La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) lanzó una dura advertencia sobre el futuro inmediato del transporte urbano y suburbano del interior del país y aseguró que, si no aparecen soluciones urgentes, a partir del próximo lunes 22 podrían registrarse restricciones, reducciones o cancelaciones de servicios en distintas provincias.

La entidad empresaria denunció que el sector atraviesa una «crisis terminal» producto de una combinación de factores que incluyen el incremento sostenido de los costos operativos, tarifas desactualizadas, aumentos en el precio del combustible, la falta de renovación de flotas y el incumplimiento en el pago de fondos y compensaciones por parte del Estado nacional y de varios gobiernos provinciales.

Según FATAP, la situación se agravó durante los últimos años hasta llegar a un punto crítico. La federación sostuvo que entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo vinculados al transporte automotor de pasajeros en el interior del país, mientras que la imposibilidad de renovar unidades obligó a extender la vida útil de colectivos más antiguos, con el consecuente deterioro en la calidad del servicio.

«Hoy no da para pagar los costos operativos en el sector«, señalaron desde la entidad al describir el escenario financiero que enfrentan las empresas.

El reclamo se produce además en medio de la discusión salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). FATAP aseguró que existen compañías que no están en condiciones de afrontar el pago del medio aguinaldo correspondiente a junio y que otras sólo podrán abonarlo de manera desdoblada, una situación que podría incrementar la conflictividad laboral en las próximas semanas.

«La idea es no perjudicar a los usuarios, pero hemos llegado a una situación límite, y necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente», expresaron desde la federación. «Así no se puede seguir, la crisis del transporte en el interior es cada vez peor».

Otro de los puntos centrales del reclamo está vinculado con los llamados Atributos Sociales de la tarjeta SUBE. FATAP denunció atrasos en el pago de compensaciones destinadas a cubrir descuentos otorgados a jubilados, amas de casa, estudiantes beneficiarios del programa Progresar, veteranos de Malvinas y otros grupos alcanzados por tarifas diferenciales.

De acuerdo con la entidad, esos beneficios son definidos por políticas públicas y deberían ser financiados mediante transferencias de Nación y de las provincias. Sin embargo, afirman que actualmente son las propias empresas las que terminan absorbiendo esos costos con recursos que ya no poseen.

La federación sostuvo que durante 2026 se acumularon deudas y atrasos que las compañías ya no pueden seguir financiando y reclamó una respuesta inmediata de las autoridades nacionales y provinciales.

«Defender el transporte público es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, trabajar, producir y desarrollar su proyecto de vida», señaló FATAP en el comunicado.

Ante la falta de definiciones, la entidad advirtió que las próximas 72 horas serán determinantes para evitar una profundización del conflicto. De no existir una solución, las empresas anticipan que podrían avanzar con restricciones operativas que afectarían la movilidad cotidiana en ciudades de todo el interior del país.

La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión en el sistema de transporte, donde las empresas aseguran que la estructura actual de ingresos resulta insuficiente para garantizar la continuidad y sustentabilidad de los servicios.