratificado por el Congreso, un ámbito en el que no hubiera cosechado las adhesiones necesarias de los grupos parlamentarios.

“Dimos vuelta una narrativa -dirá Columba-. Una narrativa que era muy preocupante. Se hablaba de personas ilegales. Ninguna persona es ilegal. Podés no tener papeles y esto es una falta administrativa, pero por eso no sos ilegal. Pusimos la irregularidad en el foco en el que tenía que estar, que era en la administración, o sea, hablamos de personas en situación administrativa irregular, que es una condición que puede cambiar si hay voluntad política”.

Columba postula un cambio de paradigma: “Y no sólo en las políticas migratorias -afirma-. También en las políticas públicas, porque cuando te atienden en un ayuntamiento y te dicen que no te pueden dar apoyo siendo madre con una criatura porque no estás empadronada. Tienen que preocuparse por esa mamá que no tiene a su nena escolarizada, que tiene que ver con que muchas de ellas han huido de sus países por violencia de género. Y para legalizar la situación de la nena tienen que pedirle la firma al maltratador”.

En mayo, cuando el proceso para presentar las solicitudes de regularización llevaba ya más de un mes, el Tribunal Supremo consideró suspender la tramitación y aplicar medidas cautelares por los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y por el partido Vox, entre otras asociaciones que intentan frenar la tramitación.

Desde el gobierno regional madrileño argumentan que la regularización de extranjeros “afecta gravemente” a la prestación de servicios públicos.

Para Vox, conceder permisos de residencia y trabajo a inmigrantes aumentará la inseguridad en las calles españolas, complicará aún más el ya desbordado acceso a la vivienda y colapsará la asistencia de los servicios públicos.

Finalmente el Supremo desestimó frenar el proceso.

La inmigración irregular en España aumenta, según proyecciones, en unos 90.000 extranjeros sin papeles por año.

“Las personas migrantes llevan años contribuyendo. Pagan impuestos indirectos como el IVA. Con eso contribuyen a la salud, la educación y otros servicios públicos. Porque el IVA lo pagan igual, tengan papeles o no”, retruca la vocera de Regularización Ya.

Hoy, siete de cada diez extranjeros que se establecen en suelo español y viven en situación irregular provienen de América del Sur.

Argentina ocupa el quinto lugar entre estos extranjeros sin papeles en España. El podio lo lidera Colombia, seguido de Honduras, de Venezuela y de Paraguay.

“Celebramos la medida pero llega tarde”, lamenta Columba.

-Porque se podría haber hecho hace seis años, cuando se lo solicitamos al gobierno. Cuando nosotras estábamos en la calle juntando las firmas y del otro lado sólo estaba la ultraderecha de Vox, combatiéndonos. Nadie más. Ahora, como está por entrar en vigencia el pacto europeo de migración (que aplicará políticas más severas y restrictivas) hay que hacerlo a las corridas. El pacto europeo, por suerte, no tiene carácter retroactivo.

-¿Cuál es el principal inconveniente en este proceso?

-Las dificultades para conseguir un certificado de vulnerabilidad o lo complicado que es, en algunos casos, tramitar el de antecedentes penales en el país de origen. Hay gente que está ahora en Huelva trabajando en la recolección de la fruta y esa gente no tiene ni un padrón ni quien le haga un certificado de vulnerabilidad y tiene que venir a Madrid. Por ejemplo, las personas de Senegal y de Gambia han estado dando vuelta por los consulados de todo el Estado español. Nos consta que va a quedar mucha gente afuera por otras cuestiones.

-Que el Ministerio de Asuntos Exteriores no está legalizando trámites en embajadas como la de Argelia o que Guinea Conakri está pidiendo compulsa notarial de pasaportes, de padrón. En fin, unas barbaridades que cuestan arriba de 300 euros y que obviamente una persona en situación irregular no tiene dinero para cubrirlo. Es una traba enorme por la demora y por el coste.

-Queda menos de un mes para que finalice el plazo para esta regularización, ¿hay cómo resolver estas complicaciones?

-Estamos creando una caja de resistencia, sacaremos un crowdfunding. Estamos a pie de calle, todos los días, emitiendo certificados de vulnerabilidad porque las grandes ONG’s que viven de las múltiples precariedades migrantes, ahora tienen que estar a la altura y colaborar para regularizar. Pero no todas lo hacen. Así que imaginate si estamos demorados en un proceso que pudo haber sido mucho más fácil.

-¿Qué sucederá si esos certificados no llegan a tiempo?

-Ahí es donde sí que vemos el problema, porque ahí van a empezar todos a hacer leña del árbol caído. Entonces, esperamos que se pueda encontrar algún mecanismo como para que las solicitudes no caigan porque entonces van a llegar las órdenes de expulsión. Esto pasó en la regularización que hizo (el ex presidente José Luis Rodríguez) Zapatero, en 2005-2006. Fueron años en los que más deportaciones se llevaron adelante. Ahora mismo, por ejemplo, hay vuelos de deportación previstos, incluso de personas que podrían acogerse a esta regularización.